Presidenta fija directrices para comisión que propondrá normas sobre relación política-negocios
Eran casi las 20:00 horas cuando la Mandataria ingresó al Patio de los Cañones junto a catorce de los 16 miembros del Consejo. En el escenario la esperaban sus ministros políticos, y entre los invitados destacaban representantes de diversos sectores de la sociedad, como de iglesias, empresarios, centros de estudios, los presidentes de todos los partidos políticos y ONGs, entre otros.
La ceremonia comenzó con un saludo enviado por los ex presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei, quien se encuentra fuera de Santiago. Luego fue el turno de la propia Mandataria, que en los 16 minutos que duró su discurso entregó su propuesta para hacer frente a la difícil situación que se ha generado en el marco de la relación entre la política y los negocios; entre esos, los casos Penta y Caval.
"Esta es una situación grave, a la que todos juntos tenemos que poner freno", expresó la Jefa de Estado, quien fijó las directrices para la comisión, las que apuntan a combatir el tráfico de influencias, conflictos de interés y la corrupción.
Bachelet destacó que el escenario actual requiere una solución institucional, que se debe actuar con celeridad, sin cálculos políticos, y afirmó que lo que está en juego es la democracia, el mercado y el rol del Estado.
La Presidenta además sostuvo que "hemos visto cómo algunos usan el poder de su dinero para influir en las decisiones de la democracia; es decir, para influir en las decisiones que nos afectan a todos. Y hemos visto también cómo algunos usan la influencia que otorgan los cargos democráticos y públicos; es decir, los cargos que están para servir a todos los ciudadanos y ciudadanas, para obtener ventajas personales".
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Fue así que la Jefa de Estado dio cuenta de una serie de medidas propias del Ejecutivo para hacer frente al momento político del país y anunció que enviará "un proyecto de reforma constitucional para que se establezcan sanciones, incluso la pérdida del cargo, a aquellos que han accedido a puestos de representación popular mediante prácticas ilegales" (ver recuadro).
En tanto, la comisión dispondrá de un plazo de 45 días para entregar propuestas. El Gobierno se comprometió a que, una vez recibidas las iniciativas, se demorará menos de 15 días para dictaminar instructivos administrativos. Los proyectos de ley tardarán 40 días en ser enviados al Parlamento.
Mientras daba a conocer estas medidas, la Presidenta comentó: "Algo que me compete en lo personal: he instruido para que a la...
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