Rectores de universidades privadas plantean que anuncio de gratuidad es inconstitucional
Aunque el objetivo del encuentro era organizar la próxima cita de Universia, los asistentes también abordaron la promesa hecha el 21 de mayo por la Presidenta Michelle Bachelet, pero de manera más "amena" y "en tono caballeroso".
No obstante el ambiente, las diferencias continúan, y uno de los planteamientos del padre Fernando Montes, rector de la U. Alberto Hurtado, tuvo eco entre los planteles privados, quienes se reunieron durante la mañana para discutir el tema.
En entrevista con "El Mercurio", Montes señaló que es "partidario de poner un recurso judicial, porque no hay derecho de que en un país democrático se hagan discriminaciones. No puede ser, es contra la Constitución, afecta a los jóvenes".
Ante eso, el rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, sostuvo que "tiene toda la razón que esto se judicialice". Esto, porque la promesa de que la gratuidad en 2016 será solo para los alumnos que estén en institutos, centros de formación técnica y universidades tradicionales acreditadas "tiene un dejo de inconstitucionalidad que especialistas tendrán que analizar, pero yo creo que no pasan el Tribunal Constitucional", aseguró.
El rector insistió en que "hay una arbitrariedad en la decisión que se está tomando", y llamó a las facultades de Derecho a ver "las implicancias constitucionales de la medida".
Ricardo Israel, vicepresidente del Consorcio de Universidades Privadas (CUP), fue incluso más allá. Indicó que una vez que el Ejecutivo presente los proyectos de educación superior, "acudirán a la instancia correspondiente, como el Tribunal Constitucional. En este minuto no hay ningún proyecto, lo único que tenemos es la declaración de la autoridad, (...) pero en este minuto lo único que se podría hacer, creo, de manera personal, es recurrir al Tribunal de la Libre Competencia".
Federico Valdés, rector de la U. del Desarrollo, en tanto, hizo ver que espera evitar la vía judicial: "Espero que el Gobierno se dé cuenta de que no es una buena idea discriminar de esta forma a parte importante de los alumnos que necesitan apoyo".
Ante la opción de que esta judicialización pueda complicar la aplicación de la gratuidad real, el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle, la descartó, sosteniendo que "en los méritos de la política pública, Chile tiene un ordenamiento político que garantiza la independencia de los poderes".
Por su parte, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, intentó calmar las aguas explicando que el anuncio "es...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba