Polémicas libertades condicionales - 5 de Mayo de 2016 - El Mercurio - Noticias - VLEX 637642029
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Polémicas libertades condicionales

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Vincent

Sorpresa y malestar ha causado el otorgamiento del beneficio de la libertad condicional a unos 1.600 presos en el país, de las cuales más de 780 fueron concedidas en la Quinta Región. Este elevado número -comparativamente al primer semestre de los años anteriores- obedecería a un cambio de criterio en las comisiones encargadas de conceder el beneficio, que están formadas por jueces y dependen de las respectivas Cortes de Apelaciones. En algunos casos, como el de la Región de Valparaíso, se pasó de una tasa cercana al 10% a una de 90% de otorgamiento. La ministra de Justicia reaccionó enérgicamente, señalando que la Judicatura debe una explicación y que lo ocurrido equivale a la apertura de una cárcel completa. Por su parte, el Poder Judicial, a través del presidente y el vocero de la Corte Suprema, ha optado por realizar una defensa corporativa argumentando, en primer término, que se trata simplemente de la aplicación de los requisitos establecidos en la ley, los cuales no han sido definidos por los jueces. En segundo lugar, sostienen que el Gobierno también tendría su cuota de responsabilidad en estas decisiones, en la medida en que ellas se adoptan sobre la base de informes de Gendarmería, institución dependiente del Ministerio de Justicia. Este organismo ha expresado, a su turno, que las comisiones judiciales ni siquiera se atienen a sus informes -los que desde luego no son vinculantes-, de modo que en el último proceso el beneficio se habría otorgado en numerosos casos a pesar de que las solicitudes venían acompañadas de un informe negativo de Gendarmería. Nuevamente en Valparaíso, más de 500 de las solicitudes acogidas venían informadas negativamente por Gendarmería. Para colmo, ya en los primeros días desde la liberación de los beneficiados, algunos de ellos han sido detenidos por diversas situaciones y la presunta comisión de nuevos delitos.

Uno de los aspectos más lamentables de este episodio es la evidente falta de autocrítica de las instituciones y organismos involucrados, como si la distribución de competencias entre diversas instancias permitiera a cada una actuar sin referencia a los objetivos generales de la regulación. Tampoco ayuda a solucionar los problemas el tono alarmista que por momentos se ha instalado en el debate público, como cuando se insiste en que el 27% de los beneficiados...

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