En cuatro años, los reportes por operaciones sospechosas de lavado de dinero aumentaron en 130%
Por ello que es necesario elevar las metas, según señaló el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, luego de firmar en La Moneda, junto a representantes de 20 instituciones, la denominada "Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo", que contó con la asesoría del FMI y el BID.
El plan, que involucra tanto a las policías como a diferentes entidades fiscalizadoras y cuyo diseño demoró un año y medio, contempla cinco líneas de trabajo y 50 objetivos específicos.
La espina dorsal de la estrategia tiene que ver con la cooperación y coordinación entre autoridades para la prevención, detección y combate; investigaciones patrimoniales y administración de activos incautados y decomisados; medidas para controlar el movimiento de activos por la frontera. En este punto, Ubilla aseveró que el 50% del dinero sucio proveniente de la droga circula por zonas limítrofes.
El cuarto lineamiento tiene que ver con ajustes a la legislación para la prevención y el combate a este delito, y el quinto, avanzar en transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, para impedir el uso indebido de estas estructuras.
El protocolo coloca a Chile al frente de los países latinoamericanos en la persecución de estos delitos, según Ubilla, lo que permite ampliar las barreras en contra del crimen organizado.
Realidad chilena
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha reportado este año 770 operaciones sospecha, pero en los últimos cuatro años ha recibido un total de 4.523 reportes, lo que equivale a un alza de 130% en comparación con el período 2007-2010.
Y respecto de los informes de inteligencia financiera enviados a la Fiscalía Nacional, estos llegan a 67 este año, aunque el año pasado alcanzaron a 198.
En 2012, el Ministerio Público inició 81 investigaciones por lavado de dinero. Desde 2009 en adelante, el organismo persecutor ha logrado 54 sentencias condenatorias por estos delitos con 108 personas condenadas.
Pero la debilidad de esta persecución aparece en el decomiso por lavado de activos, pues entre 2007, fecha en que se dictó la primera condena en Chile, y junio de 2013, llega a US$6.958.000, es decir, un millón de dólares por año.
48
condenas se han dictado por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.
54%
de las causas con condenas correspondió al uso de testaferros. Le siguen 16 por sociedad de fachada y cinco por sociedad de pantalla.
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