Presupuesto del Sector Público para el año 2004.
| Fecha | 01 Octubre 2003 |
| Fecha de registro | 01 Octubre 2003 |
| Número de Iniciativa | 3366-05 |
| Etapa | Tramitación terminada Ley Nº 19.915 (Diario Oficial del 04/12/2003) |
| Materia | PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO |
| Cámara Legislativa de Origen | Mensaje,Cámara de Diputados |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2004.
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SANTIAGO, septiembre 30 de 2003.
M E N S A J E Nº ___42 - 350__/
Honorable Cámara de Diputados:
E l presupuesto del sector público es uno de los instrumentos más importantes a través de los cuales se orienta y se enmarca la actividad del aparato del Estado. El presupuesto asigna los recursos obtenidos por el Estado fundamentalmente a través de la recaudación tributaria, para distribuirlos a múltiples fines, que reflejan la diversidad y magnitud de las tareas que la sociedad le ha encomendado a las instituciones públicas. Los fondos públicos que se distribuyen a través del presupuesto, por su parte, deben estar enmarcados dentro de las disponibilidades de recursos que admite la política fiscal.
De este modo, el presupuesto afecta doblemente el bienestar de la ciudadanía: directamente, asignando recursos para la satisfacción de necesidades de la población incorporadas a las obligaciones o prioridades de las instituciones públicas, e indirectamente, generando condiciones para un crecimiento estable y sostenido, que facilite la inversión, el empleo y el mejoramiento en las condiciones de vida.
El presupuesto público, sin embargo, no es sólo una expresión de prioridades y deseos de las autoridades ni mira sólo al futuro, sino que también es reflejo de decisiones pasadas. Una proporción bastante alta del gasto público en todos los países del mundo depende de obligaciones y compromisos legales o contractuales, dejando un espacio limitado para nuevas iniciativas. Asimismo, el presupuesto público también va incorporando cambios en la estructura y gestión de las actividades del sector público. Finalmente, el presupuesto señala las prioridades del Gobierno en la asignación de nuevos recursos a programas e instituciones.
Al momento de someter a la consideración del H. Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2004, resulta útil evaluar de que modo este incorpora las obligaciones heredadas del pasado, los cambios recientes en el funcionamiento del Estado y las prioridades del Gobierno en la asignación de recursos para fines programáticos.
De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el presupuesto del sector público debe contener la totalidad de las obligaciones del Estado y sus instituciones en materia de gastos. Estas provienen en gran medida de obligaciones legales, algunas de las cuales son de larga data, como el pago de pensiones a jubilados del antiguo sistema previsional, asignaciones familiares, subsidios maternales o subvenciones educacionales. Otras obligaciones son más recientes y se derivan de reformas legales en proceso de aplicación, como la Reforma Procesal Penal, la extensión de la jornada escolar o la ley sobre Nuevo Trato Laboral en el sector público. Asimismo, el Estado debe honrar compromisos contractuales, como los asociados al servicio de la deuda o el pago a contratistas de obras de inversión. Finalmente, el presupuesto también contiene gastos que son relativamente rígidos, por estar ligados a la propia estructura del Estado, como los asignados a poderes autónomos.
El conjunto de estas obligaciones representa una alta proporción del presupuesto público en Chile. Es así como la suma de obligaciones legales, contractuales e institucionales del Estado conforma un componente inercial que equivale aproximadamente a un 75% del total de gastos contenidos en el presupuesto.
Una parte importante de estos gastos inerciales no sólo son inflexibles a la baja, sino que crecen de año en año por factores que no están bajo el control directo de las autoridades. En Chile, del total de gastos inerciales, cerca de dos terceras partes tiene una dinámica automáticamente expansiva. Así por ejemplo, el gasto en subvenciones educacionales crece de acuerdo a la población en edad escolar, a la cobertura educativa y al ingreso de nuevas escuelas a la Jornada Escolar Completa; la garantía estatal de pensión mínima involucra nuevas obligaciones a medida que se jubilan nuevos trabajadores bajo el nuevo régimen previsional, y el gasto en medicina curativa de libre elección de FONASA crece según la demanda de sus afiliados.
