Tribunal acoge querella por Ley de Seguridad y los movilizados afinan estrategia de defensa
Ríe más todavía cuando en medio de la reunión de un poco más de cinco horas, que se realizó ayer en la sede de la Cámara de Comercio de Puerto Aysén para definir los pasos a seguir y coordinar las defensas de los individualizados por el Gobierno, envió un papel de cuaderno con la leyenda: "Estamos bien los 22... avicenle al Piñera" (sic).
Todos ellos, según el Ejecutivo, han promovido o participado directamente en las violentas manifestaciones que han golpeado a la Patagonia desde hace más de un mes. Ayer, el juzgado de Puerto Aysén aceptó la tramitación de la querella gubernamental en contra de Jaramillo y otras 21 personas.
Los movimientos en torno al tribunal partieron temprano. Cerca de las 10:00 horas, Ximena Risco, la abogada mandatada por el ministro Rodrigo Hinzpeter para tramitar el recurso, se reunió con el juez Juan Patricio Silva.
El decreto del ministro
No era secreto que en el Ejecutivo se encontraban contrariados por la decisión del magistrado de solicitar el documento de nombramiento protocolizado del secretario de Estado para definir si acogía o no el recurso.
"Nunca, en los años que llevo como abogada del Ministerio del Interior, algún tribunal me había pedido el original a una copia autorizada del decreto", explicó Risco luego que, dos horas más tarde, entregara en el juzgado la copia original y enmarcada del decreto de nombramiento de Hinzpeter.
El juez respondió: "Todo el mundo, y yo entre ellos, conoce que el señor Rodrigo Hinzpeter es ministro del Interior, pero hay formalidades que la ley exige".
A las 14:00 horas, el tribunal, a través del magistrado Mario Reyes, ya había decidido acoger la querella.
Para los aiseninos queda la posibilidad de interponer un recurso de reposición para que el magistrado cambie de idea. Situación que ya maneja el grupo de 16 profesionales que defenderá a las 22 personas.
De no prosperar, el tema se comenzará a definir en el Ministerio Público.
Desde ya, luego de interponer el recurso, la abogada de Gobierno ya se reunió con el fiscal regional subrogante Patricio Jory.
Conocedores del encuentro señalaron que éste tuvo carácter informal y sólo se manejó en el ámbito meramente informativo.
La fiscalía deberá definir si existen los antecedentes necesarios para formalizar la indagatoria y si es que aceptan las diligencias solicitadas por el Ejecutivo. Entre ellas, la toma de declaraciones a testigos y a Carabineros, y despachar una orden de investigar a la Policía de Investigaciones (PDI).
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