La prensa, las bombas y el Once - 14 de Septiembre de 2014 - El Mercurio - Noticias - VLEX 528001074
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La prensa, las bombas y el Once

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Vincent

Uno de ellos fue un reportaje de Canal 13 en el que se insinuaba la vinculación de colectivos estudiantiles con la violencia. El otro, la publicación de un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados donde se declaraba el quebrantamiento del orden constitucional en los días previos a 1973.

Ambos suscitaron una reacción similar. Ni el Canal 13 tenía derecho a hacer esas insinuaciones, se dijo, ni la prensa escrita a publicar esa declaración. En el primer caso, Canal 13 contribuiría a criminalizar el movimiento estudiantil y en el segundo legitimaría, ex post, el quiebre de la democracia.

En el caso de Canal 13, se trató de un reportaje de investigación en el que se recogieron múltiples versiones acerca del sentido de los colectivos estudiantiles. La narrativa del reportaje y la oportunidad de su emisión, justo después del bombazo en la estación Escuela Militar, apoyaron la sugerencia de que existía algún vínculo, ideológico o de una índole similar, entre la manera en que esos grupos conciben la acción colectiva y el uso de la violencia.

¿Tenía derecho Canal 13 a efectuar esa vinculación?

Sí, sin duda.

Por supuesto, el Canal 13 puede estar equivocado y su insinuación ser errónea; pero de ahí no se sigue que haya razones para impedir que la divulgara.

La razón es obvia: si se exigiera a los medios emitir información estrictamente neutral, sin gota alguna de interpretación, su labor se reduciría a constatar la existencia de hechos sin nunca hacer el esfuerzo de interpretarlos. Tampoco puede pedírseles acertar siempre. El deber de los medios es buscar e indagar la verdad con diligencia; pero es absurdo sostener que su deber es alcanzarla y que lo incumplen cuando defienden interpretaciones controversiales o cuando yerran.

Así, entonces, se equivocan quienes sostienen que Canal 13 cometió un error al difundir ese reportaje. Los medios tienen derecho -cabría insistir- a emitir interpretaciones sobre los fenómenos sociales y a alimentar de esa forma el debate público. Discrepar de la forma en que se presenta la información en asuntos de interés público no es un motivo para impedir o quejarse por su emisión. Y, por supuesto, quien se sienta maltratado por esas interpretaciones tiene derecho a plantear sus puntos de vista para defenderse; pero a lo que no tiene derecho, y esto vale para cualquier...

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