Política y patrimonio - 7 de Marzo de 2017 - El Mercurio - Noticias - VLEX 670306017

Política y patrimonio

Pese a que el ex Presidente Piñera se autoimpuso en 2009 estándares de regulación de su patrimonio muy por sobre cualquier legislación existente -para prevenir conflictos de interés-, la repercusión alcanzada por situaciones como la pesquera Exalmar y la minera Dominga anticipan la insuficiencia de imagen política que puede tener hoy en su caso una fórmula sometida exclusivamente al marco legal. En ello influye decisivamente el tamaño de ese patrimonio y el protagonismo del ex mandatario en su gestación a partir de cero. De ahí la expectación que existe por conocer, junto a su anuncio de enfrentar una nueva contienda presidencial, las resoluciones que adoptará acerca de sus inversiones.

En 2009, y en ausencia de regulaciones, Sebastián Piñera colocó sus inversiones en Chile en un fideicomiso ciego administrado por cuatro instituciones nacionales que, luego de que dejara la Presidencia, volvieron a las sociedades familiares. Una vez elegido Presidente, en 2010 enajenó la mayor parte de su patrimonio, el que estaba concentrado en Chilevisión, LAN y Blanco y Negro. Estos montos se trasladaron mayoritariamente a inversiones en el extranjero que fueron administradas hasta ahora por sociedades en las que no participa, pero que controla al menos indirectamente y cuyas inversiones, al no haber obligación de informar, no se conocen con exactitud. Con todo, no existe evidencia de que se haya involucrado en su gestión mientras ejerció la Presidencia de la República. Las inversiones en Exalmar y Dominga, que han ocupado el foco del debate de los últimos días, si bien son objeto de investigación, difícilmente pueden ser calificadas como irregulares y son más bien propias de la gestión de un patrimonio tan relevante, sin perjuicio de la falta de prudencia política que puede enrostrarse a sus administradores por invertir en una pesquera peruana en medio del litigio por la delimitación marítima.

De cara a una nueva campaña presidencial, escenario altamente probable, el ex mandatario tiene distintos caminos posibles. Uno es mantenerse apegado a la ley publicada a comienzos de 2016 que establece que no se puede tener acciones, bonos u otros instrumentos de naturaleza similar emitidos por sociedades chilenas por montos que superen las UF 25 mil, a menos que ellos se entreguen a un fideicomiso ciego. Esto permite, sobre la base de que ello no generaría conflictos de interés, invertir en otros países sin necesidad de constituir un fideicomiso. Esta decisión...

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