Muerte de condenado por crimen de parcelero genera debate y tensión en La Araucanía
La muerte de Marileo el sábado, durante un frustrado asalto al fundo "El Encino" de Los Sauces, Región de La Araucanía, reabrió esta polémica. Luego de ingresar al predio, junto con un grupo de encapuchados, se enfrentó con el ex oficial de Carabineros Ignacio Gallegos. En el episodio murió otro atacante, Patricio González, también con antecedentes policiales por diversos delitos (ver nota relacionada)
Como "una vergüenza" calificó el senador de RN Alberto Espina los criterios con los que se asignan los beneficios carcelarios. "Este sistema es inaceptable, porque favorece a los delincuentes y desprotege a las víctimas", recalcó.
El parlamentario recordó que existe un proyecto de ley que modifica el sistema de otorgamiento de estos beneficios. "Esta iniciativa fue aprobada en el Senado, pero luego quedó totalmente distorsionada en la Cámara de Diputados, porque primó una visión de izquierda y de populismo, que también tenemos en la derecha. Ahora está en tercer trámite legislativo y el Gobierno nunca le ha dado urgencia. Este proyecto debería haber resuelto esto hace un año atrás", indicó.
Espina respaldó el actuar de Ignacio Gallegos. En el intercambio de disparos, Gallegos recibió una bala en un brazo . "Lo que él hizo fue defenderse de un ataque brutal", dijo Espina, quien avala la tesis del fiscal de Alta Complejidad Luis Torres, quien el sábado planteó que "eventualmente hay una legítima defensa", lo que, dijo, debe ser corroborado con informes policiales.
Espina aseveró que Gallegos "tenía toda la razón, en virtud de la Ley de Legítima Defensa, de la cual soy autor, de haberse defendido y disparar".
El diputado independiente Rojo Edwards (ex RN) repudió que "se otorguen beneficios a personas que han cometido actos terroristas, asesinatos a sangre fría. Él cometió un delito grave y merecía una sanción sin beneficios".
Carmen Roa, viuda del parcelero Héctor Gallardo, asesinado en septiembre de 2012, recordó que, otorgada la libertad a Marileo, envió una queja a Gendarmería y solicitó un pronunciamiento de la Contraloría. "Todavía no hemos recibido ninguna respuesta", indicó.
Pese a la muerte de Marileo, Carmen Roa dijo que "insistiremos en que no se sigan otorgando beneficios a personas que son un peligro para la sociedad".
Roa agregó que "no puede ser, como lo están planteando algunas comunidades, que Marileo sea visto como un mártir. Su prontuario nosotros lo conocíamos y ahora ha salido a la luz pública. Incluso, si hubiera completado...
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