Renovación urbana en el centro histórico de Santiago, Chile: el caso de la manzana de la Casa Colorada.
| Autor | Pérez-Villalón, Blanca-Elvira |
Introducción. Renovación urbana e integración entre las prácticas de la planificación y la conservación del patrimonio urbano
La Renovación Urbana (RU) se puede definir como una política con acciones específicas para el nuevo desarrollo del suelo, la cual aborda generalmente el deterioro urbano (físico, económico y social) de los centros de las ciudades, modificando el tejido consolidado para reponer la viabilidad económica de áreas determinadas a través de mecanismos de inversión pública directa o incentivos a la inversión privada (Arizaga, 2019; Caves, 2004; Palacios, 2018). Las políticas de RU han sido ampliamente discutidas, generando controversias y asumiendo distintos enfoques según los contextos específicos donde se aplica. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Programa Federal de RU, creado en 1949, prometió responder a una serie de intereses: "Con la ayuda del Tío Sam, las ciudades supuestamente iban a ser limpiadas de su feo pasado y revestidas con el último atuendo moderno" (Teaford, 2000, p. 443). Sin embargo, se ha cuestionado el proceso de implementación y los impactos locales de dichas políticas, convertidas en la imagen de la destrucción y los retrasos, reflejo de la ineficacia de panaceas de planificación para resolver los problemas urbanos (Teaford, 2000). En Francia, a fines de los años cincuenta se aplicó a gran escala la RU en sectores degradados y abandonados; más tarde, el año 2000 se introdujo formalmente el término RU en la Ley de Solidaridad y Renovación Urbana (1) (Bonneville, 2005). Desde entonces, la noción de RU ha estado sujeta a variaciones en su significado y en su implementación. Por un lado, operaciones etiquetadas oficialmente como RU con subsidios del Estado central, que apuntan a un desarrollo urbano y social con urbanizaciones de gran altura; y, por otro lado, iniciativas impulsadas por el mercado, realizadas localmente en áreas abandonadas y deterioradas de la ciudad (Bonneville, 2005). De esta manera, las políticas de RU en diversos casos de estudios reflejan características distintas según los enfoques políticos e ideológicos detrás de las intervenciones.
Desde fines de siglo XX, las grandes ciudades y áreas metropolitanas latinoamericanas han experimentado acelerados procesos de transformación vinculados a la expansión y renovación urbana, al surgimiento de nuevas centralidades y al incremento de la intensidad de usos del territorio, procesos derivados de la reestructuración socioeconómica capitalista, que considera la plusvalía urbana como elemento constitutivo del fenómeno de la globalización (De Mattos, 2002; Schlack & Vicuña, 2011; Theodore et al., 2009). Los procesos de RU en Latinoamérica se han enfocado principalmente en los centros urbanos, funcionales e históricos, comprendidos como realidades urbanas vivas en los cuales, a lo largo del tiempo, se han producido desajustes entre las estructuras morfológicas (Troitiño, 2003). Destaca el estudio de los procesos de transformación y RU en Bogotá (Hurtado, 2011; Palacios, 2018). En este caso ha habido una serie de estrategias de RU en el centro histórico, incluidas políticas de demolición con fuertes valores simbólicos y políticos, en las que confluyen diversos tipos de poder que, a su vez, han generado conflictos, transformaciones y desplazamientos. El Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Central Bogotá (PPRUEC), adoptado en 2013 por el Decreto 213 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., buscó recuperar uno de los sectores envejecidos y deteriorados física, económica y socialmente en la ciudad, adaptando el espacio a nuevos usos y actividades demandadas según los instrumentos de planificación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) (Palacios, 2018). De esta manera, el problema actual de los centros históricos radica en la búsqueda de nuevos equilibrios que den respuesta a los problemas y necesidades de hoy, siendo al mismo tiempo respetuosos con los valores patrimoniales del entorno construido y las percepciones de sus habitantes (Troitiño, 2003).
