Reforma al sistema procesal penal - 15 de Febrero de 2013 - El Mercurio - Noticias - VLEX 420999478
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Reforma al sistema procesal penal

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Vincent

A 12 años de la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que lo reforma, considerando una cuarentena de aspectos, en tres ejes: impulso a la coordinación de todas las instituciones del mismo; capacitación en ciertos procedimientos clave (como el trabajo del sitio del suceso o los procesos de recolección de evidencia), y modificaciones legislativas para aumentar la protección y participación de las víctimas en el proceso, fortalecer el trabajo policial y mejorar la persecución penal por el Ministerio Público, así como el funcionamiento institucional en su conjunto. Los mejoramientos buscados no se circunscriben, pues, a lo legislativo, sino que suponen cambios en la forma en que los actores -principalmente las policías y el Ministerio Público- deben realizar su labor. Conceptualmente -como lo precisó hace poco a este diario la ministra del ramo-, su fuente es fruto del trabajo -al que también contribuyeron parlamentarios- de una comisión de expertos convocada por el Ministerio de Justicia, que analizó los problemas identificados por el mismo y sus posibles soluciones, y fue invitado a plantear temas adicionales que estimaran necesarios. Ese informe fue consultado a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, integrada por todas las instituciones del mismo, que también formuló propuestas para resolver los diversos nudos críticos.

Este nuevo impulso reformador corresponde a los ajustes que, como se previó desde su inicio, va requiriendo periódicamente una innovación tan enorme como lo ha sido la nueva justicia penal. Cabe notar, sin embargo, que un sistema judicial adecuado es solo condición necesaria, mas no suficiente para bajar las tasas delictivas. Estas disminuyen paulatinamente solo cuando un país logra aplicar en forma simultánea una política coherente y eficaz de prevención y control, en las áreas de educación, empleo, judicatura y policías, organización comunitaria, penitenciario-carcelaria, de rehabilitación y reinserción.

En realidad, las soluciones no dependen necesariamente de modificaciones legales ni de asignar mayores recursos, sino también de procesos de coordinación, capacitación y perfeccionamiento de los profesionales que participan en el nuevo proceso, y de la revisión de ciertas modalidades institucionales aplicadas hasta ahora. De ahí que este enfoque global sea acertado, y al respecto la labor de la Comisión de Coordinación puede ser...

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