Reforma a la justicia - 9 de Agosto de 2013 - El Mercurio - Noticias - VLEX 452849506
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Reforma a la justicia

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Vincent

Desde un tiempo a esta parte, no es posible hacer una descripción fotográfica de la Justicia chilena sin que su imagen salga movida. Este aparente defecto no es negativo. Se debe a las profundas reformas que ha experimentado en democracia el Poder Judicial en sus estructuras, procedimientos y usos que databan del siglo XIX y que, además de afectar a jueces, funcionarios y usuarios directos, han tenido importantes alcances sociales y culturales aún en desarrollo.

Como sabemos, desde el año 2000 se han producido innovaciones en distintas ramas de la justicia: penal, de familia, laboral, juvenil, de protección de la libre competencia, tributaria y aduanera, de contratación pública y ambiental, algunas que todavía se implementan. Estos cambios no solo han consistido en el reemplazo de procedimientos escritos por otros orales, más públicos y ágiles, sino en la modificación o creación de tribunales especializados en varios ámbitos. Fuera del Poder Judicial, se han reformado el Tribunal Constitucional, el de Propiedad Industrial y la Justicia Electoral y se han establecido nuevos organismos, como el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.

A ellos se une un generalizado empleo de la informática en la tramitación y registro de las actuaciones de tribunales y litigantes, la supresión del expediente como instrumento procesal, el uso de formularios y firmas digitales en resoluciones y actuaciones judiciales, etcétera, aparte de modificaciones en tribunales de primera instancia, con la eliminación total o parcial de mesoneros, secretarios, receptores y actuarios y la incorporación de administradores y consejeros familiares, entre otras novedades.

Estas reformas han tendido a modernizar la justicia en el cumplimiento de sus funciones más relevantes como medio pacífico de solución de conflictos en la sociedad y de protección de los derechos fundamentales de los individuos, y adicionalmente, factor del desarrollo nacional, en la medida que la confiabilidad en ella es parte del índice del riesgo país para la inversión extranjera, el turismo y otros aspectos.

El objetivo básico de estos cambios ha sido facilitar el acceso de las personas a un sistema judicial más eficiente, oportuno y transparente, y menos oneroso.

Hay diversas tareas pendientes; entre otras, hacer la necesaria pero demorada reforma procesal civil, establecer un sistema de evaluación de las reformas en régimen, especializar las Cortes de Apelaciones, formular un nuevo diseño del...

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