Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena
INTRODUCCIÓN
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Durante los últimos meses, los estudiantes y profesores, junto a diversos actores vinculados al mundo de la educación, han hecho sentir a la sociedad con especial intensidad la necesidad de avanzar con mayor celeridad en los desafíos que enfrenta nuestra educación. Nos referimos a las deficiencias que, no obstante los esfuerzos desarrollados por los anteriores y el actual gobierno, aún subsisten en materia de calidad, cobertura, financiamiento y regulación de la educación en sus distintos niveles.
Como hemos expresado en reiteradas oportunidades, hemos oído estas inquietudes con especial atención y valoramos las distintas manifestaciones pacíficas que han efectuado, las que sabemos han sido realizadas en el legítimo ánimo de ser promotores activos de una mejor educación para Chile. Asimismo, estamos convencidos de que hay tiempos y tiempos, y que el que viene ahora ha de ser el del diálogo, el del trabajo y, finalmente, el de los grandes consensos por nuestra educación.
El gobierno planteó hace algunas semanas la invitación a un Gran Acuerdo Nacional por la Educación, iniciativa que contiene un conjunto de medidas que implican abordar la esencia de muchos de los problemas indicados, al tiempo que un compromiso de aporte de mayores recursos -por sobre el presupuesto normal de educación- que nos da la posibilidad única como país de dar un salto sin precedentes.
Sin embargo, entendemos que una iniciativa de esta trascendencia tiene que ser consensuada con los distintos actores sociales, y en ese espíritu hemos sostenido un diálogo con los rectores de las universidades estatales, tradicionales y privadas, con los rectores de los centros de formación técnica e institutos profesionales, con representantes de los estudiantes de educación superior y escolares, con directivos del Colegio de Profesores, con directivos de establecimientos educacionales, sostenedores, con representantes de padres y apoderados y con personeros de distintos partidos políticos; todo ello en el espíritu de analizar los perfeccionamientos, adiciones, complementos y demás mejoras que podamos introducir a este plan, con la firme convicción de que debemos generar un gran pacto por la educación.
Sabemos que en el ámbito de la educación existen múltiples visiones que resulta difícil conciliar. También estamos conscientes -y debemos estarlo todos- que cualquier agenda debe ser capaz de combinar la audacia con el realismo. Como hemos señalado reiteradamente, no les tenemos temor a las diferencias, sino que a las intransigencias, en cuanto nos hagan imposible avanzar. Por otra parte, es nuestra responsabilidad como gobierno plantear con claridad las fronteras entre lo posible y lo imposible, y sobre todo velar por los intereses de toda la sociedad, pensando en que el bien común nos alcanza a todos, incluyendo a aquellos que no pueden hacer oír su voz. Estamos convencidos que con generosidad, visión de país, liderazgo y buena voluntad seremos capaces de encontrarnos en este gran acuerdo o pacto que buscamos impulsar, y que nos pondrá a la altura de las expectativas que la sociedad ha cifrado sobre sus autoridades, tanto gubernamentales como parlamentarias.
Para poder financiar tanto los desafíos de corto como de mediano y largo plazo en materia de educación parvularia, escolar y superior, el Gobierno ha adoptado -y garantiza- el compromiso de adicionar la cantidad total de 4.000 millones de dólares al presupuesto de educación, desde ahora y por los próximos 4 a 6 años. Estamos conscientes de las aspiraciones de algunos actores de aumentar aún más este esfuerzo sin precedentes. Sin embargo, dadas las distintas necesidades sociales que aquejan en forma urgente a nuestro país (extrema pobreza, salud y vivienda, entre otras), proceder en esa dirección no sólo arriesga sensiblemente el cumplimiento de estas otras metas igualmente acuciantes, sino que también compromete una adecuada focalización de los recursos públicos.
En síntesis, por medio de este documento damos cuenta del contenido del pacto por la educación que estimamos necesario impulsar, de las modificaciones y perfeccionamientos que, producto de este proceso de diálogo con los distintos actores, hemos incorporado a nuestras propuestas, respondiendo de esta forma a las inquietudes y planteamientos que aquellos nos han hecho valer.
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Como consideración previa, corresponde consignar que es nuestra convicción que una educación de calidad es fundamental para el desarrollo y realización plena de las personas, para lograr una mayor igualdad de oportunidades y movilidad social y para un mayor progreso del país.
La educación no es sólo un medio para alcanzar mayores niveles de conocimientos, habilidades y productividad. Antes que eso, es un fin en sí mismo, pues facilita la realización individual y el desarrollo de los talentos.
