Proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas para establecer el rol de éstas en la protección de la infraestructura crítica del país cuando sea indispensable para la seguridad nacional.
| Fecha | 26 Noviembre 2019 |
| Número de Iniciativa | 13088-02 |
| Fecha de registro | 26 Noviembre 2019 |
| Etapa | Primer trámite constitucional (Senado) Primer informe de comisión de Defensa Nacional |
| Materia | INFRAESTRUCTURA CRITICA |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Senado,Mensaje |
Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S. E. el Presidente de la República, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas para establecer el rol de éstas en la protección de la infraestructura crítica del país cuando sea indispensable para la seguridad nacional.
MENSAJE N° 534-367/
Honorable Senado:
A S.E. EL
PRESIDENTE
DEL H.
SENADO.
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley, que modifica la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, estableciendo el rol de las Fuerzas Armadas en la protección de la infraestructura crítica del país cuando sea indispensable para la seguridad de la Nación.
I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS.
La seguridad de la Nación es un pilar fundamental para nuestra democracia y el Estado de Derecho.
Los acontecimientos del último tiempo si bien han dado lugar a una serie de demandas y manifestaciones legítimas, también han evidenciado un recrudecimiento de la violencia, el vandalismo, saqueos y afectaciones al orden público, de una manera nunca antes vista desde el retorno a la democracia.
Fue por ello, que entre el 19 y el 27 de octubre pasado se decretó el Estado de
Excepción Constitucional de Emergencia en diversas zonas del país, con la finalidad de restablecer el orden público, resguardar la seguridad ciudadana, y restablecer la paz social.
La magnitud del daño y la destrucción causada por los hechos que ha vivido nuestro país en las últimas semanas aún no han sido medidos en su totalidad, pero la información conocida hasta ahora da cuenta de su enorme dimensión. Así, el Metro de Santiago, un servicio fundamental que utilizan diariamente dos millones 900 mil chilenos, resultó con 25 estaciones total o parcialmente quemadas, 93 estaciones presentan daños, y 10 trenes fueron quemados. El costo estimado de su reparación es de US$ 367 millones y el plazo para que la totalidad de la red afectada vuelva a su normalidad, según las estimaciones de esta empresa de transporte público, sería recién a fines del año 2020. Todo ello, sin lugar a dudas, afecta significativamente la vida de todos los habitantes de la Región Metropolitana.
A nivel país, en tanto, según la información de Carabineros de Chile y las distintas intendencias, han ocurrido 487 saqueos a supermercados y centros comerciales, daños a 84 entidades comerciales y 74 entidades financieras. También se han producido severos daños a la propiedad pública y a servicios de utilidad pública: 27 buses del Transantiago quemados y 741 vandalizados; 12 municipalidades con daños por incendios y ataques (Calama, Copiapó, Villa Alemana, Quilpué, Olmué, Catemu, Cabildo, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Valdivia y Coyhaique); 4 intendencias con destrozos (Valparaíso, Tarapacá, Atacama y Los Ríos) y 3 gobernaciones con daños y destrozos (Arica, San Antonio y Osorno); servicios de utilidad pública con daños y destrozos en todo el país (notarías, oficinas del Servicio de Impuestos Internos, Inspección del Trabajo, Fiscalía, antenas de telecomunicaciones, entre otros), así como destrozos y daños en cuarteles y vehículos policiales.
Desde una perspectiva política y social estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para hacer frente a las diversas y legítimas demandas de la ciudadanía, con la oportunidad y responsabilidad que se requiere. Hace unos días, las distintas fuerzas políticas tanto del oficialismo como de la oposición suscribieron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución en el que garantizan el "compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente".
