Presupuesto del Sector Público para el año 2001.
| Fecha | 03 Octubre 2000 |
| Número de Iniciativa | 2589-05 |
| Fecha de registro | 03 Octubre 2000 |
| Etapa | Tramitación terminada Ley Nº 19.702 (Diario Oficial del 01/12/2000) |
| Materia | PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Mensaje |
Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia el proyecto de ley de Presupuestos del sector público para el año 2001.
(boletín Nº 2589-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
Las políticas macroeconómicas adoptadas y el mejoramiento del entorno internacional han permitido que la economía chilena haya experimentado una paulatina recuperación a contar del tercer trimestre de 1999. Durante el año 2000 esto se ha traducido en un crecimiento superior al proyectado al elaborarse el presupuesto del presente año, lo que, unido al compromiso del Gobierno de mantener el crecimiento del gasto público en un 3,3%, ha permitido avanzar en la normalización de las cuentas fiscales.
El presupuesto gubernamental para el año 2001 representa una oportunidad no sólo para completar la normalización de las finanzas públicas, sino para que los beneficios de la responsabilidad fiscal vayan siendo percibidos por la población, especialmente los más pobres.
Este es, precisamente, el criterio que el Gobierno ha seguido al elaborar el proyecto de ley de presupuestos del sector público para el 2001. En este presupuesto, el primero de la actual administración, se refleja tanto la voluntad de actuar con responsabilidad en la conducción de la economía como la de avanzar decididamente en el cumplimiento de los objetivos de equidad, justicia y bienestar para todos los chilenos que forman parte fundamental del programa de Gobierno.
La recuperación del equilibrio en las finanzas públicas constituye una condición necesaria para el crecimiento económico en los próximos años. En el mundo de hoy los inversionistas valoran cada vez más la solidez de las cuentas fiscales al momento de tomar la decisión de invertir en un país. Mientras mayor sea la credibilidad de las autoridades económicas y menor sea el riesgo percibido por las instituciones financieras, menor será también el costo del crédito para financiar los proyectos de inversión que permitirán el crecimiento futuro de la actividad productiva y la generación de empleos.
Chile se ha destacado en los últimos años por su responsabilidad en el manejo de las cuentas fiscales. Los sostenidos superávit fiscales de la década de los noventa permitieron reducir el peso de la deuda pública desde un 47,2% del PIB en 1990 a un 14,2% en el 2000. Esto ha permitido que el costo del crédito para invertir en nuestro país sea sustancialmente menor al de otras economías emergentes, pero también ha permitido reasignar recursos desde el servicio de la deuda pública al gasto social y a la inversión pública.
El actual Gobierno se ha propuesto continuar y consolidar los avances logrados en este sentido. Esto ha llevado a mantener el crecimiento del gasto público en el 2000 dentro de los límites establecidos en la ley de presupuestos vigente y a financiar sus nuevas iniciativas mediante reasignaciones de recursos y un uso prudente de los fondos del Tesoro Público. Es así como puede proyectarse para fines del presente año una recuperación del equilibrio fiscal desde el déficit de 1,5% del PIB de 1999.
Las perspectivas del entorno macroeconómico para el 2001 son las más promisorias del último tiempo, tanto respecto del crecimiento de la actividad, como del mantenimiento de su estabilidad. Esta percepción se funda en la evolución que ha registrado la economía internacional, en la fortaleza del sistema financiero, en el comportamiento bajo control de la inflación, y en el impacto esperado de las medidas implementadas por el Gobierno y el Banco Central en agosto pasado.
Dentro de este contexto macroeconómico de renovada estabilidad es necesario considerar también que las medidas económicas de agosto tendrán su mayor impacto durante el próximo año. De este modo, se proyecta un crecimiento del producto en torno al 6,2% en el año 2001.
En este marco, el proyecto de ley de Presupuestos del 2001 contribuye a afianzar la estabilidad y el mayor dinamismo de la economía permitiendo avanzar simultáneamente tanto en el logro de los objetivos de la política fiscal como en la implementación del programa de Gobierno. Este primer Presupuesto que someto a vuestra consideración entrega señales claves sobre las nuevas prioridades y genera espacio para la inversión y la generación de empleos a través de reglas y señales claras.
En efecto, el presupuesto incorpora un cambio de mayor relevancia en cuanto a la conducción de la política fiscal al haber sido diseñado para alcanzar un superávit estructural del 1%. Para cumplir con dicha meta, este proyecto de ley compromete para el año 2001 un crecimiento del gasto con efecto macroeconómico de 5% real.
