Presupuesto del Sector Público para el año 2003.
| Fecha | 01 Octubre 2002 |
| Fecha de registro | 01 Octubre 2002 |
| Número de Iniciativa | 3077-05 |
| Etapa | Tramitación terminada Ley Nº 19.842 (Diario Oficial del 07/12/2002) |
| Materia | PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO |
| Cámara Legislativa de Origen | Mensaje,Cámara de Diputados |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia el proyecto de ley de Presupuestos del sector público para el año 2003. (boletín Nº 3077-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
El proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público es, sin duda, una de las piezas de legislación más importantes que se discuten anualmente en el honorable Congreso Nacional.
A su vez, la ley de Presupuestos es, por una parte, un instrumento central de la política fiscal, que constituye la principal herramienta de política macroeconómica de que dispone el Gobierno, y por otra, expresa de manera detallada el costo de cada una de las actividades que desarrollará el sector público en el transcurso del año. Por estas razones, las asignaciones presupuestarias contenidas en la propuesta del Ejecutivo deben reflejar las prioridades programáticas que éste se ha fijado.
El Presupuesto es también un instrumento de gestión, pues determina las posibilidades que tendrán las instituciones públicas de cumplir con sus objetivos y metas durante el año. No obstante, la relación entre recursos y resultados depende también de la eficiencia con que esas instituciones los administren.
Finalmente, el Presupuesto constituye una expresión fundamental de la institucionalidad democrática, por ser el medio a través del cual el sistema político representativo autoriza al Ejecutivo a aplicar los recursos provenientes de la facultad legal que le ha otorgado para recaudar tributos y demás ingresos del Estado.
En consecuencia con lo anterior, para elaborar un buen presupuesto no basta con que éste permita cumplir con los objetivos de la política macroeconómica, sino que también es necesario que contenga una eficiente asignación de los recursos, que genere los incentivos para que éstos sean aplicados con eficacia por las instituciones públicas, y que se transforme en un instrumento de explicitación de las acciones del Gobierno ante la ciudadanía. El proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2003, busca ser un buen presupuesto en todas estas dimensiones.
Desde el punto de vista macroeconómico, el referido proyecto de ley se ha elaborado teniendo en cuenta el complejo contexto externo que hoy enfrenta la economía chilena. El bajo crecimiento de los principales bloques económicos del mundo y las turbulencias que afectan a América Latina se han traducido en una caída en los flujos comerciales, en un deterioro de los términos de intercambio y en una reducción significativa de los flujos de capitales externos hacia nuestro país, todo lo cual equivale a más de un 5% del PIB esperado para el año 2002. Lo que es más grave es que tal situación sigue a otros cuatro años en que las condiciones externas han afectado negativamente a la economía chilena.
Condiciones tan adversas como éstas generaron en otras oportunidades crisis económicas de proporciones en nuestro país. Baste recordar a este respecto, la crisis de 1982-83, que se tradujo en caídas de la actividad económica superiores al 10% y tasas de desempleo que se empinaron por sobre el 25%. Más recientemente, la crisis asiática repercutió en una caída del PIB de 1,1% y en un aumento de la tasa de desocupación anual a casi un 10%.
No obstante lo anterior, lo que más llama la atención de quienes observan la economía chilena desde fuera es que ésta haya logrado mantenerse creciendo en 2001 y 2002, característica que la destaca especialmente respecto de las graves crisis que están afectando a otros países de América Latina, y que encuentra su explicación principal en los cambios que ha experimentado el marco de política macroeconómica desde 1999. Desde entonces, la política monetaria pasó de guiarse por una meta de inflación puntual a diciembre a una meta definida por un rango de inflación en un horizonte de 12 a 24 meses; la política cambiaria pasó de un esquema de flotación parcial dentro de una banda a un tipo de cambio libre; se ha liberalizado la cuenta de capitales, y la política fiscal pasó de un esquema discrecional a uno basado en una regla preanunciada.
