Por qué siguen fallando los controles de gastos en el Congreso
Como si se tratara de un pentagrama, el examen del mamotreto detectó una nota que desafinaba. Porque algunos de los informes contenían pasajes tomados textualmente desde la web del Senado. Y en razón de que el aspirante a La Moneda habría supuestamente pagado por ellos un total de $19 millones con fondos fiscales de sus asignaciones.
En plena campaña, la revelación del copy-paste generó en el mundo político un equivalente al huracán Irma, cuya "devastación" está todavía en suspenso. El Ministerio Público pidió a la Cámara Alta la totalidad de los datos de las asesorías externas contratadas entre 2011 y 2016. Dando un golpe en la mesa, y como presidente de la corporación, Andrés Zaldívar (DC) respondió que no entregará los antecedentes, por considerar la solicitud "desproporcionada y abusiva".
Más allá de que el epílogo de la pulseada esté pendiente (ver relacionado), la polémica evidencia las complicaciones que desde hace tiempo rodean el uso y el control de las asignaciones: fondos que los diputados y senadores reciben para cumplir sus tareas.
Uno de los problemas: falta de comunicación
En las dos cámaras hay molestia. Con su popularidad en el mínimo histórico, los congresistas temen que la controversia menoscabe todavía más su imagen. Pero la incomodidad que los embarga se relaciona también con el hecho de que los "malos ratos" por el uso de estas platas siguen dándose, pese a las medidas tomadas a lo largo del tiempo para evitarlos.
Como ocurre en los hemiciclos cuando se discute un proyecto "quemante", hay análisis disímiles en torno a la aparente ineficacia de los mecanismos para terminar con los problemas ligados a las asignaciones. Puntos de vista que terminan dando lugar a un fuego cruzado entre el Congreso, el Comité de Auditaría Parlamentaria y el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Trenza a la que se suma a veces el Ministerio Público.
Las recriminaciones aluden a "falta de comunicación", normas vagas o confusas, cambios constantes en las reglas del juego y hasta ausencia de controles.
Las asignaciones constituyen un tema en el Legislativo desde el retorno de la democracia. De hecho, en el Senado recuerdan que en 1990, en una reunión de la comisión de Régimen Interno, quedó sobre la mesa una inquietud: que los legisladores pudieran contratar personal.
En ese tiempo, los senadores tenían la opción de fichar asesores para temas informáticos, cuando las máquinas de escribir comenzaban a ser reemplazadas. Lo que terminó dando pie para la entrada de profesionales de otras especialidades en sus gabinetes.
El término "asesoría", sin embargo, empezó a usarse formalmente en la Cámara Alta recién hace una década. Misma época, en que el entonces presidente de la corporación, Sergio Romero (RN), llamaba la atención sobre la necesidad de reglamentar esa figura para conjurar suspicacias.
Antes solo revisaban boletas de asesores
Una de las ideas que con más fuerza defendió Romero fue crear equipos de especialistas (hablaba de staffers ) para que atendieran a los comités parlamentarios. A contramano, sus colegas se mostraron siempre proclives a contar con colaboradores propios, en la medida en que la otra fórmula atendía solo las necesidades del "grupo", mas no las de cada uno.
Un hito en el itinerario seguido por el Congreso para tratar de mantener en vereda el uso de estos dineros está dado por la creación del Consejo de Asignaciones y el Comité de Auditoría, en 2011.
La tarea del consejo es regular el uso de esos fondos, mientras que la del comité es controlar su desembolso.
En el Senado, la fiscalización de los pagos por asesorías...
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