Presentación por caso de Dávalos a tribunal del PS critica especulación inmobiliaria
La primera solicitud alude al estatuto partidario en materia de probidad y, en el caso de los militantes Dávalos y Compagnon, cita el artículo 2 del Código de Ética aprobado en 2006, en que se afirma que "ningún militante puede hacer uso de un cargo público, o incluso privado, para abusar del mismo a su favor, en el orden monetario, moral o de poder".
Al respecto, el texto pide al tribunal pronunciarse "sobre la correspondencia con la ética socialista de la pública reivindicación realizada por los militantes Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon (a través de sus abogados) de actividades de especulación inmobiliaria comprando terrenos baratos y vendiéndolos caro, mediando gestiones para obtener un cambio en el uso del suelo por órganos de la administración del Estado".
El documento agrega que la reivindicación aludida fue "hecha mediante declaraciones de Sebastián Dávalos, que describió el hecho como 'un buen negocio' ("El Mercurio", 15 de febrero, cuerpo C, página 2), y a través de los abogados de la empresa Caval, quienes declararon que 'el proyecto original era que Caval se quedara con los terrenos, pudiera hacer todas las gestiones en orden a regularizar y que, en el evento de que se cambiara el destino de uso de suelos, poder hacer proyectos de carácter inmobiliario adjudicándoles a terceros la construcción' ("El Mercurio" del 22-02-2015, cuerpo C, página 6)".
Quienes suscriben la petición, ambos miembros del comité central del PS, se preguntan luego: "¿Es procurar, siendo parientes de una alta autoridad de la República, el cambio legal del uso de suelo para aumentar el valor de un terreno, es decir una especulación inmobiliaria gravada con altos impuestos en otros países puesto que no media actividad económica alguna sino solo lobby político-administrativo, una actividad que se encuadre en cualquier idea que se tenga sobre lo que puede ser la ética socialista?".
Caso de Urízar
En cuanto al diputado Christian Urízar, se solicita que se suspenda su militancia luego que el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción, José Uribe, haya pedido su formalización.
Al diputado por Quillota se le acusa de fraude al fisco por un monto que supera los $100 millones, correspondientes a dineros del Gobierno Regional de Valparaíso.
Reunión de secretarios generales
El caso Caval y sus efectos será uno de los puntos que analizarán mañana los secretarios generales de la Nueva Mayoría.
El representante del PPD, Óscar Santelices, agregó que en la reunión...
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