Peña Nieto promulga ley de transparencia para atacar la corrupción en México
"La ley de transparencia ayudará al Estado mexicano a adoptar el paradigma de los gobiernos abiertos", prometió ayer el Presidente en un acto en el Palacio Nacional, con presencia de gobernadores, miembros de su gabinete, representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil.
La iniciativa del gobierno, con respaldo de los legisladores del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), consiguió también el apoyo de los opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes llegaron a un acuerdo político para aprobar la ley en la Cámara de Diputados y el Senado.
"La transparencia empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas", sostuvo Peña Nieto, quien añadió que con la normativa se "cierran espacios a la opacidad y discrecionalidad". La ley entra hoy en vigencia.
La medida llega en un momento oportuno: según Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 entre 174 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014; mientras que 7 de cada 10 mexicanos consideran que la corrupción aumentó en los dos últimos años; 3 de cada 5 han dado un soborno a la policía, y 1 de cada 2 ha dado un soborno al Poder Judicial, de acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción 2013, del mismo organismo.
El ritmo de las revelaciones sobre supuesta corrupción entre funcionarios públicos se ha acelerado en un país todavía golpeado por el asesinato de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, presumiblemente a manos de narcotraficantes coludidos con las autoridades, y por la violencia del narcotráfico. Incluso la Primera Dama, Angélica Rivera, se vio involucrada en un escándalo cuando se supo que meses antes de la victoria electoral de su marido, en julio de 2012, adquirió una mansión de cuatro millones de dólares a una importante empresa contratista gubernamental.
El descontento de la sociedad se agudiza por un creciente uso de las redes sociales para reportar abusos y denuncias, al tiempo que grupos de la sociedad civil están más atentos a la actuación de las autoridades y tratan de llevar a los responsables ante la justicia.
Tribunal de cuentas
En lo sustancial, el nuevo sistema implicará fuertes cambios en el esquema de control del gasto público por parte de la Auditoría Superior de la Nación (ASP). Actualmente, el gasto fiscal sufre fugas por distintas vías y es auditado con un año de retraso y, además, no incluye a estados y municipios.
El nuevo...
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