Prohíbe el uso excesivo de la fuerza, así como la utilización de medios disuasivos que afecten la integridad física de las personas, y exige el respeto de los derechos humanos en el contexto de control o disolución de manifestaciones públicas por parte del personal policial, y modifica la ley N°18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile, en tal sentido
| Fecha | 12 Diciembre 2019 |
| Número de Iniciativa | 13153-11 |
| Fecha de registro | 12 Diciembre 2019 |
| Etapa | Primer trámite constitucional (C.Diputados) Primer informe de comisión de Salud |
| Autor de la iniciativa | Girardi Lavín, Cristina, Hirsch Goldschmidt, Tomás, Jarpa Wevar, Carlos Abel, Mix Jiménez, Claudia, Rojas Valderrama, Camila, Santana Castillo, Juan, Torres Jeldes, Víctor, Vallejo Dowling, Camila, Venegas Cárdenas, Mario, Winter Etcheberry, Gonzalo |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Moción |
Prohíbe el uso excesivo de la fuerza, así como la utilización de medios disuasivos que afecten la integridad física de las personas, y exige el respeto de los derechos humanos en el contexto de control o disolución de manifestaciones públicas por parte del personal policial, y modifica la ley N°18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile, en tal sentido
Boletín N° 13153-11
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo prevenido en la ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido en el reglamento de la H. Cámara de Diputados y conforme los fundamentos que se reproducen a continuación vengo en presentar la siguiente moción.
CONSIDERANDOS:
El 04 de octubre de 2019, el Panel de Expertos del Transporte Público anunció una nueva alza del transporte público Metropolitano RED, indicando que el pasaje de Metro alcanzará un costo de $830 en horario punta. De esta forma, solo en 2019, el pasaje del transporte público subió 50 pesos. A partir de la semana siguiente, estudiantes de diversos colegios de Santiago, realizan las primeras “evasiones masivas” en el Metro de la capital, manifestándose así contra el abuso al que estaban sujetos los santiaguinos por el alza del tren subterráneo, exigiendo un precio justo y adecuado al contexto nacional. La sordera al clamor popular y la ceguera ante la realidad del país, provocó un estallido social que devino en que la decisión de evadir el metro, fuera tomando cada vez más fuerza, organizándose, a través de las redes sociales, convocatorias a todos los sectores de la sociedad para realizar evasiones masivas en distintas estaciones del servicio.
El día 18 de octubre aumenta la masividad de las protestas en el tren subterráneo, ante lo cual, las autoridades de Metro deciden suspender el servicio en su totalidad pasadas las 19 horas, cuestión que obliga a miles de chilenos a desplazarse a pie o en buses repletos hacia sus casas, cuestión que aumenta el descontento de las mayorías frente al abuso. Debido a los incidentes, el 19 de octubre de 2019, el Presidente de la República declara Estado de Excepción Constitucional por emergencia en la Región Metropolitana, para extenderlo posteriormente a casi todo el territorio nacional, mediante la dictación de los decretos supremos N° 472 y 479.
Para tales efectos, se destinó al General Javier Iturriaga como Jefe de la Defensa Nacional en la Región Metropolitana, con las facultades previstas en el artículo 5° del Decreto Ley N° 18.415, dictado por la Junta de Gobierno de la República de Chile con fecha 12 de junio de 1985. En dicho contexto, y en uso de sus atribuciones, el General determinó una serie de medidas, entre las cuales estuvo la declaración de “toque de queda”, el primero en el país desde el retorno a la democracia.
Esta seguidilla de eventos desata la crisis social en la que aún estamos sumergidos, con protestas no solo en la Región Metropolitana, sino que a lo largo de todas las regiones del país, donde cada zona y cada comunidad revela sus propias necesidades, explicitando la demanda masiva y la urgencia por un cambio en el modelo político y las políticas públicas en nuestro país. La superación de la desigualdad y la justicia que soportan las grandes mayorías, se convirtieron en el marco para la emergencia de demandas por una salud pública de calidad, por un cambio en el sistema de pensiones que termine con la miseria de los adultos mayores, por una educación pública, gratuita, integral y de calidad, y finalmente, por una nueva constitución que permita las transformaciones diversas que impulsa la ciudadanía.
Sin embargo, desde que los estudiantes comienzan a evadir el metro, hasta nuestros días y con la declaratoria de estado de excepción, se han restringido y violado derechos fundamentales de todos los habitantes de nuestro país que, en el ejercicio legítimo de su derecho a manifestarse en un régimen democrático han salido a las calles a reclamar y exigir su dignidad ante un sistema que consideran abusivo.
