Orden dentro de la libertad
Los movimientos de trabajadores, transportistas, funcionarios, organizaciones ambientalistas, deudores y de estudiantes han puesto en evidencia que la tolerancia de conductas extralegales conduce paulatinamente o facilita hechos de violencia, destrucción de propiedad pública y privada, pérdida de ingresos al Estado, menores aportes a las municipalidades, menor tributación de las empresas, lo que en definitiva perjudica a los más pobres y, también a la larga, a los que organizan y participan en esas acciones mayoritariamente ilegales. Se ha forjado la imagen de que con estos actos se obtienen decisiones, beneficios o prebendas que no es posible alcanzar por el ejercicio de los derechos dentro de la libertad, la mayoría de las veces provocando una injusta distribución de los excedentes económicos o financieros del país, agravando la que se debe a la falta de solidaridad.
En un artículo publicado por "El Mercurio" el 3 de diciembre de 1997, titulado "Conductas extralegales", afirmamos: "Con preocupación hemos comprobado que se ha iniciado en nuestro país una práctica política de realizar, tolerar o aceptar conductas extralegales".
Hoy tenemos que reiterar nuestro llamado a servir a través de una política seria, intuitiva, informada, racional y con respeto a la institucionalidad vigente, sin perjuicio de accionar dentro de la juridicidad para modificar aquello en que no estemos de acuerdo.
Hay muchos proyectos pendientes en el Congreso Nacional que son necesarios para evitar las demasías descritas, como sobre negociación de los servidores del Estado, tribunales contencioso-administrativos, reformas a la salud, educación, etcétera.
Hay que afrontar, de una vez por todas, la reforma constitucional sobre aceleración de los procesos legislativos, ya contemplados en la reforma constitucional de 1970, pero nunca llevados a la práctica, para que haya una actividad legislativa oportuna; suprimir las semanas regionales o distritales de los senadores y diputados (les corresponden atribuciones nacionales y no de gobierno local, provincial o regional propio de los alcaldes y concejales, intendentes, gobernadores y consejeros regionales); modificar el sistema electoral para hacerlo más participativo y representativo de la ciudadanía; establecer el referendo o plebiscito, debidamente informado, previa discusión en la Cámara y el Senado, para que los ciudadanos puedan dar opinión o decidir sobre materias muy importantes para el país; examinar la vigencia del...
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