Polémica entre poderes Ejecutivo y Judicial - 27 de Octubre de 2011 - El Mercurio - Noticias - VLEX 328751567
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Polémica entre poderes Ejecutivo y Judicial

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Vincent

Las reacciones a las palabras del ministro de Justicia sobre los nombramientos judiciales ponen nuevamente en evidencia una pugna que se arrastra hace meses entre el Gobierno y una parte de los jueces de garantía en materias de orden y seguridad. En principio, se trata de una pugna legítima, que expresa concepciones o énfasis diferentes en cuanto a la forma de proteger los derechos de los ciudadanos y hacer respetar las reglas básicas de convivencia social. A las consabidas discrepancias en cuanto a los requisitos para decretar la prisión preventiva de los imputados se ha sumado ahora, a propósito de las movilizaciones y los hechos de violencia en torno a ellas, la interpretación de una serie de figuras delictivas. En ambas materias, las leyes entregan a los jueces un margen de libertad interpretativa que es imposible eliminar sin caer en un casuismo cuya consecuencia final es lo que se quiere evitar: la ineficacia de la ley.

Para sancionar conductas que no estarían adecuadamente previstas por la legislación, el proyecto presentado para "fortalecer el resguardo del orden público" busca, por ejemplo, penalizar el saqueo, la "invasión" o la ocupación de lugares públicos o privados, la obstaculización de labores de asistencia y otras formas de alteración grave del orden público que se enumeran y detallan. Además, se plantea permitir a las policías "consignar" por su cuenta ciertos medios de prueba (como filmaciones o grabaciones) que permitan acreditar esos hechos y sancionar con mayor intensidad a quienes se sirven de artificios para ocultar su identidad o facilitan el acceso a material considerado como armamento.

Prácticamente ninguna de las disposiciones que se pretende introducir a la legislación vigente es indispensable para hacer frente a los atentados contra las personas, la propiedad y el orden público que se trata de prevenir y castigar. Las leyes penales generales y especiales ya contemplan sanciones penales para los delitos de daños, agresiones contra la autoridad o sus agentes, alteraciones graves del orden público, etcétera. Lo que ocurre es que la interpretación judicial de las normas pertinentes puede ser restrictiva, y el proyecto busca disminuir el campo de interpretación que, a juicio del...

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