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Proyecto de ley que establece normas ambientales y de adaptación al cambio climático para la actividad de acuicultura.

Fecha15 Mayo 2019
Número de Iniciativa12634-12
Fecha de registro15 Mayo 2019
EtapaPrimer trámite constitucional (Senado) Primer informe de comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
MateriaACUICULTURA, CAMBIO CLIMÁTICO, NORMAS MEDIO AMBIENTALES
Autor de la iniciativaAllende Bussi, Isabel, Girardi Lavín, Guido, Órdenes Neira, Ximena, Prohens Espinosa, Rafael, Sandoval Plaza, David
Tipo de proyectoProyecto de ley
Cámara Legislativa de OrigenSenado,Moción
Boletín Nº 12.634-12


Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señor Girardi, señoras Allende y Órdenes, y señores Prohens y Sandoval, que establece normas ambientales y de adaptación al cambio climático para la actividad de acuicultura.



CONSIDERANDOS


El otrora cuestionado fenómeno del Cambio Climático hoy en día es una realidad evidente No solo se ha demostrado por diversos estudios de carácter técnicos la existencia del Calentamiento Global, sino que además la comunidad científica ha llegado a un consenso sobre la injerencia antropogénica en el proceso y sobre los impactos que este ha, está y seguirá generando en el medio ambiente.1


Otro acuerdo que ha alcanzado por el Panel Internacional para el Cambio Climático (IPCC), refiere a que los esfuerzos conjuntos de la humanidad pueden disminuir la extensión y gravedad de los impactos sobre los medios terrestres, de aguas continentales, costeros y marinos, y por consiguiente son capaces de conservar los servicios ecosistémicos, que dichos ambientes proveen, en beneficio del ser humano.


Para lograr esto se requiere de una serie de medidas. En primer lugar, de mitigación, destinadas a reducir la producción de Gases de Efectos Invernaderos y otros contaminantes que contribuyen al calentamiento global, y también, destinadas a mantener las fuentes naturales que sirven de sumideros para contener estos gases. En segundo lugar, se requiere de medidas de adaptación, destinadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático, esto es, para afrontar el grado de susceptibilidad a los efectos adversos de la variabilidad del clima.


Dentro de los diversos riesgos para la Nación que crea el cambio climático se encuentran aquellos que recaen sobre la seguridad alimenticia y sobre el crecimiento económico. Efectivamente, se estima que el aumento de 1.5 °C a nivel mundial disminuirá la disponibilidad de alimentos, entre ellos principalmente de cereales y de ganado, pero también de proteínas marinas. Por otro lado, este aumento de temperatura reducirá los recursos costeros y disminuirá la productividad de la pesca y la acuicultura. Así mismo, la acidificación de los océanos disminuirá el espectro de especies que pueden soportar los ecosistemas marinos, a lo que se suma, los cambios en los patrones de corrientes, y de temperatura oceánica, de oxígeno y




de nutrientes que cambiara las magnitudes y distribución de la producción primaria y secundaria de los organismos marinos.2


En este orden de ideas, la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), recientemente publicó un Informe sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el que se constató que a la fecha el 66% del área oceánica presenta impactos acumulativos producto de la actividad humana.


Es pertinente advertir que Chile cuenta con 7 de las 9 características de vulnerabilidad que reconoce la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), siendo un país extremadamente sensible a este fenómeno. En la materia que nos convoca, se proyecta la disminución del stock pesquero en el sudeste del Pacifico, que afecta a los Estados de Perú y Chile poniendo de manifiesto la necesidad de evaluar nuestra estrategia de desarrollo sobre la explotación de recursos hidrobiológicos.3


Se debe agregar a lo anterior que los impactos humanos sobre los ecosistemas acuáticos continentales han aumentado a un paso acelerado en los últimos 50 años, producto de factores, como el cambio de uso de suelo aledaño a ríos, lagos, áreas marinas y costeras, el incremento de la contaminación y la introducción de especies exóticas en los ecosistemas locales, entre otros.


