Proyecto de ley marco de universidades estatales
| Fecha | 09 Julio 1997 |
| Número de Iniciativa | 2054-04 |
| Fecha de registro | 09 Julio 1997 |
| Etapa | Primer trámite constitucional (Senado) Discusión particular |
| Materia | UNIVERSIDADES ESTATALES |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Senado,Mensaje |
MENSAJE DE S.E. el Presidente de la RepUblica CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY MARCO DE UNIVERSIDADES ESTATALES.
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SANTIAGO, julio 7 de 1997
Nº 73-335/
Honorable Senado:
A S.E. EL
PRESIDENTE
DEL H.
SENADO.
Mi Gobierno ha asignado la primera prioridad a la modernización de la Educación, por cuanto constituye un factor clave para el desarrollo del país. El presente proyecto de ley marco de universidades estatales debe ser entendido en el contexto de ese desafío mayor.
I. LA EDUCACION SUPERIOR: UNA TAREA PRIORITARIA.
La reforma educacional está en marcha. Actualmente se desarrolla, de manera simultánea, en cuatro ámbitos: los programas de mejoramiento de la calidad de la educación básica y media, la innovación y actualización curricular, el fortalecimiento de la profesión docente y la extensión de la jornada escolar.
La prioridad asignada al sector Educación, comprende plenamente a la educación superior y, en particular, al sistema universitario. La reforma educacional estará incompleta si no hacemos un esfuerzo complementario en el nivel terciario, que requiere de renovación y cambio para adecuarse a los requerimientos del mundo actual.
El proyecto de ley marco de universidades estatales es parte de este esfuerzo. Se complementa con otras iniciativas, políticas y programas en los ámbitos de la regulación, financiamiento, perfeccionamiento legal, acreditación, etc., en los cuales han habido avances significativos en el curso del presente año.
El perfeccionamiento de las universidades, y del sistema de educación superior como un todo, tiene un impacto directo en las tareas y desafíos que nos impone el desarrollo: igualdad de oportunidades, integración nacional, descentralización y desarrollo armónico, sustentabilidad ecológica, inserción internacional, profundización de la democracia, y otros.
Chile necesita el personal calificado -profesionales, científicos y técnicos- que se forma en el sistema de educación superior; así como la generación y actualización del conocimiento, la innovación científica y tecnológica, y la reflexión acerca de nuestra cultura, historia y proyección, que se realiza fundamentalmente en nuestras universidades. Por ello, debemos fortalecer nuestro sistema de educación superior de modo que, a través de los diversos tipos de instituciones, pueda atender con calidad y equidad, necesidades sociales diferenciadas. Asimismo, debemos profundizar los vínculos entre la sociedad y las instituciones de educación superior.
Hoy las instituciones de educación superior y, en especial las universidades públicas, enfrentan nuevos desafíos y requerimientos. Estos derivan, por una parte, de factores internos, como la creación de nuevas instituciones y carreras, heterogeneidad de instituciones y de calidad, diversidad de grupos que acceden a la enseñanza superior -jóvenes y adultos- entre otros. Por otra parte, los hay derivados de factores externos al sistema, como la rapidez del cambio tecnológico, la internacionalización, el aumento de la información disponible y la dinámica social.
En consecuencia, el sistema de educación superior requiere de un proceso de renovación y modernización, que debe ser asumido tanto desde las propias instituciones, en virtud de la autonomía y la dinámica propia que éstas tienen, valor y carácter que el Gobierno quiere preservar, como desde el propio Gobierno en lo que se refiere a las políticas públicas de fomento de este nivel.
II. LOS ASPECTOS DE POLITICA UNIVERSITARIA
En virtud de lo anterior, estamos implementando una política que implica, entre otros aspectos:
1. Perfeccionar la regulación legal del sistema, de modo de perfilar mejor sus componentes y racionalizar su desarrollo;
2. Fomentar la equidad y la igualdad de oportunidades en la educación universitaria, reforzando los beneficios en ayudas estudiantiles que reciben los alumnos con mayores necesidades socioeconómicas.
3. Incentivar el mejoramiento de la calidad de la educación superior y avanzar en el proceso de evaluar y acreditar la calidad de los programas de pregrado, comenzando por la definición de estándares mínimos de calidad para la formación profesional, materia sobre la cual ya existe una propuesta específica de la comisión MINEDUC-Consejo de Rectores establecida al efecto, cuyo informe fue aprobado en principio por dicho Consejo.