La existencia de un importante componente de gastos inerciales expansivos advierte sobre el hecho de que aún en una economía en crecimiento, no puede contarse con que el aumento de los ingresos fiscales vaya a quedar íntegramente disponible para financiar nuevos programas, beneficios o reducciones de impuestos. Por la misma razón, la presión que ejercen estos gastos expansivos se hace más evidente cuando la situación fiscal se hace más estrecha. Es así como en el presupuesto del año 2003, cerca de la mitad del margen de expansión del gasto estuvo explicado por aumentos de gastos en subsidios de salud, subvenciones educacionales, pago de bonos de reconocimiento y garantía estatal de pensiones mínimas y el aumento del déficit del sistema previsional de CAPREDENA y DIPRECA.
Los gastos inerciales expansivos no son un mal en sí mismo. En muchos casos estos reflejan la progresiva expansión de derechos económicos y sociales. Sin embargo, el que estas obligaciones emanen de normas legales permanentes no significa que las autoridades deban actuar pasivamente frente a las mismas, sobre todo cuando existe evidencia de abusos, ineficiencias o inconsistencia.
Es así como en años recientes se ha ido tomando creciente conciencia sobre la fuerte presión que se ha venido generando desde componentes del gasto que pueden ser objeto de racionalizaciones. Tal es el caso del uso de licencias médicas y por enfermedad del hijo menor de un año, de la franquicia tributaria para capacitación y el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
El examen de la situación vigente en cada una de estas áreas ha llevado al Gobierno a anunciar recientemente reformas destinadas a racionalizar la asignación de los recursos públicos. La propuesta considera que los ahorros generados por las medidas que incluye no se reduzcan del gasto público, sino que se asignen a materias altamente prioritarias para el país, como el resguardo de la seguridad ciudadana, la eficaz aplicación de la Reforma Procesal Penal, la extensión del permiso post natal, la capacitación de trabajadores independientes y microempresarios y acciones complementarias a la reforma de la salud.
Estas medidas, que serán discutidas en las próximas semanas, se encuentran reflejadas, por una cuestión de transparencia, en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2004.
Desde la discusión de la última Ley de Presupuestos, se han producido en Chile importantes reformas en materia de gestión pública. Tanto como expresión de procesos que habían venido madurando por largo tiempo, como en respuesta a casos de abusos que impactaron a la opinión pública, desde noviembre de 2002 se han propuesto, discutido y aprobado numerosas iniciativas para elevar la eficacia y transparencia en la gestión pública. El efecto de estas iniciativas puede ser hoy reconocido en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2004.
Es así como en enero de 2003 se aprobaron las leyes Nºs. 19.863 y 19.862 sobre remuneraciones de altos directivos públicos y registro de receptores de fondos públicos, respectivamente. Un componente central de estas reformas correspondió a la regulación de los gastos reservados. Es así como, por primera vez en 70 años, se estableció un marco regulatorio consistente y homogéneo para estos gastos, definiéndose su objetivo, instituciones elegibles para administrarlos, prohibiciones y sistema de rendición ante el Contralor General de la República. Complementariamente, se elevó la transparencia sobre el monto de los gastos reservados asignados a las instituciones de la Defensa y se autorizó la divulgación de información estadística sobre la ley reservada del cobre. Como producto de estas reformas y de la continuación de los esfuerzos del Gobierno por elevar la transparencia en la gestión pública, los gastos reservados de las instituciones distintas de la Defensa se reducirán en 48% respecto del presupuesto para 2003 y se acumulará una reducción de 70% del nivel que estos gastos alcanzaban en 1999 y 83% del de 1989.
Con posterioridad a la discusión de las leyes antes referidas, se suscribieron importantes acuerdos políticos para impulsar la Reforma del Estado. Dichos acuerdos permitieron aprobar en breve plazo un...
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