Piden dar 'mayor valor' y 'protección' a testimonios en atentados a viviendas
De 55 viviendas quemadas, entre 1999 y 2016, solo existe una condena: la que se dictó en contra de Celestino Córdova, quien fue sancionado con 18 años de cárcel en su calidad de culpable de incendio intencional con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger McKay, ocurrido en la madrugada del 4 de enero de 2013.
En el total de inmuebles arrasados por el fuego se incluyen tanto casas patronales como viviendas destinadas a trabajadores o incluso pertenecientes a personas de origen mapuche.
El director de la Multigremial de La Araucanía, Emilio Taladriz, asegura que si la justicia "hubiera dado mayor valor a las pruebas testimoniales" presentadas por la fiscalía y la parte querellante, "hoy tendríamos muchas más condenas". Añade que "en muchos casos se obtiene la información, esta se entrega en la investigación, pero no es prueba relevante para el sistema judicial".
Según el dirigente, "tenemos imputados que han quedado libres, porque no se ha valorado la prueba de testigos o no se han otorgado las medidas de protección que estos piden".
Para el abogado de la familia Luchsinger, Carlos Tenorio, quien ha defendido alrededor de 500 causas en torno a la violencia rural en la zona sur, "existe una gran brecha entre el delito base y el delito con connotación terrorista". Respecto de esta última figura, admite que, "yo, sinceramente, prefiero no pedirla, dada la gran cantidad de requisitos que se exigen para comprobar la intencionalidad terrorista".
Tenorio detalla que la mayoría de los delitos de este tipo está con informes de investigación policial que dan cuenta de la comisión del hecho, y agrega que "lo que siempre falta es la prueba de participación, porque se trata de grupos muy bien organizados y que logran infundir temor" en quienes presencian los hechos.
Añade que autores y testigos de un delito "pertenecen a comunidades bastante cerradas, donde estos últimos temen ser víctimas de represalias, como ya ha ocurrido". El profesional considera que "lo que aquí falta son mejores labores de inteligencia que permitan prevenir" y recalca que "los casos más emblemáticos de atentados -porque incluyen casas-habitación- están quedando sin sanciones, porque no hay responsables cumpliendo penas".
Por su parte, el senador Alberto Espina (RN) es partidario y promotor de que el delito de incendio intencional tenga el mismo trato que los delitos de narcotráfico y trata de personas, para que pueda ser "investigado por agentes incubiertos y probado mediante...
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