Rajoy promete usar 'toda la ley' para frenar el proceso de 'desconexión' de Cataluña
"Estamos legitimados para buscar un nuevo Estado y tenemos una mayoría, no para gestionar la autonomía cada vez más escasa que tenemos, sino para construir un nuevo Estado", dijo el presidente del gobierno regional en funciones y candidato a la reelección, Artur Mas. La decisión de iniciar un proceso de ruptura unilateral de España fue ratificada por los legisladores de la alianza Junts pel Sí y del partido Candidatura D'unitat Popular (CUP).
La respuesta de Madrid fue contundente: el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, calificó la resolución como "un proceso ilegal que desprecia la pluralidad de los catalanes" y anunció que ya dio el primer paso para impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la declaración independentista.
Rajoy prometió emplear "toda la ley y la fuerza de la democracia" ante la iniciativa. Pero los políticos secesionistas manifestaron que no consideran que el TC tenga legitimidad.
"Un órgano parlamentario, sea autonómico o del Estado, no puede desobedecer las sentencias del TC. Si el Parlament (legislativo local) lo hiciera, estaría situándose al margen de la democracia constitucional", dijo a "El Mercurio" el académico de la Universidad de Barcelona, José María Castella.
Opciones del gobierno
En caso de que las autoridades catalanas ignoren al TC, Rajoy tiene varias opciones para frenar el proceso, que coincide con la campaña para las elecciones legislativas del 20 de diciembre.
En primer lugar podría proponer al Senado una serie de medidas contra la independencia catalana que, si son ratificadas por la Cámara Alta, pueden ser utilizadas para "dar instrucciones a las autoridades autonómicas", como estipula la Constitución en su artículo 155. Esto significaría que el Ejecutivo puede poner bajo su jerarquía al gobierno regional, lo que incluye quitarle el control sobre la policía regional (los Mossos d' Esquadra), que pasarían a depender directamente delMinisterio del Interior. En un informe realizado sobre los Mossos se detectó, de acuerdo a información de El Mundo, que una gran mayoría de sus efectivos -a excepción de unos 300 miembros catalogados de convencidos independentistas-, se mantendría fiel al ordenamiento constitucional.
Si los líderes catalanes no cumplen con las instrucciones de Madrid, podrían ser acusados de desobediencia y luego ser inhabilitados. Aunque poco probable, se baraja también la posibilidad de una querella contra las autoridades autonómicas por el delito de sedición, como...
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