Proyecto multisectorial propone política pública para viabilizar las grandes inversiones - 27 de Junio de 2016 - El Mercurio - Noticias - VLEX 643792445
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Proyecto multisectorial propone política pública para viabilizar las grandes inversiones

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Liderado por Alianza Valor Minero, a cargo del ex ministro Álvaro García, y en donde participa el Gobierno, gremios, representantes del mundo privado, sindical, indígena y académicos, entre otros, la iniciativa ya está iniciando los pilotos y el diseño, y esperan que el próximo año comience a implementarse.

Financiado por el Fondo de Inversión Estratégica (FIE) por un plazo de 18 meses, y también aportes privados, el proyecto plantea la creación de cuatro módulos (ver infografía) para resolver las falencias hoy existentes en el proceso de aprobación de proyectos.

"La necesidad de hacer este proyecto fue antes de ayer", advirtió García. Lo anterior, porque cuando comenzaron a modelar la iniciativa, en 2014, había US$ 73.025 millones de proyectos de inversión detenidos, de los que US$ 44.773 millones eran mineros. El costo de los conflictos para las empresas no es menor y, de hecho, estudios han señalado que este asciende a US$ 20 millones a la semana para aquellas obras entre US$ 3 mil millones y US$ 5 mil millones. Actualmente, es cada vez más frecuente ver obstáculos en el intento de concretar grandes proyectos en sectores como el minero, energético o de infraestructura, sectores que en conjunto generan el 87,9% de las inversiones en el país.

Objetivo: máximo dos años de trámites

El primer módulo planteado por Alianza Valor Minero propone crear una oficina de coordinación a cargo del Ministerio de Economía para el desarrollo de todos los grandes proyectos. García comentó que buscarán reducir el tiempo de trámite de los permisos y pasar del promedio de 4 a 5 años actual, a dos. "Vamos a hacer un catastro de todos los permisos que una inversión requiere, y se les va a poner un período de trámite, que ojalá con el tiempo se vaya reduciendo", especificó. Esta oficina deberá velar por estos cumplimientos.

El segundo módulo contempla crear un sistema de diálogo permanente que se deberá iniciar al comienzo de la exploración en el caso de la minería, y en las etapas de preinversión en el resto de los proyectos. "Es para que la ciudadanía tenga una mayor capacidad de incidir sobre la formulación del proyecto", detalló García. Además, incorpora una evaluación integral de impactos en donde se pretende reunir en un solo proceso la consulta ambiental, indígena y socioeconómica. Esto porque hoy, pese a que los conflictos parecen ser medioambientales, son por lo general socioeconómicos, recalcó el ejecutivo.

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