Nueva ordenanza de construcción duplica categorías de riesgo por desastres naturales
Para prevenir su impacto en las ciudades, el Ministerio de Vivienda (Minvu) está a punto de implementar una serie de cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En lo medular, el decreto supremo -que el martes reingresó a Contraloría para su toma de razón- duplica las categorías de riesgo que deben considerar los planos reguladores.
Las actuales cuatro zonas de riesgo (inundables, propensas a aluviones, de peligro volcánico y con riesgos generados por actividad humana) serán aumentadas a ocho, precisa Pablo Contrucci, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu.
Las nuevas son: inundación (desbordes), anegamiento (afloramiento de napas), volcánico, aluviones, fallas geológicas, mala calidad del suelo, inestabilidad del mismo por actividad humana y deterioro por actividades humanas extinguidas (como los relaves).
La ordenanza no prohíbe construir en estas áreas, sino que ordena mitigar el riesgo.
"Las zonas de riesgo son como capas que se superponen a los usos de suelo establecidos en los planos reguladores", explica Contrucci.
-¿Y qué manda?
"El área de riesgo, que dice que ahí se podría construir vivienda, pero se tiene que demostrar que hay un proyecto de mitigación".
El jefe de división del Minvu reconoce que, a cinco años del 27-F, aún hay trabajo pendiente esta materia. Argumenta que hacer un plan regulador es lento -en promedio tarda siete años- y que por la diversidad de recursos y capacidades de los 352 municipios del país hay un gran abanico de casos: desde comunas que nunca lo han tenido hasta otras que acaban de actualizarlo.
En las comunas afectadas por las últimas marejadas creen que hay que ir más allá.
El alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, por ejemplo, plantea regular los materiales con los que se construye en el borde costero (como el espesor del vidrio), el tipo de servicio que se puede instalar y la existencia de planes de evacuación. Además, pide una mayor coordinación entre las distintas instituciones vinculadas (como el Ministerio de Defensa, del cual depende la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero), "porque el centralismo de nuestro país hace que las concesiones de playa deben ser necesariamente tramitadas en Santiago".
En Concón, su colega Óscar Sumonte adelanta que están en vías de modificar el plan regulador comunal y que el concejo municipal ya acordó "que no se acepta ninguna construcción más en todo el borde costero, sea terreno fiscal o privado". Las razones no solo son de...
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