US$ 20 millones: las razones detrás del quiebre entre la ANFP y el Gobierno - 8 de Diciembre de 2013 - El Mercurio - Noticias - VLEX 480141806
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US$ 20 millones: las razones detrás del quiebre entre la ANFP y el Gobierno

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Vincent

Los dirigentes del fútbol de todas las épocas han entendido que la ANFP ha sido y debe ser siempre "oficialista", es decir, que no importe quién gobierne. Y es que no se entiende la actividad sin el apoyo de las autoridades. Basta pensar que 34 estadios de los 38 donde se juega cada fin de semana han sido edificados con platas fiscales y, además, el Estado subsidia al fútbol en uno de los ítemes más costosos: le provee seguridad gratuita a través de miles de carabineros semana a semana, situación que no ocurre en otros países, donde los clubes deben financiar íntegramente la seguridad al interior de los estadios y la policía solo se encarga de mantener el orden en las afueras de los recintos.

Conscientes de esta tradición, llamó la atención en el Gobierno que durante las últimas semanas el presidente de la ANFP, Sergio Jadue, arremetiera con tanta fuerza contra Cristián Barra, coordinador del Plan Estadio Seguro, a quien minimizó asegurando que no tiene inconvenientes de conversar con el ministro del Interior en vez de hacerlo con un "subalterno".

¿Por qué surgió esta declaración de guerra de la ANFP? Según Barra, porque la implementación plena de la Ley de Violencia en los Estadios tocará inevitablemente los intereses económicos de los clubes. El 15 de marzo de 2014, los estadios deberán contar con dispositivos de seguridad -torniquetes y detectores de identidad- cuya instalación puede costar hasta US$ 20 millones (considerando todos los recintos donde se juega fútbol de primera y segunda división). Y si no se ejecutan esas inversiones dentro del plazo estipulado por ley, simplemente no se podrá seguir jugando en esos estadios.

El debate está planteado no solo porque las sumas de dinero son importantes, sino porque la mayoría de los clubes chilenos -con la excepción de Colo Colo, Universidad Católica, Huachipato y Unión Española, que tienen estadios propios- arriendan recintos municipales o de propiedad de Chile Deportes. Por ello, algunos dirigentes consideran que no les corresponde a ellos, en su condición de meros arrendatarios, incurrir en la totalidad de ese gasto.

Historia de la disputa

En septiembre de 2012, el Gobierno promulgó una reforma que perfeccionó la Ley de Violencia en los Estadios -cuerpo legal creado en 1994-, aumentando las sanciones para quienes protagonicen actos de violencia en recintos deportivos e imponiendo nuevos estándares de seguridad.

El Congreso entregó 18 meses...

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