No podemos fallar - 21 de Febrero de 2016 - El Mercurio - Noticias - VLEX 593985566

No podemos fallar

En su conjunto, Latinoamérica reúne más de 10 mil instituciones de educación superior -de las cuales alrededor de 3.500 se denominan universidades-, y aproximadamente unos 25 millones de estudiantes. Cada año se gradúan 2 millones de profesionales y técnicos superiores.

La diversidad organizacional de estos sistemas parece infinita. Aun entre las instituciones llamadas universidades hay una enorme variedad: universidades estatales, privadas subsidiadas por el Estado y privadas que viven de su propio presupuesto; cada una posee su propia misión, proyecto estratégico, trayectoria histórica, identidad y grado distintivo de prestigio. Unas poseen un carácter académico sofisticado y se focalizan en la investigación y la enseñanza de posgrado; la mayoría, en cambio, son exclusivamente docentes de pregrado con distintos niveles de densidad cultural. También la educación terciaria técnico-profesional varía en importancia y complejidad organizacional. Es fuerte en Chile y Colombia, por ejemplo, pero casi inexistente en Brasil y posee un débil desarrollo en Argentina.

En suma, el desenvolvimiento de los sistemas nacionales sigue patrones distintivos en cada país. Con todo, una rápida revisión de las políticas aplicadas permite observar algunas tendencias comunes.

Primero, la delegación por parte de los gobiernos -por acción u omisión- de la responsabilidad sobre la masificación de la matrícula en el sector de provisión privada y el mercado. Es notablemente el caso de Chile, Brasil, Perú, República Dominicana y Colombia. En el extremo opuesto, con un bajo grado de delegación privada, se encuentran Cuba, Argentina y Uruguay. Como resultado, la mitad de la matrícula latinoamericana corresponde a oferta privada. De esta, un 50 por ciento pertenece a organizaciones con fines de lucro.

Segundo, y en parte como reacción frente a la anterior tendencia y la consiguiente heterogénea diversificación de la provisión, los gobiernos instituyen mayores regulaciones y adoptan procedimientos para evaluar y acreditar la oferta. Los casos más comentados -por su vigor y riesgos para la autonomía institucional- son Ecuador y Perú. Debates en esa dirección existen también en Chile, Colombia, Costa Rica y otros países de la región.

Tercero, una demanda en aumento de financiamiento para cubrir los costos de la expansión y la necesaria inversión en infraestructura, equipamiento e investigación. Como resultado, financiamiento público y privado se complementan. A su vez, los...

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