En este orden de ideas, la industrialización de la producción mundial de pescado ha generado la sobreexplotación sistemática de los recursos naturales. En un primer estadio este abuso se observó principalmente en la pesca, sin embargo, con el agotamiento progresivo de los recursos naturales, y luego de una extensa regulación de aquella actividad la producción pesquera se ha venido traslado al cultivo de especies, trayendo consigo los impactos que ello implica.


En efecto, el desarrollo de este sector económico es enarbolado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quienes han sostenido que "la acuicultura ha sido la desencadenante del impresionante crecimiento continuo del suministro de pescado para el consumo humano. Entre 1961 y 2016, el aumento anual medio del consumo mundial de pescado comestible (3,2%) superó al crecimiento de la población (1,6%) y también al de la carne procedente de todos los animales terrestres juntos (2,8%)"4. De esta manera, bajo el pretexto de proveer seguridad alimentaria en el consumo de proteína de pescado de alta


calidad para la población, y como parte de la estrategia para cumplir los objetivos del milenio, la industria de pescado ha justificado en el interés público su fomento e instalación.


En Chile la industria del pescado se ha expandido desde las décadas de los 70-80 con tal auge que solo en 20 años ha alcanzado cerca del 32% de la producción global de salmón, habiendo logrado el segundo puesto en la producción mundial, posicionándose sólo después de Noruega en el año 2003.


Desde un desarrollo exploratorio y subvencionado por el Estado ha pasado a ser una actividad desarrollada fundamentalmente por privados con fines comerciales. En este aspecto, durante el 2018 la industria pesquera tuvo retornos por un total de US$ 5.157 millones, cifra que representó un aumento de 11,4% en contraste con el 2017, año que ya se consolidaba como una fecha histórica al haber logrado un total de US$ 4.626 millones cifra que constituía el monto más alto de la historias.5


En el marcado de la acuicultura el cultivo de peces alcanza un 65% del total6, las especies foráneas como Salmon del Atlántico, Chorito y Salmon del Pacifico constituyen el 93% del total cosechado. Las regiones de Los Lagos y de Aysén y del General Carlos Ibáñez del Campo, concentran casi la totalidad de la actividad, cosechándose aproximadamente 180 mil t (72%) y 54 mil t (21%) respectivamente, cantidad que en conjunto suman el 93% del total cosechado en el país.7


Sin embargo este crecimiento no se ha dado sin costos, la introducción del virus ISA en la década del 2010 no solo freno la producción, sino que genero importantes efectos ambientales debido al uso indiscriminado de antibióticos,8 lo que sumado a la sobreexplotación del periodo anterior, los incentivos económicos perversos, asociados a una política y una regulación que favorecen practicas no sustentables para la acuicultura vinculadas a la utilización de sistemas ineficientes de producción y de manejo de desechos, han provocado la contaminación de ecosistemas y la transformación de ambientes naturales.


El citado informe IPBES sostiene que la edificación de infraestructura en las redes riberanas, en áreas marinas y áreas costeras para el desarrollo de la actividad de acuicultura es uno de los factores de la degradación de la biodiversidad.






Las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) tras la crisis del ISA abarcaron una aspectos de índole sanitario y ambiental en las actividades de cultivo, regulándose el ordenamiento de las concesiones, la coordinación de los períodos de engorda, cosecha y descansos, la regulación de la importación de ovas importadas, el control del transporte y almacenamiento de peces, el control de la actividad productiva a lo largo de toda la cadena de comercialización del salmón, incluso moratoria para la instalación de nuevas concesiones.


En este sentido las leyes N° 20.434, publicada en el diario oficial el 08 de abril de 2010, modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en materias de acuicultura, sobre normas sanitarias y de ordenamiento para las concesiones acuícolas, N° 20.583, publicada en el diario oficial el 02 de abril de 2012, modifica la LGPA en materias de acuicultura, sobre normas sanitarias y de ordenamiento para las concesiones acuícolas, N° 20.597, publicada en el diario oficial el 03 de agosto de 2012; y N° 20.657, publicada en el Diario Oficial el 09 de febrero de 2013, han pretendido hacerse cargo de las deficiencias...

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