Politización de la justicia argentina - 29 de Abril de 2013 - El Mercurio - Noticias - VLEX 433963730
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Politización de la justicia argentina

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Vincent

La reforma contempla variados capítulos. El más debatido encarga el nombramiento y destitución de los jueces a un organismo cuyos integrantes serán elegidos por votación popular, según listas de los partidos políticos. En reacción a la medida cautelar que frenó la aplicación de la Ley de Medios contra el grupo Clarín, se introducen rígidas limitaciones a los recursos de amparo y a las medidas cautelares que suspenden normas y resoluciones del Estado. Otra innovación crea tres tribunales de casación, de tercera instancia, cuyo pronunciamiento será previo a la apelación ante la Corte Suprema. Asimismo, se elimina la atribución de los jueces para designar personal administrativo y se establecen razonables exigencias de transparencia sobre los fallos judiciales y respecto del patrimonio de los jueces.

Los cambios introducidos por la Cámara de Diputados al proyecto judicial exigirán nuevas aprobaciones por el Senado, donde la Presidenta Fernández goza de amplia mayoría. No se descarta que, una vez terminado el trámite legislativo, se recurra sobre su constitucionalidad a la Corte Suprema, demorándose la aplicación de la reforma y provocando un conflicto de competencia.

Según sus detractores, estos cambios constituyen el fortalecimiento del autoritarismo del gobierno, otro retroceso para la democracia argentina y un fuerte debilitamiento de las atribuciones de la Corte Suprema.

Sin duda, el conjunto de las modificaciones diluye la separación y el equilibrio de los poderes públicos en beneficio del presidencial, en desmedro de la democracia y de los derechos ciudadanos y de las asociaciones y empresas privadas. Un Poder Judicial dependiente de las mayorías políticas es fuente de inseguridad para la población y de incertidumbre para la vigencia del Estado de Derecho. E igualmente preocupante para la convivencia ciudadana es el agravamiento que esta reforma significa para la marcada división interna que ha introducido el gobierno de Cristina Fernández, cuya impopularidad va en aumento.

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