Reconoce al Estado la posibilidad de desarrollar actividad empresarial en el ámbito de expendio de medicamentos y productos farmacéuticos
| Fecha | 21 Marzo 2019 |
| Número de Iniciativa | 12498-11 |
| Fecha de registro | 21 Marzo 2019 |
| Etapa | Primer trámite constitucional (C.Diputados) Primer informe de comisión de Salud |
| Materia | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
| Autor de la iniciativa | Castro González, Juan Luis, Naranjo Ortíz, Jaime, Rocafull López, Luis, Rosas Barrientos, Patricio, Saldívar Auger, Raúl, Santana Castillo, Juan |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Moción |
Reconoce al Estado la posibilidad de desarrollar actividad empresarial en el ámbito de expendio de medicamentos y productos farmacéuticos
Boletín N°12498-11
I. Antecedentes. En nuestro país el año 2014 existían 2.955 farmacias, de ellas 1.437 se encontraban en la Región Metropolitana1 y las 1.518 restantes se distribuyen de forma dispar en el resto del territorio nacional. Este mercado farmacéutico tiene una composición, que en abstracto es heterogénea, ya que, cuenta con farmacias independientes, farmacias con franquicias, almacenes farmacéuticos y farmacias en cadena. No obstante a esta aparente diversidad, la realidad indica que existe una alta concentración económica en las farmacias que actúan en cadena, acaparando éstas aproximadamente el 90% del mercado.
Al igual que la gran mayoría de mercados la presencia estatal es nula. Este panorama es la antítesis de la legislación que rigió nuestro país hasta 1974, en que la llamada ley de circuito “establecía barreras de entrada del negocio, y determinaba que no se podía instalar un local a 400 metros de los ya existentes. Al año siguiente se dejó sin efectos la exigencia de propiedad farmacéutica, lo que permitió que cualquier comerciante, si lo deseaba, pudiera operar en el rubro2”. Esta derogación fue la aplicación—a ultranza—de planteamientos neoliberales a los que adhería el sector político que dio sustento ideológico a la dictadura que usurpó el gobierno, ejercido legítimamente por Salvador Allende hasta el 11 de septiembre del año anterior. A más de cuarenta años de implementadas políticas neoliberales, es evidente una profunda mercantilización en lo que respecta a la industria de fármacos, situación que entre sus efectos negativo se expresa el que no existe una distribución equitativa de locales de expendio de medicamentos a lo largo y ancho de nuestro país y muy por el contrario, las farmacias se concentran mayoritariamente en los sectores socioeconómicos altos de las principales ciudades de Chile. Ejemplo de esto es que la comuna de Las Condes, en que habitan 282.972 habitantes3 y que cuenta con 116 locales expendedores, cifra considerablemente mayor a La Florida, municipio en que se encuentran disponibles 70 locales para un total de 397.497 habitantes. Finalmente, el mal funcionamiento de la industria tiene su máxima expresión en las 59 comunas en la que no existe presencia farmacéutica, dejándolas en total desabastecimiento.
Es así como en la industria aludida prácticas atentatorias y contradictorias y que muestran el carácter irracional del capitalismo, es así como a comienzos del 2006 y 2007 se llevó a cabo la llamada “guerra de precios” por parte de las principales las cadenas, que se vieron enfrascadas en un competencia irracional con la finalidad de posicionarse como actor principal de la industria. Posteriormente, Posteriormente, las mimas cadenas fueron denunciadas por colusión. Es así como Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada se concertaron para subir sistemáticamente los precios de 200 productos. Estas compañías fueron finalmente sentenciadas a pagar una multa a beneficio fiscal de 20 millones de dólares, monto exiguo si consideramos que las utilidades de las farmacias durante el año 2012 ascendieron a 731.425 millones de pesos4.
Se suman a la economicista distribución de locales expendedores de fármacos, las tendencias concentradoras de toda industria desregulada, lo que da su principal característica a nuestra industria, su concentración. Ejemplo de ello se produce al señalar el hecho de que más del 50% de los locales corresponden a farmacias que funcionan en cadena y que éstos—como se señaló anteriormente—concentran el 90% del mercado. Lo anterior, es ratificado por el informe elaborado por Vasallo a petición del Ministerio de Salud en el año 2010 que lleva por titulo “El mercado de medicamentos en Chile: caracterización y recomendaciones para la regulación económica” informe del cual podemos extraer que en Chile existe:
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Un reducido número de competidores (laboratorios) en el mercado, los cuales tienen la mayoría de los registros farmacéuticos.
