Entre el progreso y las balas
Para llegar al sector Miquihue , en la provincia de Arauco, es necesario internarse en la ruta P-72, que une las comunas de Cañete y Tirúa, en el extremo sur de la Región del Biobío. Ya no es noticia: la P-72 es la carretera más violenta del país. Más de 75 atentados han ocurrido aquí en los últimos dos años. Transitar por ella, entre casas, ganado, helechos y maquis acogotados por murallas de pinos y eucaliptos, permite apreciar las huellas de la violencia: casas incendiadas, antenas de telefonía destruidas, marcas de barricadas sobre el asfalto y señaléticas perforadas por perdigones; justo en el cruce San Ramón, una escuela, la G-857 Mapudungún, quiebra el paisaje: está nueva, recién reconstruida y entregada a fines del 2021 después de un incendio ocurrido en 2015. La oficina de información turística vecina sigue en cenizas. Cercano a este punto el camarógrafo de TVN Esteban Sánchez perdió uno de sus ojos en marzo del año pasado, cuando fueron baleados junto al periodista Iván Núñez.Es jueves. Sol y frío. Tres hombres transitan una ruta aledaña, la P-704, cargando bidones con chicha de manzana. Es un día tranquilo. No hay cortes, ni carabineros, ni tampoco militares a lo largo del camino, a pesar del estado de excepción acotado que rige en toda la macrozona sur. En el portón de una propiedad se lee un rayado: "No se le olvide de ser mapuche". En la entrada del cementerio Pilpilco-Choque hay otro: "Fuera Llaitul y CMPC". Cinco minutos después, las aguas del lago Lleulleu aparecen flanqueadas por las 25 mil hectáreas del fundo Choque, predio privatizado en 1978, cuando Julio Ponce Lerou, entonces al mando de Conaf, lo vendió a la empresa forestal Crecex Ltda., absorbida a la larga por la Forestal Mininco, perteneciente al holding CMPC.Una garza vuela sobre el lago. Se abre la puerta de una cabaña. Estamos en la propiedad del exconcejal de Tirúa, excandidato a alcalde por la comuna, excandidato a convencional constituyente y militante PPD Santo Reinao. En su interior están los dirigentes de 11 comunidades del Lleulleu que, junto a otras y durante décadas, han reclamado la devolución de las tierras del fundo Choque. Para hacerlo, reconocen que han usado la violencia. Sin embargo, el año 2018 decidieron establecer un vínculo inédito con CMPC y desarrollar un programa de reforestación nativa. El cuestionamiento de las comunidades no se hizo esperar, tanto de quienes no están interesados en el acercamiento como de las organizaciones radicales asentadas en la zona: Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), Weichan Auka Mapu (WAM), y Coordinadora Arauco Malleco (CAM).Las comunidades intentan tomarse con humor este rechazo. El grupo de WhatsApp por el que se coordinan, cuenta una dirigenta, se llama "Los Yanaconas", provocando risas en la cabaña. No son suficientes, eso sí, para esconder la desgracia: desde el inicio del vínculo con CMPC dos personas ligadas al programa han sido asesinadas: Elodia Aguayo, en un intento de robo en 2019, y Segundo Catril, hace apenas dos meses.La pazLa idea, dice Santo Reinao (PPD), vocero de los dirigentes, era mantener en reserva los detalles del vínculo con el holding . Para la empresa, cuenta el gerente de Asuntos Corporativos de CMPC, Guillermo Turner, y considerando el riesgo que corrían los participantes, no había intenciones de un hito comunicacional. Sin embargo, la querella criminal por el delito de homicidio calificado en calidad de frustrado, ingresada por el periodista Iván Núñez dos días después de la emboscada, cambió las cosas. En ella aparecieron los nombres de Santo Reinao y la dirigenta Gladys Huenumán (PC), las últimas personas con las que Núñez se comunicó antes de recibir el ataque, luego de entrevistar al líder de la CAM, Héctor Llaitul. El mismo Llaitul declaró a los medios que detrás del ataque no estaban ellos, sino que "la mano negra y siniestra de las forestales", aludiendo a comunidades mapuches "compradas", "yanaconas"...
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