Prólogo
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PRÓLOGO
PRÓLOGO
La idea de la obra titulada «Tratado de los grupos vulnerables, políticas públi-
cas y corrupción de funcionarios» fue fruto de mis investigaciones durante mi pe-
riodo académico, dond e tuve la oportun idad de visitar a l os p ueblos ribereños,
justo antes de la crisis del oxígeno (2019/2020 ), en la Amazonia, Bra sil.
La investigación analiza la desig ualdad en el acceso a los derecho s sociales
fundamentales y las consecuencias de CO VID-19 par a los grupos vulnerables. El
proyecto fue presentado al Colegio de Abogados de Arequi pa, Perú, con el aporte
de investigador es de diversas partes del mundo, un brillante trabajo que dio como
resultado el presente tratado.
Por cierto, es imposible pensar en la continuidad de l a agend a públi ca sin
acciones dirigidas a reducir las desigualdades sociales y proteger a la s personas en
situación de vulnerabilidad, ya que son las que más sienten el impacto de las crisis
económicas, las guerras, la violencia, el cambio climático, la corrupción y la inesta-
bilidad institucional.
En esta obra pa rticipan reconocidos profesores, investigadores, servidores y
operadore s de l si stema de justicia, que realizan inve stigaciones en las áreas de
Derechos Humanos, Dere cho Co nstitucional, Derecho Ambiental, Derech o Pena l
Económico, Sociologí a, entre otras áreas de suma importancia para la cons trucción
del conocimiento jurídico, con un enfoque interdisciplinario.
Con el avance de la ciudadanía, se pasa de un Estado Li beral a un Estado
Democrático de Derecho, que busca proteger los der echos sociales fundamentales,
especialmente para el acceso a la salud y a la educación de calidad. Así, tiene como
objetivo proteger el medioambiente para las generaciones presentes y futuras, otor-
gando al Poder Ejecutivo la gestión en la imple mentación de estr ategias para la
ejecución de la agenda pública.
Sin embargo, no es infrecuente ver el desvío de fondos públicos para servir a
los intereses personales de políticos y empresas malintencionadas, que se aprove-
chan de los contratos con la Administración Pública, distorsionando el interés pú-
blico y afectando a los principios de moralidad, legalidad, impersonalidad, publici-
dad y eficiencia.
En este sentido, la discrecionalidad del gobernante no debe ser utilizada para
camuflar la mala gestión y la corrupció n, p retendiendo aplicar la reserva de lo
posible en detrimento del mínimo existencial. El acceso a la salud y a la educación
básica forman parte de los mínimos existenciales, que no pueden ser objeto de la
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