Procesamiento por gastos reservados - 22 de Febrero de 2019 - El Mercurio - Noticias - VLEX 767659889

Procesamiento por gastos reservados

Justificado impacto han causado los antecedentes que se han conocido a raíz del procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba. El general (r) enfrenta cargos por una supuesta malversación de fondos públicos por casi $3.500 millones, durante su período al mando de la institución. La cifra correspondería a gastos reservados que habrían sido empleados para una diversidad de destinos ajenos a su fin, desde el uso personal que hizo el ex alto oficial de ellos y la entrega de "apoyos" a militares activos o en retiro, hasta la compra de obsequios y el funcionamiento y mantención de la residencia que ocupaba. La jueza que investiga el caso ha indicado que el propio Fuente-Alba habría reconocido parte de estas situaciones en sus declaraciones ante el tribunal; su abogado, sin embargo, ha cuestionado la validez jurídica de dichas diligencias. Como en todo caso judicial, ha de respetarse irrestrictamente el derecho del ex comandante en jefe a la presunción de inocencia y a hacer uso en su defensa de los recursos que le entrega la ley, y en ese sentido es de lamentar que un caso así deba ser investigado en los marcos de un procedimiento penal anticuado, con todas sus limitaciones. Los antecedentes que la opinión pública ha conocido tienen, sin embargo, una gravedad y un alcance que trascienden la situación personal de Fuente-Alba y demandan clarificaciones tanto de la institución que él encabezó como de las autoridades civiles de la Defensa.En efecto, la asignación de gastos reservados supone una excepcionalidad dentro de todo ordenamiento presupuestario, y su fundamento ha de estar sólidamente basado en razones de superior interés nacional. En el caso del Ejército, parece justificada su entrega al mando castrense para el cumplimiento de tareas de inteligencia y contrainteligencia militar asociadas a la seguridad nacional, cuya naturaleza impone esa reserva. De hecho, así lo hizo notar el ministro de la cartera durante la discusión del Presupuesto 2019, cuando advirtió que una reducción de esos gastos afectaría gravemente la protección de la soberanía y la integridad territoriales. Destinar, pues, tales dineros a cuestiones completamente ajenas a ese fin supone no solo apartarse de la ley, sino también defraudar la confianza depositada por el país en quienes dirigen una institución. Podrá señalarse que esta no es la primera vez que una situación así se plantea en el Estado, y que incluso se conoció en el pasado la...

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