El diseño de la política fiscal es, sin duda, un elemento central en la generación de condiciones estructurales para un crecimiento sostenido en el tiempo. Por esta razón, el presupuesto del 2001 incluye significativos avances en la transparencia de la política fiscal, la eficiencia en la asignación y uso de los recursos y en la eficiencia de la gestión financiera del Estado. Asimismo, el nuevo diseño de la política es fundamental para movilizar los recursos destinados al cumplimiento del programa de Gobierno en un período de seis años y generar un horizonte estable de planificación para las instituciones. Para lograr estos objetivos el Balance Estructural aísla el efecto del ciclo económico sobre los agregados fiscales.
La decisión de orientar dicha política para mantener un superávit estructural de 1% cambia de manera fundamental la relación entre la política monetaria y la política fiscal generando una mayor certidumbre sobre el comportamiento de las finanzas públicas, lo que permite que la política monetaria se concentre en estabilizar la evolución del gasto privado. Dicha certidumbre resulta igualmente provechosa para los demás agentes económicos que pueden así tomar sus decisiones en un marco de mayor estabilidad y transparencia.
Los elementos de la política fiscal antes descritos se compatibilizan en el presupuesto que se propone con las prioridades y obligaciones asumidas por el Gobierno en orden a procurar una superación de los problemas que afectan a importantes sectores del país, especialmente a aquellas que presentan una mayor insatisfacción de sus principales necesidades, avanzando al mismo tiempo en la aplicación de reformas profundas en áreas tan importantes como la educación y la justicia. Paralelamente, se continúa con niveles de inversión equilibrados con las disponibilidades y con mayor impacto en la generación de empleos.
En materia de ingresos, los montos estimados que se proponen guardan debida relación con los lineamientos y objetivos generales antes reseñados, incorporando en su definición los efectos de las modificaciones legales que incidirán en la anualidad, especialmente las relativas a los impuestos que gravan el comercio exterior, como también aquellos que se derivan de acuerdos comerciales suscritos con anterioridad.
Adicionalmente, se incorporan en las respectivas cuentas de ingreso, los resultados en términos de recaudación producto del comportamiento esperado del precio del cobre, del tipo de cambio y del crecimiento estimado para nuestra economía.
En materia de gastos, y en consonancia con las prioridades y obligaciones antes expuestas, la asignación de recursos se ha definido a través de una formulación presupuestaria sustentada en una revisión de aquellos egresos que históricamente han presentado un comportamiento inercial. Ello con el objetivo de generar las economías necesarias para solventar, iniciativas y programas de alto impacto fundadas adicionalmente, en las capacidades reales de ejecución eficiente por parte de los organismos públicos involucrados y en un uso más eficaz de los recursos disponibles.
A su vez, y con el objetivo de avanzar en la eficiencia en la asignación de recursos, las propuestas de nuevos programas e iniciativas y la ampliación de los existentes, fueron resueltas caso a caso, a través de un mecanismo de postulación para el conjunto de los organismos públicos. La distribución de los fondos disponibles para estos proyectos se resolvió sobre la base de sus objetivos y resultados esperados y su mayor impacto en la solución de las prioridades y obligaciones asumidas por el Gobierno que presido, especialmente en el ámbito social.
Como resultado del referido proceso, el proyecto de ley de presupuestos que propongo, aparte de continuar con el necesario énfasis en la inversión, tanto de los fondos regionales como de los sectoriales, en infraestructura, agua potable, telefonía y electrificación, rurales, y de los relativos a la superación de la marginalidad social y económica, incorpora programas específicos en el campo de la educación prebásica, salud de sectores vulnerables, reforzamiento de la salud primaria, participación ciudadana, desarrollo de potencialidades de la micro y pequeña empresa, y otros de similar naturaleza y orientación.
Como consecuencia de las orientaciones y criterios imprimidos a la formulación de los presupuestos institucionales, los servicios públicos contarán con autorizaciones de niveles de gastos vinculados estrictamente a sus metas y objetivos en cuya definición se ha privilegiado la inversión e iniciativas de mayor beneficio para los usuarios, con exigencias adicionales en la reducción de gastos operacionales y en el uso más eficiente y eficaz de los recursos financieros y materiales.
En lo que respecta a los artículos de la iniciativa, cabe señalar que estos presentan los alcances y contenidos que a continuación se describen sucintamente.
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