En Santiago de Chile, Arizaga (2019) postula la existencia de tres políticas de RU en distintos momentos históricos. Primero, desde el plan de transformación de Santiago por Vicuña Mackenna (1872) al plan de Brunner (1939), donde se promueve una reestructuración de la ciudad y embellecimiento urbano, con principios higienistas y normativas. Segundo, a partir de las políticas de vivienda de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) (1965-1976), representadas por proyectos urbanos y de vivienda influenciados por el Movimiento Moderno, implementados haciendo tabula rasa del pasado y que consideran la escala de barrio como unidad. Luego, con la dictadura, desde 1973 se comienza a reducir el Estado al adjudicársele un rol subsidiario, en el cual el mercado y los incentivos económicos aumentan la inversión y limitan el gasto público. En 1976 surge el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), dejando a merced del mercado la producción de la ciudad y con intervención del Estado solo en proyectos específicos de vivienda. Así, en 1985 surge la tercera política de RU a nivel municipal a través del Plan de Repoblamiento de Santiago, con la creación de la Corporación de Desarrollo de Santiago (CORDESAN), que busca un equilibrio entre usos residenciales y el mercado del suelo a través de subsidios a la vivienda en zonas definidas de RU. Sin embargo, a pesar de las intenciones, estudios sobre el impacto de la RU en el centro de Santiago demuestran percepciones mayormente negativas sobre los efectos de las construcciones en altura en relación con el ambiente barrial y con la expectativa no cumplida de los residentes en cuanto a conseguir precios de venta más altos en las propiedades (López-Morales et al., 2015).
Más allá de las transformaciones y políticas de RU, la relación entre planificación urbana y conservación del patrimonio inmueble en las ciudades y centros históricos latinoamericanos se establece formalmente por primera vez en las Normas de Quito de 1967, redactadas por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, 1967). Es decir, hasta fines de la década de 1960, las transformaciones ocurridas en las ciudades latinoamericanas no consideraban formalmente la protección del patrimonio construido en la planificación urbana. Esto trajo como consecuencia innumerables pérdidas materiales vinculadas a construcciones realizadas por las culturas prehispánicas y demoliciones de inmuebles representativos de la arquitectura del periodo colonial.
En los últimos años, los centros históricos y la conservación del patrimonio urbano han requerido nuevos enfoques para lograr su integración con la práctica de la planificación urbana (Bandarin & van Oers, 2012; Ortega, 2020; Rey-Pérez & Siguencia, 2017; Veldpaus, 2015). De la serie de intervenciones desarrolladas entre 1970 y 1980 hasta la actualidad en los centros históricos latinoamericanos, en escasas ocasiones se logró dar una respuesta integral a sus necesidades de protección y revitalización (González-Biffis, 2020). Por esta razón, la conservación sostenible del patrimonio construido de los centros históricos ha requerido compatibilizar los nuevos proyectos e intervenciones, respetando el contexto y atrayendo nuevas actividades y habitantes de diferentes grupos sociales (González-Biffis, 2020). En este contexto, más allá del enfoque monumentalista propuesto en las Normas de Quito, la Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico (PUH), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2011) logró avanzar en una propuesta que integra las prácticas de la conservación del patrimonio y la planificación urbana considerando el marco de un desarrollo sostenible. Desde entonces, varias ciudades latinoamericanas han considerado el enfoque propuesto por la Recomendación de la UNESCO, integrando de manera práctica la conservación del patrimonio y la planificación de las ciudades y centros históricos latinoamericanos (Jordán-Salinas et al., 2020; Ortega, 2020; Rey-Pérez & Siguencia, 2017).
A pesar de estos avances teóricos y prácticos relacionados a la integración entre la conservación del patrimonio y la planificación urbana en las ciudades latinoamericanas, las progresivas transformaciones y la proliferación de ciertas normativas flexibles y permisivas han generado pérdidas irreversibles en el patrimonio de los centros históricos latinoamericanos.
Centro histórico y patrimonio colonial de Santiago de Chile: renovaciones urbanas en el entorno de la Plaza de Armas
El concepto de centro histórico surgió como definición de urbanismo patrimonial, en un intento de diferenciar las partes más antiguas de las más modernas de las ciudades (Chateloin, 2008). En la Convención de La Haya (1954), la UNESCO definió por primera vez el concepto de centro monumental, y diez años más tarde, la Carta de Venecia (1964) hizo referencia al ambiente urbano o paisajístico, y no solo a la creación arquitectónica aislada (ICOMOS, 1964). Las Normas de Quito (1967), por su parte, desde una perspectiva latinoamericana, manifestaron la preocupación de la comunidad internacional por el acelerado empobrecimiento y estado de abandono de las ciudades americanas, integrando la dimensión económica al problema y proponiendo planes de rescate para aquellas áreas que requerían de la definición de límites y valores para las zonas ambientales (Pérez & Pérez, 2018). En la Conferencia General de la UNESCO (1972), se hace también referencia a la idea de conjunto, así como en la "Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función en la Vida Contemporánea" (UNESCO, 1976), que propone medidas de protección para los conjuntos históricos a través de planes que definan zonas y elementos protegidos. En la Carta de Veracruz, firmada en México (ICOMOS, 1992), se proponen criterios para intervenir los centros históricos...
Para continuar leyendo
Solicita tu pruebaCOPYRIGHT GALE, Cengage Learning. All rights reserved.
