La privación de la libertad en el marco de un proceso penal en tiempos de pandemia
| Autor | María Sofía Sagüés |
| Cargo del Autor | Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina ? Argentina |
| Páginas | 441-458 |
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LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN EL MARCO DE UN PROCESO PENAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA
LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN EL MARCO DE
UN PROCESO PENAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA
MARÍA SOFÍA SAGÜÉS
(Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina – Argentina)
1. INTRODUCCIÓN
La pandemia generada por el Covid 19 ha impactado de manera contundente
en las sociedades contemporáneas, desafiando los val ores que nos identifican como
comunidad y poniendo bajo tensión los pilares básicos de los ordenamientos jurídi-
cos y sus in stituciones.
La exigencia de aportar respuestas eficientes y adecuadas, a la par que respe-
tuosas de los derechos fundamentales y las instituciones republicanas, se proyectó
en múltiples órdenes. Entre ellos, las personas privadas de su libertad en el marco
de un proceso penal vieron ahondada su vulnerabilid ad, sumándose su condición
de grupo de riesgo frente al Covid-19 a los prex istentes factores que, interactuando
de manera simultánea, exig ían una tutela específica y diferenciada.
El presente trabajo pro cura presentar el escenario normati vo apl icable, así
como las líneas de implementación, en particular por órganos jurisdiccionales en
Argentina. Fr ente a una atmósfera aún apremiante, en el que la emergencia sanita-
ria sigue presente, la descripción que se presenta no es definitiva, pero procura
brindar las principal es líneas de acción desarrolladas frente a este desafío apre mian-
te por órganos de protección internacionales y domésticos.
2. ESCENARIO PRE VIO
La pandemia Covid-1 9 se proyectó sobre un angustiante escenario de la priva-
ción de libertad en el marco de un proceso penal, que se caracterizaba por una
brecha profunda entre las exigencias de los órdenes constitucionales y convenciona-
les, y la realidad. Es decir, ya con anterioridad a la pandemia, convivían s obre este
tema normas y estándares jurídicos su mamente tuitivo s, junto con la violación a
escala de derechos humanos en las prisiones.
A problemas estructurales como la sobrepoblación y hacinamiento extremos
(en algunos países la tasa de ocupación es superior al 300 por ciento1), precarias
condiciones de salubridad e higiene se sumaban prácticas jurídicas, como el abuso
1J. GARCÍA-GUERRERO y A. MARCO, «Sobreocupación en los Centros Penitenciarios y su impacto
en la salud», Rev. Esp. Sanid Penit, 14, 2012, pp. 106-113.
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del encarcelamiento preventivo (en cuyo marco se llegará a sostener que el 60 por
ciento de las personas privadas d e la libertad en Argentina 2, carecían de condena
definitiva y firme).
Esta situación, compartida por numerosos países de Latinoamérica, entre los
que cabe mencionar Brasil, El Salvador, Argentina, y muchos otros, redundó en una
judicialización del conflicto, generalmente a través de procesos estructurales, donde
se acentuó, justamente, el carácter sistemático del problema, la situación de «esta-
dos de cosas inconstitucional», y se adoptaron sentencias exhortativas o dialógicas,
cuya eje cución no gen eró, en la mayoría de los casos, respuestas satisfactorias.
3. DERECHOS DE LAS PERSONAS P RIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL
MARCO DE UN PROCESO PENAL. EXIGENCIAS CONVENCIONALES Y
CONSTITUCIONALES
El orden constitucional y el orden convencion al est ablecen pautas claras y
tuitivas en torno a los derechos de las personas privadas de su libertad. La Conven-
ción Americana de Derechos Huma nos (en adelante CADH) es enfática al exigir de
manera enfática el respeto a la dignidad de personas privadas de su libertad (en su
art. 5). A ello se suman las exigencias establecidas en otros instrumentos internacio-
nales, entre los que toman especial predicamento las Reglas Mínimas de las Nacio-
nes Un idas para e l Tratami ento de los R eclusos (R eglas Nel son Mande la) y,
consistentemente, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Per-
sonas Privad as de Libertad en las Américas.
En ese marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
CorteIDH) ha acentuado que la dignidad personal de los detenidos forma parte del
núcleo inderogable y no suspendible de los derechos humanos 3. Así, si bi en las
privaciones de la libertad implican un inevitable menoscabo, privación o alteración
de derechos de las personas, las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios
que deterioren la integridad física, psíquica o moral pueden llegar a constituir una
forma de pena cruel, prohibida por el 5 inc 2° de la CADJ.4
Las obligaciones consecuentes de los Estados exigen que ellos no puedan in -
vocar, como argumentos válidos par a su incumplimiento, privaciones económicas 5
e incl uso la de scoordi nación en tre las a utorida des prov inciale s y federa les. 6
Específicamente, con relación al tema objeto de este trabajo, la Corte Interamericana
ha acentuado que los Estados no pueden alegar situaciones de emer gencia como
argumento razonable para restringir los derechos de las personas privadas de la
libertad en el marco de un proceso penal7.
2Estadísticas del Servicio Penitenciario Federal, Síntesis de la población penal alojada al 16/05/2008.
3Corte IDH, Caso Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, sentencia de fecha 25 de noviembre de 2006,
Serie C No . 160.
4Corte IDH Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú Se ntencia de 25 de noviembre de 2004, serie C, 119,
párrafo. 101.
5Corte IDH, caso V élez Loor c/ Panamá, sentencia d el 23 de noviembre del 2010, Serie C, 218 párr.
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6Corte IDH, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de
2004. Solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos respecto de la República de Argentina caso de las penitenciarías de mendoza.
7Vr. Corte IDH, Penal Castro Castro cit.
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