Presidenta del CDE cuestionó los cambios de jurisprudencia que ha tenido la Corte Suprema
En su primera cuenta pública, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, cuestionó las últimas modificaciones de jurisprudencia que ha experimentado la Corte Suprema. A su juicio, esto ha generado "una carga adicional al Estado".
Las críticas las realizó en la ceremonia que se efectuó ayer en la Contraloría General de la República, a la que asistieron diversas autoridades. Entre ellas, el propio presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, y el ministro de Justicia, Hernán Larraín (ver recuadro).
Manaud explicó a "El Mercurio" que para que "los recursos de unificación de jurisprudencia realmente produzcan efectos hacia abajo y sean respetados, la Corte Suprema debe adoptar medidas". Para la abogada, la solución es establecer un sistema que permita que lo que resuelva el máximo tribunal constituya un precedente y que sea respetado por tribunales inferiores. "Por ejemplo, se les podría exigir a los jueces que cuando quieran fallar de una manera distinta a la de la Corte Suprema, fundamenten adecuadamente su discrepancia".
Caso por el 27-F
Uno de los cuestionamientos que hizo en su discurso en materia de jurisprudencia se refiere al área contenciosa, administrativa y civil. Específicamente, a las 60 demandas interpuestas contra el Estado por su supuesta responsabilidad en los fallecimientos producto del maremoto del 27 de febrero de 2010.
"Vemos con enorme preocupación que en las últimas sentencias dictadas no han considerado ni ponderado adecuadamente los elementos fácticos de suma relevancia, que determinan la ausencia de la referida relación causal. De esta manera, el fisco se ha transformado en una especie de asegurador universal, haciéndosele responsable de manera objetiva por todo tipo de daños, incluso los ocurridos por hechos irresistibles e imprevisibles, como el terremoto y tsunami aludidos", dijo Manaud.
Las otras críticas apuntan a la materia laboral y a la jurisprudencia de 2015, que ha determinado que la sanción de nulidad de despedido es aplicable al personal contratado a honorarios en la administración pública, estimando que la relación que unió al contratado con la administración es de naturaleza laboral. "La Corte ha establecido en numerosos casos que el fisco adeuda retroactivamente las cotizaciones durante todo el período que se prestaron servicios hasta la convalidación del despido, más reajustes e intereses".
Demanda de profesores
Por otra parte, Manaud valoró la unificación de...
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