Asimismo, hemos impulsado una ambiciosa agenda social con el propósito de: aumentar y mejorar sustantivamente las pensiones; se ha avanzado en la discusión del proyecto de ley enviado por nuestro Gobierno al Congreso que crea el Seguro de Enfermedades Catastróficas, de forma de asegurar un techo al gasto de salud de las familias; la ampliación del convenio de Fonasa con farmacias para reducir el precio de los medicamentos; se envió el proyecto de ley que crea un Ingreso Mínimo Garantizado de $ 350 mil mensuales; la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, materializado en virtud de la ley N° 21.185; mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos; la creación de la Defensoría de las víctimas, de forma de facilitar, el acceso y fortalecer la defensa jurídica y apoyo social y sicológico a las víctimas de la delincuencia; mayor equidad entre comunas de altos y bajos ingresos; la urgencia suma otorgada a los boletines N°s 9304-07, 11692-07, 12346-07 y 4115-07 relativos a la reducción de las dietas de los parlamentarios reelección y dietas; la presentación y aprobación de la ley N° 21.184, que faculta al Presidente de la República para dejar sin efecto o limitar el alza de tarifas en el transporte público de pasajeros, entre otros.
Por otra parte, y en relación a la Agenda de Seguridad, le pusimos discusión inmediata al proyecto de ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, boletín N° 12.234-02; urgencia suma al proyecto que
moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, boletín N° 12.250-25; enviamos un proyecto de ley denominado "antisaqueos", que fortalece las sanciones del delito de robo en lugar no habitado valiéndose de la multitud con ocasión de calamidad pública o grave alteración del orden público, boletín N° 13.044-25,; pusimos discusión inmediata al proyecto de ley que establece el ocultamiento de la identidad como tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia (''antiencapuchados"), boletín N° 12.894-07, que penará con mayor rigor a quienes lleven a cabo desórdenes públicos ocultando su identidad; dispusimos la creación de un equipo especial de investigación de saqueos, destrucción y vandalismo, integrado por el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, para permitir una mejor inteligencia policial preventiva e investigativa, entre otros.
Con todo, resulta de especial preocupación la infraestructura crítica que da soporte y permite el normal desenvolvimiento y desarrollo del país, toda vez que cualquier amenaza deliberada a ésta, afecta, en definitiva, la seguridad de la Nación. La relevancia de ello es que no es únicamente una inquietud de nuestro país, si no que internacionalmente diversas legislaciones contemplan medidas de resguardo a la infraestructura crítica, como por ejemplo la ley española 8/2011, de 28 de abril de 2011, o la Directiva 2008/114 del Consejo de la Unión Europea, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección.
En momentos complejos como los que estamos viviendo hoy, es de vital importancia reforzar el resguardo de la infraestructura crítica de la Nación, a través de la colaboración de las Fuerzas Armadas en esta materia, posibilitando con ello que, las
policías estén en terreno reestableciendo y cautelando el orden público.
La Constitución Política de la República consagra en el inciso quinto del artículo 1°, que "[e]s deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional."
Para lo anterior, el Estado debe adoptar una serie de medidas en favor de los ciudadanos con el objeto de garantizar servicios básicos, asegurar derechos fundamentales, proteger el territorio nacional, definir las directrices de la economía nacional, brindar seguridad a los ciudadanos frente a amenazas externas (guerra), internas (narcotráfico, catástrofes, delincuencia), entre otras.
Por su parte, el artículo 101 de la Carta Fundamental, señala que las Fuerzas Armadas "son esenciales para la seguridad nacional". Del mismo modo lo establece la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.
El concepto de seguridad de la Nación, ha transitado desde una visión restrictiva en que se consideraba únicamente la seguridad exterior, a una más amplia, a partir de la propia concepción de la seguridad, incluyendo nociones de soberanía, estabilidad institucional y el enfrentamiento de riesgos.
La seguridad nacional se ha definido por Evans, como el "[c]onjunto de exigencias de la organización social y de cautelas jurídicas que garanticen la inexistencia de riesgos y de conflictos que conduzcan o puedan conducir a un deterioro de la normalidad en lo externo y lo interno". (1986: Evans de la Cuadra, Enrique, Los Derechos Constitucionales, 2 vols., Editorial Jurídica de Chile. Santiago, T. 1, p.238).
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