Modifica los textos legales que indica para promover la inversión.
| Fecha | 15 Enero 2014 |
| Fecha de registro | 15 Enero 2014 |
| Número de Iniciativa | 9236-03 |
| Etapa | Archivado |
| Materia | INVERSIONES |
| Cámara Legislativa de Origen | Mensaje,Cámara de Diputados |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS TEXTOS LEGALES QUE INDICA PARA PROMOVER LA INVERSIÓN.
SANTIAGO, 20 de diciembre de 2013.-
MENSAJE Nº 145-361/
Honorable Cámara de Diputados:
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADOS.
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto modificar los textos legales que indica.
I. ANTECEDENTES
1. Fundamentos de la iniciativa
En los últimos años, Chile ha hecho grandes avances para retomar su capacidad de crecimiento económico. Nuestro país ha crecido durante los últimos tres años, en promedio al 5,8% anual, superando ampliamente el crecimiento del trienio anterior y los índices de crecimiento de América Latina y del mundo en el mismo período, logrando el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita del país ha aumentado desde los US$ 15 mil en el año 2009, a cerca de los US$20 mil en el año 2012. Asimismo, desde el año 2010 a la fecha, en el país se han creado más de 830.000 empleos, y la tasa de desempleo alcanzó un 6,5% en el año 2012, niveles cercanos al “pleno empleo”. Finalmente, en el período 2010-2011, la inversión creció a un ritmo real promedio de 15,9%, mostrando una mejora en relación a la tasa de 5,2% registrada en el período 2006-2009.
Como Nación, nos hemos impuesto la ambiciosa meta de alcanzar el desarrollo económico a fines de esta década, y para conseguirlo, requerimos sostener en el tiempo la capacidad de crecimiento a niveles elevados. Para ello, incrementar la tasa de inversión desde el 24% del PIB actual, a un 28% del PIB es esencial.
Hoy existe un alto número de proyectos de inversión en carpeta. Según el Catastro de la Corporación de Bienes de Capital, a septiembre del 2012, para el quinquenio 2012 – 2016 existen casi 700 proyectos en carpeta que comprenden una inversión equivalente a US$ 122 mil millones. De ellos, los proyectos mineros y energéticos son los más relevantes en términos de montos de inversión.
Sin embargo, un gran porcentaje de estas iniciativas sufre las consecuencias de un sistema caracterizado por la existencia de trabas regulatorias, procedimientos burocráticos, incertidumbre jurídica y aumento de la judicialización que, en términos generales, dificultan la aprobación, implementación y puesta en marcha de estos proyectos, prolongando los plazos y elevando sus costos de implementación más allá de lo previsto por sus promotores e incluso, en algunos casos, revirtiendo la intención de inversión, todas situaciones que perjudican en definitiva al país.
Si los proyectos de inversión se atrasan o no se concretan, se atrasa asimismo el crecimiento y por tanto el empleo. Cobra aun mayor relevancia el retraso o la no ejecución de los proyectos de inversión si los proyectos en cuestión son proyectos energéticos en las circunstancias actuales del alto costo de energía que enfrenta Chile.
En efecto, se estima que las tarifas eléctricas en nuestro país son particularmente altas, aproximadamente 50% más altas que el promedio de las tarifas de los países de la OECD. El alto costo de la energía, resta competitividad a la economía chilena, impacta fuertemente en el resto de los sectores productivos y dificulta nuestra posibilidad de competir con otros países exportadores.
Es, por tanto, fundamental mantener el clima propicio a la inversión, dar la mayor certeza jurídica posible para que se ejecuten los proyectos y mantener así el círculo virtuoso del crecimiento.