Creemos que todos los niños y jóvenes son capaces de alcanzar aprendizajes de calidad si cuentan con las oportunidades para ello. Por lo tanto, debemos contar con un sistema educacional que no admita excusas para lograr estos resultados, y en consecuencia, establezca las herramientas, recursos, motivaciones y responsabilidades necesarias.
De este modo, mejorar la cobertura, acceso, calidad y financiamiento de la educación, en todos sus niveles, constituye una condición necesaria para construir una sociedad más libre, más justa y más próspera.
Para lograr estos objetivos, aparte de avanzar en las materias antes señaladas, es fundamental que el Estado y la sociedad reconozcan, respeten y promuevan ciertos principios y valores fundamentales, entre los cuales destacan:
-El derecho de todo niño y joven de acceder a una educación de calidad, de acuerdo a sus méritos y esfuerzos.
-El derecho y el deber preferente de los padres de educar a sus hijos, y la libertad de los jóvenes para escoger su vocación.
-La libertad de enseñanza, la libertad de creación y administración de instituciones educaciones y la pluralidad de modelos educativos.
-El derecho de los padres y de los jóvenes a elegir entre las distintas modalidades y opciones educacionales.
-El deber del Estado de promover la existencia de proyectos educativos diversos, dotar a las familias y jóvenes de la información para tomar decisiones adecuadas, respetar sus decisiones, velar por la calidad de las instituciones educacionales y asegurar la existencia de condiciones financieras para que efectivamente ellos dispongan de alternativas y puedan elegir.
Para el logro de estos objetivos necesitamos fortalecer la sociedad docente, a través de un sistema mixto de provisión de educación, en que coexista la educación pública con la educación privada en todos los niveles. Este modelo ha generado un creciente aporte en cobertura, calidad, equidad y movilidad social, desde que ha combinado la diversidad, el emprendimiento privado, la filantropía o la motivación de obtener una legítima retribución, con la necesaria presencia y provisión de educación por el Estado. Con todo, tratándose de las universidades, nos ocuparemos de hacer cumplir la legislación vigente en cuanto dispone que son corporaciones sin fines de lucro.
El sistema educacional debe contar con recursos suficientes para aspirar a resultados de calidad. En materia parvularia y escolar, creemos que el mecanismo de distribución de recursos a las familias por intermedio de la subvención escolar es el apropiado para el desarrollo del sistema. Entre otros, esto permite la libre creación y mantención de establecimientos; incentiva en éstos alcanzar buenos resultados; y estimula la asistencia de los alumnos a clases. Asimismo, permite la libre elección de las familias del establecimiento donde educar a sus hijos y no es incompatible con el derecho de éstas de aportar a su educación, alternativa muy valorada por una gran mayoría de padres y que consideramos fundamental preservar. Finalmente, destacamos que el aporte estatal se ha perfeccionado destinando mayores recursos a las familias más vulnerables, asegurándoles un acceso gratuito y de creciente calidad.
En materias de educación superior, creemos que el Estado debe aumentar gradualmente su aporte a los programas de becas y créditos, de tal forma que todo estudiante con méritos pueda ingresar a la educación superior, sin que la condición socioeconómica constituya una barrera, expandiendo el programa de becas, bajo criterios básicos de focalización. Asimismo, se debe asegurar que todos los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a créditos con apoyo estatal para financiar sus estudios, en condiciones que le aseguren tranquilidad mientras estudian y la posibilidad de restituirlo durante su vida laboral.
Respecto del aporte del Estado a las instituciones de educación superior, el gobierno considera pertinente perfeccionar los mecanismos de financiamiento a instituciones, considerando su desempeño y el rol que cada una de ellas cumpla, con rendiciones de cuentas periódicas. Se propone también complementarlos con nuevos apoyos a través de convenios de desempeño que fomenten áreas específicas y fondos de revitalización institucional.
Finalmente, en lo que toca a la calidad de educación en sus diversos niveles, y según se ha expresado reiteradamente, entendemos que el Estado debe asumir un rol fundamental e insustituible al respecto. De ahí que proponemos una reforma constitucional en tal sentido.
En este contexto, presentamos a continuación nuestra propuesta para la educación:
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EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL
La educación es un derecho fundamental de clara jerarquía constitucional, especialmente garantizada en los numerales 10 y 11 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.
Sin perjuicio de lo anterior, y dada la trascendencia y consenso que existe sobre avanzar en materias de acceso y calidad, al punto que el Gobierno y el Congreso han implementado relevantes cambios legales en los últimos años en estas materias, consideramos necesario incorporar a nivel constitucional los siguientes principios:
-La...
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