Oposición venezolana denuncia una maniobra del chavismo para ilegalizar los partidos
Para la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), el objetivo es claro: "ilegalizar" la oposición imitando el modelo de Daniel Ortega en Nicaragua, que en las últimas elecciones presidenciales se impuso sin rivales tras objetar legalmente a cualquier competencia real.
Según el CNE, todas las agrupaciones políticas que no participaron en los dos últimos comicios o no alcanzaron el 1% de los sufragios, deberán reinscribirse en un proceso de recolección de firmas que se realizará durante 10 fines de semana, desde el 18 de febrero hasta el 23 de abril. La trampa es que esta medida afecta, sobre todo, a la oposición, ya que la mayoría de los 59 partidos que tienen que revalidar su inscripción participaron con la tarjeta única de la MUD, que en las pasadas legislativas en 2015 arrasó, con el 56,2% de los votos.
El mecanismo para el trámite, además, está lejos de ser expedito. Cada partido deberá recaudar firmas equivalentes al 0,5% del padrón electoral, en 12 de los 24 estados del país y en apenas dos días. Y para ello solo dispondrá de 380 máquinas biométricas, una fracción mínima en comparación con las 4.800 con las que contó el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en sus elecciones internas o las 40.000 de que dispone en total el ente electoral.
La MUD denunció que las condiciones para la reinscripción de los partidos son "inaceptables" y "constituyen una afrenta, una burla a la democracia". La coalición recordó que antes, ese mismo procedimiento demoraba cuatro meses, y que al limitar el número de partidos, lo que el gobierno de Nicolás Maduro pretende es que los "ciudadanos estén condenados a 'escoger' solamente entre las opciones que el régimen presenta".
La estratagema del CNE también fue denunciada por el rector electoral Luis Emilio Rondón, el único de los cinco miembros del directorio del órgano que no es chavista: "El CNE limita el derecho a la participación al aprobar el proceso de renovación de partidos en condiciones de casi imposible cumplimiento", escribió en Twitter, a la vez que reconoció que es "sumamente grave" que se dificulte el derecho a la asociación política.
"Aquí lo que quiere el gobierno es ilegalizarnos. La dictadura en Venezuela no usa la fuerza, sino que las instituciones y los órganos constitucionales para mermar las libertades democráticas con mecanismos sublegales", asegura a "El Mercurio" el legislador opositor Luis Florido, presidente de la comisión de Política Exterior de la Asamblea...
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