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Relevantes participaciones en el mercado de las 3 cadenas principales de comercialización –retail farmacéutico.
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Existencia de barreras de entrada a la venta minorista de medicamentos en Chile, por lo cual se presentan altos costos hundidos y una entrega en tiempo y suficiencia deficientes,-ej. 30 o 40 locales-.
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Frecuente interacción entre competidores.
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Baja elasticidad precio de la demanda de medicamentos éticos, lo cual facilita el aumento arbitrario de rentas.
El Estado cumple funciones reguladoras, a través del ISP, y la demanda, principalmente a través de las compras que realiza la CENABAST5.
En el marco de consideraciones en torno a la industria de los medicamento, visto ésta desde el enfoque del libre mercado, se encuentran reguladas sus actividades—en cuanto a dinámicas—en el Decreto Ley Nº211 que enumera taxativamente qué se considera colusión y otras conductas que contravienen el libre desarrollo de la competencia. De esta forma su artículo 3º señala que El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26º de la ley indicada, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso.
A su vez, en el caso mediáticamente conocido como colusión de las farmacias, se encuentra estipulada en el decreto ley 211, indicando que “Los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre ellos, que les confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o afectar el resultado de procesos de licitación; b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes y c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante”
Como contrapartida a la hegemonía del mercado, a comienzos de octubre de 2016 se levantó una alternativa a las lógicas empresariales imperantes. En efecto, la comuna de Recoleta fue la pionera en crear la “farmacia popular” iniciativa que ha sido replicada en un considerable número de municipios—sin distinciones de colores políticos— develando lo nebuloso, opaco y oscuro del funcionamiento del mercado farmacéutico. Lo anterior guarda estrecha relación a la uniformidad de precios observables en las principales cadenas de farmacias en comparación a los precios exigidos por las farmacias populares. La abismal diferencia no ha pasado desapercibida—llegando incluso—a constituirse una comisión investigadora para desentrañar y buscar explicaciones “lógicas” a esta anomalía.
El funcionamiento de las farmacias populares depende principalmente del rol que juega la Central Nacional de Abastecimientos CENABAST, como agente negociador—utilizando las herramientas del mercado—tienen acceso a medicamentos en mejores precios, que se traducen en las notables diferencias. Sin perjuicio de lo anterior, un aspecto gravitante principal diferencia es el ánimo que tienen los establecimientos municipales en relación a la industria, ya que, buscan solucionar problemas tangibles y no persiguen el lucro. Al respecto CENABAST ha señalado que al comparar los precios de una canasta de productos entre los principales oferentes, es decir, Salcobrand, Farmacias Ahumada y Cruz Verde con los precios de CENABAST indica que “en este caso, la farmacia más barata para adquirir los 34 productos es Cruz Verde, cuyo valor es de $125.430 pesos, y las más cara es Salcobrand, con un total de $134.410 (7% más cara que Cruz Verde). La misma canasta de productos puede ser adquirida a través de CENABAST por $12.695 pesos, siendo un 90% más barato que el precio de Cruz verde, la más económica6.
La proliferación de farmacias comunales sin duda ha significado un avance concreto en el acceso a medicamentos—a precio costo—de medicamentos que significan en muchos casos un alto porcentaje de sus ingresos. A pesar de estos avances, estos establecimientos no son una alternativa inmediata para la población en general. Esto es a raíz de las propias lógicas organizacionales que han adoptado las municipalidades para poder brindar este servicio. De esta forma, no se considera el expendio de medicamentos de venta directa y comercio asociado, de esta forma el acceso a medicamentos y productos farmacéuticos a bajo costo se ve restringido. Para ellos, la única opción sigue siendo el retail.
En miras de subsanar esto, es que la presente iniciativa propone facultar al Estado—de forma directa o a través de sus organismos—la apertura de locales expendedores de medicamentos y de comercio asociado. Para su cometido, podrá utilizar a la central Nacional de Abastecimiento CENABAST como intermediador entre sus locales...
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