Mundo político y académico urge solución para alumnos tras dictamen de la Contraloría
Temas no faltaban. En la reunión del Consejo de Rectores (CRUCh) realizada ayer en Temuco debían abordarse los cambios a los ramos de 3º y 4º medio y la necesidad de potenciar el deporte. Pero quienes participaron en el encuentro dicen que las consecuencias del dictamen de Contraloría acerca de la gratuidad comenzaron temprano y no pararon.El ente fiscalizador zanjó, ante una consulta del Mineduc, que las universidades podrán cobrar el arancel regulado completo a los alumnos que tenían gratuidad y la perdieron por atrasarse en su carrera. Esto, ya que la Ley de Presupuestos de este año no consideró la aplicación del artículo 108 de la reforma a la educación superior, que establece la opción de que estos jóvenes puedan acogerse a una rebaja.Hasta ahora, las instituciones les cobraban hasta la mitad de la mensualidad, pero ahora el cambio les afecta directamente en los pagos que realizan.En la reunión también estaba el jefe de Educación Superior (Divesup), Juan Eduardo Vargas, quien consultó al ministerio -que atendía otra urgencia y negociaba con el Colegio de Profesores- cómo procederían.Cifras preliminares del Mineduc estimaron en marzo que cerca de 27 mil jóvenes perderían el beneficio por este motivo, y hasta la fecha, el CRUCh ha contado unos 11 mil casos. El año pasado, cuando el Consejo alertó sobre las dificultades financieras que les traería hacerse cargo de la mitad del arancel, se proyectó que 18.125 jóvenes no podrían titularse a tiempo. Una situación que afectaría, sobre todo, a la U. de Santiago, la U. de Chile y la U. del Bío-Bío.¿Quién responde?"El error es del Mineduc y la Dirección de Presupuestos", afirma el rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, quien añade que ahora corresponde "que el Gobierno rectifique y evite este perjuicio que les está causando a las instituciones, porque se trata de un gravamen injusto, un empobrecimiento sin causa para las universidades".Ante este cambio, enfatiza, el costo no puede ser asumido por los alumnos: "La responsabilidad no es de los estudiantes ni de las universidades".Carlos Peña, rector de la U. Diego Portales, sostiene que la decisión de Contraloría "prueba que, durante este año, el sistema universitario ha estado preso de un error de grandes proporciones, que perjudica a los estudiantes y las instituciones y que es imprescindible remediar".Existió una "interpretación porfiada", dice Peña y "lo correcto y eficiente -estoy seguro de que todos estarán de acuerdo- es que el coste de este error recaiga en quien lo cometió: el Estado".Con todo, la sensación entre los directivos es que están contra el tiempo. "No podemos seguir esperando, ya estamos a mitad de año", asegura Ignacio Sánchez, rector de la UC, quien dice que modificar abruptamente los cobros a los estudiantes no sería apropiado.Óscar Galindo, rector de la U. Austral, asegura que los alumnos "deben tener tranquilidad, en el sentido de que ellos ya suscribieron sus pagarés y contratos, que bajo ninguna circunstancia deberían ser modificados".Y si bien...
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