Estos cambios han posibilitado que la economía chilena tuviera grados superiores de flexibilidad para adecuarse a las variaciones de su entorno en los últimos dos años. Éstos permitieron que la tasa de política monetaria y las tasas de interés de largo plazo bajaran en 2001-2002 en lugar de subir; que el tipo de cambio real se depreciara en lugar de apreciarse; que la inversión creciera moderadamente en vez de caer y que el riesgo soberano se redujera, mientras que para muchos otros países emergentes se elevaba.
La política fiscal tiene mucho que ver con la mayor fortaleza del marco macroeconómico actual. Así como la política monetaria hoy no le impone un techo al tipo de cambio, la política fiscal no le impone un piso a las tasas de interés, ayudando a sostener los niveles de inversión en el país. Para esto, la existencia de una regla preanunciada de política fiscal ha sido fundamental. Desde sus inicios de mi mandato, se han conducido las finanzas del Gobierno Central con el objetivo de generar un superávit estructural equivalente a un 1% del PIB. Esta meta se alcanzó por primera vez en 2001 y se volverá a cumplir en 2002.
La regla de superávit estructural constituye una señal potente de austeridad y responsabilidad fiscal a los agentes económicos; ha permitido que Chile sea el único país de América Latina que en la actual coyuntura pueda utilizar las finanzas públicas de manera contracíclica. En lo que respecta a la programación gubernamental, la política fiscal basada en dicha regla hace más estable y previsible la evolución del gasto público, facilitando a las instituciones tomar decisiones a mediano plazo y ganar en continuidad en la aplicación de sus programas.
El proyecto de ley de Presupuestos para el año 2003 se ha elaborado con el propósito de volver a generar un superávit estructural del gobierno central equivalente a un 1% del PIB. Para dar una señal adicional de transparencia y objetividad en la estimación del balance estructural, en esta oportunidad se ha recurrido a sendos comités de expertos para determinar el precio del cobre de largo plazo y las variables que permitan cuantificar la brecha entre PIB efectivo y PIB potencial. De esta manera, la regla de política fiscal en aplicación en Chile no es sólo una de las más exigentes y sofisticadas actualmente utilizadas en el mundo, sino también una de las que se aplican con mayor transparencia.
Es cierto que han surgido voces para proponer alguna excepción a la regla de política fiscal, ya sea para hacerla más expansiva o más restrictiva. Dichas propuestas han estado probablemente motivadas por el deseo de ver acelerada la reactivación y de superar las difíciles condiciones que muchos chilenos han debido enfrentar en los últimos años. No obstante, al cabo de dos años y medio de aplicación creemos que puede concluirse que la mejor opción ha sido cumplir la regla de política fiscal con rigurosidad y que cualquier vacilación no habría hecho sino restarle credibilidad a la conducción económica o haberle impuesto a la economía chilena un freno adicional innecesario. El veredicto de los mercados a este respecto ha sido claro: si la aplicación de la política fiscal ha estado acompañada de menores tasas de interés y un menor riesgo soberano es porque su diagnóstico es que las autoridades han estado en lo correcto.
Lo único que le puede dar credibilidad a una regla de política es cumplirla. Si una regla de política es quebrantada en una dirección, nada asegura que luego no pueda serlo en la dirección contraria. Al iniciarse la discusión del proyecto de ley de Presupuestos para 2003 vale la pena reafirmar la convicción de mi gobierno de que la regla de política fiscal basada en la generación de un superávit estructural del gobierno central equivalente a un 1% del PIB es la mejor opción de política fiscal y que lo único que le da credibilidad a dicha regla es cumplirla con la mayor rigurosidad y transparencia posible.
A partir de la meta de generar un superávit estructural equivalente a un 1% del PIB se ha determinado un marco de gastos para 2003 equivalente a $ 11.919.373 millones. Este marco está determinado fundamentalmente por el nivel sostenible de ingresos que el gobierno central es capaz de generar, representado por la estimación de ingresos estructurales, esto es, ajustando los ingresos tributarios proyectados por la brecha entre PIB efectivo y PIB potencial y los ingresos del cobre por la brecha entre precio del cobre de corto y largo plazo. Dado que las recomendaciones de los comités de expertos redujeron la estimación de...
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