Proyecto que entrega datos personales a la Fiscalía sin orden de un juez enciende polémica sobre vigilancia en el mundo digital - 28 de Enero de 2022 - El Mercurio - Noticias - VLEX 883985692
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Proyecto que entrega datos personales a la Fiscalía sin orden de un juez enciende polémica sobre vigilancia en el mundo digital

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Vincent

Las alarmas están encendidas entre los expertos locales de la industria tecnológica y activistas dedicados a la protección de los derechos digitales.Una declaración pública que apareció esta semana en "El Mercurio" da cuenta de que siete organizaciones dedicadas al tema, lideradas por la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI), están en contra de una reforma que se discute en el Congreso.Se trata de un cambio a la actual ley de delitos informáticos que fue aprobado la semana pasada en una comisión mixta. La transformación de la norma permitiría al Ministerio Público solicitar datos personales de cualquier ciudadano a todo proveedor de servicios en Chile (desde telecomunicaciones hasta empresas de delivery , entre otras) y sin una orden judicial, lo que ha despertado preocupaciones.En la declaración los firmantes argumentan que el texto legal en discusión es ambiguo y establece como único requisito para el acceso a los datos el que haya "una investigación en curso", lo que "abre un amplio margen para solicitudes genéricas e indefinidas".El texto plantea que la "normalización de la vigilancia estatal vulnera el derecho de los ciudadanos a no ser objeto de intrusiones gubernamentales injustificadas".Romina Garrido, investigadora del laboratorio de innovación pública de la U. Adolfo Ibáñez y experta en derechos digitales, explica que la reforma se da en el contexto de una actualización a la ley de delitos informáticos, lo que pondría a Chile a la par del Convenio de Budapest, al cual se adhirió en 2017."Con las facultades que tiene el Ministerio Público hoy, la persecución de los delitos en el ciberespacio es ineficiente. Lo que se busca acá es dotar al Estado para que estos delitos sean investigados más rápido", comenta Garrido.Según explica, el texto contempla la solicitud sin orden judicial de datos personales, como nombre, teléfono y compañía telefónica, pero no de aquellos denominados "de tráfico", entre los que están la hora, la ruta y la ubicación de la información que se transmite.FiscalizaciónPero Michelle Bordachar, analista de políticas públicas de la Fundación Derechos Digitales - una de las organizaciones que firma la declaración -y quien ha...

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