2. Diagnóstico de la situación actual de Chile
Contamos con un ordenamiento jurídico que puede ser perfeccionado con el objetivo de equilibrar debidamente la certeza jurídica que éste provee, con la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia para nuestro país. En este sentido, es necesario corregir ciertos aspectos específicos de nuestro ordenamiento jurídico, que en grados distintos, inciden en el resultado final de aquellas iniciativas de inversión que propenden a un justo y sostenido crecimiento nacional. Dentro de los principales problemas identificados, se encuentran:
1) Excesivos plazos y costos de tramitación. De acuerdo al Catastro de Bienes de Capital de la Corporación de Desarrollo Tecnológico y Bienes de Capital (CBC), de septiembre de 2011, que contempla los proyectos en carpeta mayores a 100 millones de dólares, el tiempo promedio de retraso en el inicio de la construcción y operación de proyectos, particularmente del sector minero y energético, fluctúa entre 25 a 38 meses. El estudio de la Universidad de Chile “Análisis de Casos de Recursos Administrativos y Judiciales relacionados con la Tramitación de Permisos para Proyectos del Sector Eléctrico y sus Efectos en la Inversiones del Sector Energía” (diciembre 2011), que analizó 13 proyectos relevantes, estimó que el costo, consecuencia del retraso por un año que éstos puedan sufrir, alcanzaría desde 30 a 350 millones de dólares dependiendo de la envergadura del proyecto.
Asimismo, la exigencia de contar con múltiples y muchas veces secuenciales permisos que, a su vez, tienen altos tiempos de tramitación, es sin duda, una de las principales trabas transversales a los diversos sectores económicos. A modo de ejemplo, un estudio del Ministerio de Energía del año 2010, dio cuenta de que un proyecto eléctrico debe obtener 56 tipos de permisos, de aproximadamente 17 instituciones distintas, procedimiento que tiene un costo promedio de aproximadamente 7 millones de dólares. Se estima que finalmente un proyecto puede llegar a tener que tramitar más de 300 permisos individuales.
2) Alta judicialización. Durante los últimos años ha quedado de manifiesto la creciente tendencia hacia la judicialización de los actos administrativos de la autoridad ambiental, así como el rol cada vez más activo de nuestros Tribunales Superiores de Justicia en el control de éstos. Según la información publicada el estudio de la Universidad de Chile, ya citado, del análisis de trece proyectos eléctricos –los más relevantes de los últimos años– se informa que se verificaron 37 recursos judiciales y 52 administrativos en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por su parte el Ministerio de Medio Ambiente informó que en los años 2009 y 2010, se tramitaron 11 y 10 recursos de protección respectivamente contra resoluciones de calificación ambiental. Sin embargo, este número subió a 29 recursos de protección tramitados durante el 2011. Cabe destacar que el sector energético es aquel que lidera el mayor nivel de litigiosidad.
En muchos casos, la judicialización de los proyectos se produce por la existencia de vacíos legales que dejan espacios de discrecionalidad administrativa en la ponderación, implementación y ejecución de las normas, la que posteriormente es cuestionada judicialmente, en el marco del ejercicio de acciones que nuestro ordenamiento jurídico establece para ello. De lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de disminuir, en lo que sea jurídicamente posible, aquella discrecionalidad administrativa que pudiere trasuntar en su cuestionamiento ante sede judicial, por parte de quien se sienta afectado. Lo anterior resulta imperioso, ya que de no corregirse, se acrecentaría la incertidumbre y los costos adicionales que ello conlleva, tanto para la Administración en la defensa de la legalidad de sus actos, como para los titulares de los proyectos de inversión, toda vez que un marco jurídico perfeccionado, más claro y con bajo nivel de discrecionalidad, también incide positivamente en el ciudadano que legítimamente busca cautelar sus derechos frente a un proyecto productivo.
3) Incertidumbre Jurídica. Al analizar nuestro ordenamiento jurídico es posible observar la existencia de sectores en donde la ley deja espacios abiertos para una alta discrecionalidad y ambigüedades en la aplicación e interpretación de las normas. Adicionalmente, existen muchos procedimientos cuya tramitación no se encuentra suficientemente reglamentada. Se hace necesario asegurar la aplicación de la ley de acuerdo con su espíritu, evitando espacios indefinidos que permitan interpretaciones variables e inciertas, velando en todo momento por el resguardo del debido proceso y, en especial, de las garantías constitucionales que pudieren verse afectadas. Es indispensable, por tanto, perfeccionar y aclarar ciertas normas para dar mayor certidumbre en su aplicación y efecto, propendiendo de esta manera a la debida estabilidad de nuestro ordenamiento, ya que un sucesivo cambio “en las reglas del juego”, fundado en situaciones y actuaciones particulares a cada caso, desalienta a los inversionistas, perjudica gravemente nuestra...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba