Prorroga por tiempo limitado el pago de obligaciones crediticias en favor de las personas que indica, concede el derecho a renegociar algunas de ellas y ordena la suspensión temporal de remates judiciales relacionados con dichas obligaciones - Proyectos de Ley - Iniciativas legislativas - VLEX 914504194

Prorroga por tiempo limitado el pago de obligaciones crediticias en favor de las personas que indica, concede el derecho a renegociar algunas de ellas y ordena la suspensión temporal de remates judiciales relacionados con dichas obligaciones

Fecha01 Abril 2020
Número de Iniciativa13394-03
Fecha de registro01 Abril 2020
MateriaCORONAVIRUS, CORONAVIRUS COVID-19, COVID-19
Autor de la iniciativaCarvajal Ambiado, Loreto, Celis Araya, Ricardo, Girardi Lavín, Cristina, González Torres, Rodrigo, Jiménez Fuentes, Tucapel, Marzán Pinto, Carolina, Parra Sauterel, Andrea, Soto Mardones, Raúl
EtapaSegundo trámite constitucional (Senado) Primer informe de comisión de Economía
Tipo de proyectoProyecto de ley
Cámara Legislativa de OrigenCámara de Diputados,Moción

Prorroga por tiempo limitado el pago de obligaciones crediticias en favor de las personas que indica, concede el derecho a renegociar algunas de ellas y ordena la suspensión temporal de remates judiciales relacionados con dichas obligaciones


Boletín N° 13394-03






ANTECEDENTES


La civilización global enfrenta en estos momentos un evento sin precedentes en la historia humana. A fines de diciembre de 2019, se detectó en China una nueva cepa de coronavirus, del virus denominado coronavirus-2, del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV2), también conocido como la enfermedad COVID-19, la que rápidamente se ha expandido por 192 países, incluido Chile. En este contexto, el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), calificó el virus como una pandemia global.


A la fecha, el virus COVID-19 ha infectado a más de 1.200.000 personas en 192 países del mundo, la mayoría en Estados Unidos, con 331.151 casos diagnosticados. España es el segundo país más afectado del mundo, con 130.159 infectados, en tanto que Italia, el tercero con más casos, tiene 124.632 contagiados. Tras ellos, se encuentran Alemania, con 100.009 casos, y Francia con 90.869. China, el epicentro de la pandemia, tiene 81.669 infectados. La cifra de decesos en todo el mundo ha llegado a los 67.000. Chile tiene 4.471 infectados y 34 fallecidos hasta este momento (cifras al 5 de abril de 2020)


La rapidez con la que se extiende el virus ha llevado a varios países a tomar drásticas medidas de aislamiento. La Unión Europea ha cerrado sus fronteras exteriores hasta el 17 de abril y más de 85 países han limitado la entrada de viajeros provenientes de los países más afectados. Estados Unidos, ha prohibido la entrada de vuelos europeos. Miles de vuelos en todo el mundo han sido cancelados. Millones de ciudadanos están viviendo confinados o deben hacer cuarentena.


La rápida propagación del virus COVID-19 está provocando pánico en los mercados financieros, fuga de capitales, devaluación de las monedas frente al dólar y una creciente amenaza de recesión global. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en el peor de los escenarios, el crecimiento económico mundial podría descender a la mitad de lo que se había proyectado (bajando incluso hasta 1,5%),


Por su parte, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) esta semana alertó que el costo de la crisis en el ingreso global podría llegar a US$2 billones, y que la duración y la profundidad de la crisis dependerán de tres cosas: cuán lejos y cuán rápido se propagará el virus, cuánto tiempo pasará antes de que se encuentre una vacuna y qué tan efectivos serán los gobiernos para mitigar el daño.


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que la crisis económica y laboral provocada por la pandemia podría aumentar el desempleo mundial en casi 25 millones de personas (COVID-19 and world of work: Impacts and Responses, 18 marzo 2020). La OIT ha señalado que esta pandemia tendrá impactos laborales en el largo plazo en tres dimensiones claves: i) la cantidad de empleos (desempleo y subempleo); ii) la calidad del trabajo (salarios y acceso a protección social); y iii) efectos en grupos específicos que son vulnerables frente a resultados adversos en el mercado laboral.