4. Revisar el financiamiento público para las universidades, teniendo como criterios orientadores los de incentivar la calidad y eficiencia de las instituciones y la equidad y modernización del sistema.
5. Fomentar la investigación científica y tecnológica, profundizando la política de diversificación de los fondos existentes, de modo de atender diferenciadamente las distintas necesidades de desarrollo de la investigación, tanto de carácter básico como aplicado.
6. Mejoramiento de la gestión, en particular de las universidades estatales y de aquellas que reciben aportes directos del Estado; y
7. Promover la articulación del desarrollo universitario con las necesidades del país, a través de programas específicos.
Estas líneas de acción se basan en la experiencia adquirida durante los dos Gobiernos de la Concertación y en los avances que hemos alcanzado, entre los que destacan:
1. Incremento de los aportes fiscales al sector, tanto para fomentar el nivel de la educación superior como para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
2. Incremento y mayor focalización de los aportes que el Estado asigna para ayudas estudiantiles. Uno de nuestros principales objetivos es permitir el acceso al sistema de todos los jóvenes de talento, independientemente de su condición socioeconómica. La actual cobertura de los programas de crédito solidario y becas, con los cuales el Gobierno seguirá comprometido, permite otorgar beneficios totales o parciales al 54% de los estudiantes de las universidades estatales y tradicionales.
3. Asignación de recursos para realizar inversión en infraestructura, renovación de aulas, laboratorios y bibliotecas, mejoramiento del quehacer académico y modernización de la gestión, a través de un fondo concursable de desarrollo institucional, que cuenta, además, con una línea específica de reforzamiento para universidades regionales.
4. Creación, a partir de este año, de un programa de fortalecimiento de la formación inicial de docentes, con una duración de cinco años y que se inserta dentro de los objetivos de la reforma educacional.
5. Acreditación y evaluación de calidad de las nuevas instituciones privadas de educación superior, por la vía del Consejo Superior de Educación, en el caso de universidades e institutos profesionales, y del Ministerio de Educación, en el caso de centros de formación técnica.
6. El nuevo sistema de información sobre la educación superior, impulsado por el Ministerio y que ya ha sido aprobado en principio por el Consejo de Rectores, que permite a instituciones, alumnos, postulantes y al Estado, conocer antecedentes de la eficiencia interna del sistema en materia de titulados, deserción y otras, y también en su eficiencia externa con relación al destino laboral de sus egresados.
III. CONTEXTO DEL NUEVO PROYECTO
Es en el contexto de este conjunto de políticas y de un reforzamiento de la prioridad de la educación superior, que se ubica el proyecto de ley específico que hoy enviamos al Congreso, con el expreso objetivo que se constituya en una ley marco para las universidades estatales. Este las defina, acorde con sus funciones esenciales, establece sus mecanismos de vinculación con el desarrollo nacional y regional, su forma de relacionarse con el Estado, sus estructuras fundamentales de gobierno y de control, y las demás normas necesarias para su adecuado funcionamiento.
Este proyecto reemplaza uno anterior, enviado al Senado en julio de 1995, y que ha sido objeto de un proceso amplio de consultas a las respectivas corporaciones universitarias, que se inició el 18 de junio de 1996. Los Estatutos Orgánicos de 14 de las 16 universidades estatales datan de la década de lo 80, la gran mayoría y fueron dictados en una situación nacional y universitaria muy diferente; por lo mismo, requieren de una adecuación a las exigencias actuales de la sociedad y de las propias universidades.
En este sentido, el Gobierno acoge positivamente las aspiraciones que se han expresado con vigor en el último tiempo, de modernización de las estructuras universitarias y cambios en los estatutos orgánicos, mayor participación de las comunidades universitarias en su gestión; flexibilización de la administración; actualización de sus funciones, planificación racional de su desarrollo y un mayor ordenamiento del sistema.
Al mismo tiempo, consideramos que los necesarios cambios que deben introducirse tienen que ser compatibles con la eficiencia de las instituciones y con el carácter jerarquizado de las universidades, fundadas sobre la base del saber y dedicación al cultivo del conocimiento de sus académicos. Esto requiere del necesario clima de respeto y estudio que debe predominar en las aulas académicas, de modo que pueda desarrollarse el conocimiento avanzado.
De lo contrario, el país perderá la oportunidad que hoy se le presenta para consolidar un conjunto de universidades del Estado, de diverso carácter,...
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