Reforma Constitucional en materia de derecho a la educación
| Fecha | 18 Octubre 2012 |
| Número de Iniciativa | 8638-07 |
| Fecha de registro | 18 Octubre 2012 |
| Autor de la iniciativa | Rivas Sánchez, Gaspar |
| Materia | CONSTITUCION 1980, DERECHO A LA EDUCACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REFORMA CONSTITUCIONAL |
| Etapa | Primer trámite constitucional (C.Diputados) Primer informe de comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento |
| Tipo de proyecto | Reforma constitucional |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Moción |
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Reforma Constitucional en materia de derecho a la educación |
FUNDAMENTOS:
Indiscutible resulta reconocer que el debate sobre la educación en nuestro país se instaló, con la fuerza y cobertura que posee hoy, gracias a las sistemáticas acciones y movilizaciones de grupos organizados de estudiantes.
Estos jóvenes fueron capaces de colocar en la opinión pública, en la agenda gubernamental y en el trabajo parlamentario un sin número de asuntos que se vienen arrastrando desde hace décadas en nuestro país, perjudicando a centenares de miles de jóvenes al privarlos de una educación de excelencia.
Las sucesivas y multitudinarias concentraciones de los estudiantes secundarios y universitarios han desnudado una realidad preocupante e injusta, como es que nuestros niños y jóvenes hoy se matriculan en instituciones de educación sin más garantías de excelencia que la propia voluntad y decisión de progresar_
Hoy nuestro país tiene la oportunidad histórica de generar un cambio real en materia de administración y ejecución educativa y creemos que este contexto es motivo suficiente para motivarnos a todos, actores sociales, políticos, empresariales, etcétera, a enfrentar el desafío de resolver de una buena vez las trampas de un sistema probadamente ineficiente y perverso.
A principios de los años ochenta y producto de una grave crisis económica, la administración de la época decidió aplicar, en casi todos los ámbitos y áreas, una estrategia (sistema) de liberalismo exacerbado, a fin de contrarrestar las consecuencias negativas que dejó la política estatista de las décadas anteriores y que dejó al mercado chileno aislado casi en su totalidad. Se quiso, en pocas palabras, curar un mal de un extremo, empujando al país hacia el otro.
La educación no fue la excepción, o mejor dicho, fue uno de los principales campos que se intervino, liberándolo de tal forma que, como se creía en aquella época, la creciente demanda fuera subsanada por una libre oferta, dejando vacíos importantes en materia de regulación.
La concepción que se tenía del Estado y su rol en el Chile de fines del siglo veinte no fue la correcta y podemos afirmar hoy que el deseo de establecer un Estado subsidiario, carente de todo tipo de intervencionismo, finalmente se convirtió en el factor más negativo para el sistema educacional.
Debido a la crisis política de esos años y a los problemas económicos de arrastre mencionados, el Estado chileno se vio forzado a estimular la inversión privada en diferentes áreas, entre ellas la educación, dándoles subsidios y facultades a los inversionistas para iniciar sus propios proyectos con el propósito de lograr la cobertura necesaria para que los sectores emergentes y vulnerables pudieran competir en el nuevo esquema liberal que se impulsó el país.
La ausencia de regulaciones generó, y en poco tiempo, que los inversionistas privados consiguieran levantar establecimientos con un mínimo de exigencias, produciendo un aumento explosivo de instituciones (universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, colegios, etcétera) al tiempo que provocaban la merma en la calidad del servicio que debían prestar al país.
El repentino incremento en la oferta educacional acarreó otro gran problemas la demanda de profesores, asunto que sólo vino a empeorar el cuadro al verse obligadas las autoridades a adoptar medidas rápidas a objeto de consentir como docentes a personas que, pese a sus competencias laborales, no respondían a las necesidades académicas y metodológicas que el proceso de enseñanza requerían.
La calidad_ nuevamente. sucumbía ante la cantidad.
Producto de las malas políticas adoptadas es que, durante los gobiernos de la década de los noventa y principios de este siglo, se intentó implementar, por parte de las autoridades, diversos cambios al sistema, en su mayoría buenas ideas, pero ninguna que lograra sortear con éxito la falta de fiscalización y su pésima aplicación.
Uno de estos cambios y que, se suponía, vendría a revolucionar positivamente el sistema educacional, fue la creación del financiamiento compartido. Esta disposición, aprobada en 1993, permitió a los padres y apoderados aportar a la educación de sus hijos por sobre el financiamiento que el Fstado destinaba a través de la subvención educacional.
Esta medida se presentó como una oportunidad para entregar más recursos a la educación y así disminuir, en lo posible, las brechas de gasto entre la educación pública subvencionada y la particular pagada.
En el papel, como siempre, la idea parecía excelente, y hasta loable, pero al igual que las políticas implementadas en los años ochenta, la realidad demostró que dicha política era injusta y segregadora. Así, sólo los padres y apoderados que tengan los recursos para realizar el copago podrían optar a elegir el establecimiento, en desmedro de aquellas que no los tenían.
Para nadie sería sorpresa entonces que, después de aplicarse la idea del financiamiento compartido, el "Ranking Duncan", sobre segregación escolar, Chile apareciera en la posición 64, siendo 58 el escalafón promedio de América Latina y 25 en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Otro de los cambios que se anunció fue la expansión de cobertura. En esta oportunidad, el Estado inyectó una enorme cantidad de recursos al sistema público y privado, con el requisito de que estos debían incorporar al 15% de los estudiantes más vulnerables a sus escuelas.
Aquí, a diferencia del financiamiento compartido, el problema no estuvo en el origen de la idea, sino que en la aplicación de la medida. La falta de fiscalización y sus inexistentes medidas de castigo hizo que sólo un pequeño porcentaje de establecimientos cumpliera con la norma, transformando esta política en un regalo para los sostenedores, muy similar a lo sucedido con la...
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