En datos del Instituto de Derechos Humanos, para el día 08 de noviembre de 2018, se registran 262 acciones judiciales presentadas (Querellas y Recursos), 1.915 personas heridas en hospitales (Disparos de bala, perdigones, balines, golpes u otros) y 201 de ellas con heridas oculares. De la misma forma, indica a través de la red social Twitter, que “en las últimas semanas el INDH ha presentado más querellas que en los 9 últimos años, por desnudamientos en comisarías. (…)”1
Es decir, según los datos vigentes entregados por el INDH, la violencia cometida por la Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, han sobrepasado excesiva, brutal y vejatoriamente cualquier límite tolerable en un estado de derecho, aún durante el periodo de vigencia del estado de excepción constitucional, que sólo autoriza una restricción limitada de algunas garantías como la libertad de locomoción y reunión. Estas cifras, además, son inéditas a nivel internacional, y dan cuenta de una práctica sistemática de vulneración a derechos fundamentales con la finalidad de restaurar el orden público, sin mediar por parte del Ejecutivo una apertura al diálogo democrático con la ciudadanía.
Producto de lo anterior, ha quedado de manifiesto un actuar desmedido, imprudente y violento, que se traduce eventualmente en la comisión de tratos y apremios ilegítimos, u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de funcionarios públicos pertenecientes a las fuerzas armadas y de orden, en contra de personas que han ejercido el derecho constitucional
a manifestar su opinión, en un lugar público, y el derecho a reunión pacífica y sin armas. Las consecuencias de esto deberán, necesariamente, revisarse debidamente en instancias nacionales e internacionales que determinen las responsabilidades personales e institucionales que concurran en cada caso.
De hecho, varias personas han sido golpeadas, vejadas y maltratadas duramente en sectores como, Plaza Baquedano, comuna de Santiago Centro y Providencia, plaza de Ñuñoa, comuna de Ñuñoa, Metro Escuela Militar y comuna de Las Condes, entre otras comunas de Santiago y a lo largo de todo Chile, destacándose la violencia en las comunas pericentrales y periféricas, como Renca, Maipú y Puente Alto, donde la ausencia de uniformados en situaciones de alta peligrosidad para la población, como saqueos y quemas de bienes públicos y privados, ha expuesto a la población a la violencia, para luego verse nuevamente expuestos a la violencia de la represión sistemática de sus manifestaciones pacíficas. Todo esto, corresponde a información de público conocimiento, transmitida por todos los medios de comunicación nacional e internacional escrita o verbal, digital o papel, como ya lo hizo la plataforma web del reconocido diario The New York Time quien tituló su registro como: “‘It’s Mutilation’: The Police in Chile Are Blinding Protesters” que traducido al español sería: "Es mutilación: la policía en Chile está cegando a los protestantes”2.
Por su parte, la prestigiosa cadena televisiva británica BBC News, tituló en su página en español: “Protestas en Chile: la “epidemia” de lesiones oculares que ponen en entredicho al gobierno de Piñera”3. A mayor abundamiento, el presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, ha indicado que el organismo ha recibido más de cien denuncias por abuso de los agentes del Estado, agregando además, que las autoridades han bloqueado la información respecto de los casos.4] De la misma forma, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, a través de su último informe de monitoreo N° 12 del 07 de noviembre de 2019, registra ya más de 1.015 denuncias, 3 casos por impacto de proyectil balístico y 730 casos de disparo de perdigones, así como 122 lesiones oculares5, ]indicando que “subsisten las detenciones vinculadas a protestas sociales, y preocupan especialmente las detenciones de manifestantes pacíficos, quienes ven restringido su derecho a la protesta social y a la manifestación pública de ideas y reivindicaciones sociales. (…) las denuncias continúan
refiriéndose mayoritariamente a lesiones ocurridas por disparos de perdigones fundamentalmente en el cuerpo y extremidades inferiores.”6
Los casos que más han conmocionado a la sociedad, corresponden a la muerte de 20 personas, entre las cuales 5 corresponden a homicidios perpetrados por Agentes del Estado, según lo señalado por el INDH7. Entre las múltiples lesiones cometidas por agentes de Carabineros, una de las más graves, y que más ha generado polémica, ocurrió el viernes 08 de noviembre de 2019, cuando un manifestante recibió en su rostro 2 proyectiles, perdiendo uno de sus ojos de manera inmediata y el otro, luego de ser operado en la Clínica Santa María, esperando a que evolucione positivamente, a sus 21 años.8
Antes de que la Organización de las Naciones Unidas solicitara el cese inmediato en el uso de balines y perdigones, el ataque sufrido por las alumnas del Liceo 7 provocó el rechazo de toda la comunidad educativa y de buena parte del país, luego de que fueran heridas por un funcionario policial que disparó perdigones al interior de su establecimiento educacional. La situación se agravó luego de que se confirmara que el agente que percutó los disparos fue un mayor de Carabineros, siendo finalmente detenido y formalizado por el delito de apremios ilegítimos.9
Por su parte, la ONU fue lapidaria. Con fecha 08 de noviembre de 2019, publica en su página...
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