Resolución exenta número 244, de 2023.- Fija arancel de los servicios de defensa penal pública, y el procedimiento para la determinación de su eventual cobro - 5 de Julio de 2023 - Diario Oficial de la República de Chile - Legislación - VLEX 936868722

Resolución exenta número 244, de 2023.- Fija arancel de los servicios de defensa penal pública, y el procedimiento para la determinación de su eventual cobro

Número de registroCVE-2338184
Fecha de publicación05 Julio 2023
SecciónNormas Generales
EmisorMINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Número de Gaceta43.593
CVE 2338184 |Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl |Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública I
SECCIÓN
LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL
Núm. 43.593 | Miércoles 5 de Julio de 2023 | Página 1 de 8
Normas Generales
CVE 2338184
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Defensoría Penal Pública
FIJA ARANCEL DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA PENAL PÚBLICA, Y EL
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE SU EVENTUAL COBRO
(Resolución)
Núm. 244 exenta.- Santiago, 28 de junio de 2023.
Vistos:
1. Lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que
establece la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos;
2. El decreto con fuerza de ley 1/19653 fija texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional De Bases Generales de la Administración del Estado;
3. La ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los Actos de la Administración del Estado;
4. La Ley N° 21.180, sobre Transformación digital del Estado;
5. La Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública;
6. Lo dispuesto en los artículos 35 al 39 de la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal
Pública;
7. Lo establecido en los artículos 36 a 42 del decreto supremo N° 495/2002, del Ministerio
de Justicia, que establece el Reglamento sobre Licitaciones y Prestación del Servicio de Defensa
Penal Pública;
8. El decreto supremo Nº 129, de 2021, del Ministerio de Justicia y DD.HH., que nombra al
suscrito como Defensor Nacional, publicado en el D.O. con fecha 18 de febrero de 2022;
9. El decreto supremo N° 142, de fecha 13 de agosto de 2007, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, sobre Acuerdo en beneficios de litigación y asistencia jurídica gratuita entre los
estados parte del Mercosur, y otros;
10. El decreto supremo N° 4, de fecha 9 de noviembre de 2020, que aprueba reglamento que
regula la forma en que los procedimientos administrativos deberán expresarse a través de medios
electrónicos, en las materias que indica, según lo dispuesto en la ley Nº 21.180 sobre
transformación digital del Estado;
11. La resolución exenta N° 953, de fecha 7 de abril de 2008, que formaliza convenio de
colaboración entre la Tesorería General de la República y la Defensoría Penal Pública para el
cargo previo de deudas por arancel de servicios de defensa penal pública;
12. El oficio DN N° 26, de fecha 11 de enero de 2017, que actualiza procedimiento para la
determinación del eventual cobro de arancel de los usuarios del servicio de defensa penal
pública;
13. La resolución exenta N° 399, de fecha 20 de septiembre de 2017, que aprueba convenio
de colaboración y conectividad al Registro de Información Social del Ministerio de Desarrollo
Social suscrito entre la Defensoría Penal Pública y dicha Cartera de Estado;
14. La resolución exenta N° 69, de fecha 28 de febrero de 2019, que fija arancel de los
servicios de defensa penal pública y el procedimiento para la determinación de su eventual
cobro;
15. La resolución exenta N° 59, de fecha 25 de enero de 2022, que modifica temporalmente
la resolución exenta N° 69, de fecha 28 de febrero de 2019, que fija arancel de los servicios de
defensa penal pública y el procedimiento para la determinación de su eventual cobro en la forma
que indica;

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