La crisis impactará fuertemente en América Latina, especialmente en los hogares de clase media y las clases populares, en las pequeñas y medianas empresas y en los trabajadores independientes e informales. Según datos aportados por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, se estima que el número de personas que viven en la pobreza se incrementaría de 185,9 millones a 219,1 millones. En cuanto a las personas que viven en extrema pobreza aumentarían de los 67,5 millones a los 90,7 millones.


Considerando el fuerte impacto social que la inminente recesión económica global significará para millones de seres humanos, la mayoría de los gobiernos han aplicado medidas excepcionales para mitigar los efectos económicos que provocará la pandemia, tales como la suspensión del pago de consumos básicos, la prórroga de deudas hipotecarias e impuestos, préstamos a la mediana y pequeña empresa.


En el caso de nuestro país, el Ejecutivo ha decretado diversas medidas. Entre ellas, dispuso por Decreto Supremo N°104, de 18 de marzo de 2020 el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por 90 días, a partir del jueves 19 de marzo pasado. También ha dispuesto el cierre de las fronteras, la cuarentena de ciertas comunas, la suspensión de clases, el adelantamiento de campañas de vacunación. En cuanto a lo económico, el ejecutivo ha acordado con empresas prestadoras de servicios públicos ciertos beneficios y facilidades de pago para el 40 % de los hogares más vulnerables. Por su parte, El Congreso Nacional ha aprobado o está por aprobar diversas iniciativas legales destinadas a establecer bonos especiales y garantizar el pago de sueldos mediante el seguro de cesantía, prorrogar el plazo de pago de los permisos de circulación y suspender los procesos judiciales.


Sin embargo, los diputados firmantes creemos que deben tomarse medidas aún más profundas en ayuda de las familias y de la pequeña y mediana empresa (PYMES), las que deberán enfrentar un durísimo panorama económico en las próximas semanas.


En este sentido, una de las industrias que más puede afectar la situación económica de las familias chilenas es la industria del crédito, la que si bien, ha permitido que millones de personas puedan comprar viviendas, vehículos y todo tipo de productos, desde ropa hasta electrodomésticos, así como iniciar pequeños y medianos emprendimientos, ha generado un alto nivel de endeudamiento en los sectores medios y populares en nuestro país. De ahí que, para evitar un probable colapso económico de miles de familias y de las pequeñas y medianas empresas, sea necesario tomar medidas extraordinarias para ir en ayuda de las mismas.


Hasta el momento, sólo algunas entidades bancarias han ofrecido postergar el pago de los dividendos de los créditos hipotecarios, de las cuotas de los créditos de consumo, de las cuotas de leasing o deudas por tarjetas de crédito. Los bancos que han ofrecido estos beneficios otorgan entre 3 y 6 meses de gracia, pero exigen estar al día en los pagos, cobran intereses excesivos o exigen condiciones especiales, lo que implica que reducidas personas y pequeñas y medianas empresas puedan tener una real solución, ya que muchas de ellas ya arrastraban serios problemas económicos desde el estallido social de octubre de 2019.

La pandemia del COVID-19 constituye un caso evidente de fuerza mayor, que comporta una imprevista y excesiva onerosidad para los deudores, razón por la cual resulta un imperativo mínimo de equidad devolver justicia a la contratación y aliviar la vida de los ciudadanos, especialmente la de millones que carecen de condiciones de empleo permanente o se encuentran desempleados a causa de este flagelo y que se ven obligados a obedecer las normas sanitarias de cuarentena sin que el Estado les proporcione fuentes estables y suficientes de ingresos para su subsistencia.

Con respecto a las medidas que se proponen en el presente proyecto de ley, cabe señalar que, si bien, nuestra Carta Fundamental reconoce el derecho de propiedad como un derecho fundamental, no es menos cierto que también establece que toca al legislador establecer el modo de adquirir la propiedad, de...

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