Prólogo
| Autor | Mario Alberto Juliano |
| Páginas | 13-15 |
13
Derecho penal y constitucional
prÓloGo
El trabajo del prologuista suele ser muy meritorio e interesante.
Habitualmente es elegido por el autor o la autora por sus méritos especiales,
por sus particulares conocimientos sobre el tema de que trata la obra. Y es
así que sus palabras pueden constituir algún aporte adicional al trabajo que
se comenta. De hecho, hay prologuistas destacados que lo que dicen es más
importante que el contenido prologado.
Lamento desilusionar a los lectores y lectoras. Ese no es mi caso. Llego
a estas páginas como consecuencia del afecto (recíproco) que me dispensa
Armando Rafael Aquino Britos, amigo correntino con quien compartimos
una serie de pasiones, anhelos y desvelos. Ese es mi principal mérito.
Hecha la aclaración precedente, diré que en mis cuarenta años de ejercicio
de la abogacía, de un lado y el otro del mostrador, el vínculo con el derecho
constitucional ha sido permanente e intenso. No con la categoría intelectual
que me permita teorizar como lo hacen Armando con sus hijos en este libro,
pero sí desde la convicción que el programa constitucional es el norte que debe
inspirar no solamente a quienes tienen pretensión de juristas, sino también a
la abogacía en su conjunto y al resto de la ciudadanía.
Siempre he creído que si los argentinos y argentinas no nos hubiésemos
perdido en ciertos laberintos, olvidando las claves de la Constitución, otro
hubiera sido el destino de este país. Siempre el apartamiento de sus mandatos
ha sido pagado con la sangre, dolor y sufrimiento de los más débiles. Sin ir
más lejos, las interrupciones institucionales del pasado reciente son una clara
muestra que corrobora la armación.
Afortunadamente los golpes de Estado han quedado sepultados en el
pasado. Pero ello no quiere decir que la vigencia de la Constitución esté
asegurada. Desde mi perspectiva veo con preocupación la forma en que los
legisladores suelen desvirtuar y desnaturalizar las ideas centrales por la vía
reglamentaria. Eso es moneda corriente en materia penal, que es el ámbito
en que me desenvuelvo cotidianamente y que trata este libro. Crítica que no
es exclusiva del legislador. Es que la abogacía, ya sea en su desempeño en el
ámbito del Poder Judicial, ya sea en la esfera privada, exhibe una acentuada
tendencia al reglamentarismo. Los hechos indican que suele asignarse más
importancia y trascendencia a la letra de una ordenanza que a las normas
constitucionales. Siempre recuerdo las enseñanzas del maestro Julio Maier,
que armaba (y supongo aún continuará armando) que para llevar adelante
un juicio penal no era necesario tener un código de procedimientos, y que era
suciente con la aplicación de las disposiciones constitucionales. Francamente,
estoy de acuerdo con esa visión de la organización judicial.
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