Modifica la ley N°20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, para establecer el deber de informar respecto del financiamiento y aportes recibidos de privados
| Número de Iniciativa | 16063-06 |
| Fecha de registro | 03 Julio 2023 |
| Etapa | Primer trámite constitucional (C.Diputados) Primer informe de comisión de Gobierno Interior Nacionalidad Ciudadanía y Regionalización |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Moción |
| Autor de la iniciativa | Brito Hasbún, Jorge, Giordano Salazar, Andrés, Mix Jiménez, Claudia, Morales Alvarado, Javiera, Ñanco Vásquez, Ericka, Orsini Pascal, Maite, Rojas Valderrama, Camila, Sáez Quiroz, Jaime, Veloso Ávila, Consuelo |
Proyecto de Ley que moderniza la Ley 20.500 sobre asociaciones y
participación ciudadana en la gestión pública.
I. Fundamentos
El objetivo consiste en incrementar los estándares de transparencia en cuanto a la
organización y financiamiento de las personas jurídicas de derecho privado, tanto
asociaciones (corporaciones) y fundaciones sin fines de lucro, las cuales se definen
de la siguiente manera en el artículo 545 inciso tercero del Código Civil: “Una
asociación se forma por una reunión de personas en torno a objetivos de interés
común a los asociados. Una fundación, mediante la afectación de bienes a un fin
determinado de interés general”.
Considerando lo anterior, es que la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación
ciudadana en la gestión pública, y la Ley 20.285 sobre acceso a la información
pública, toman relevancia en esta materia. Esta vinculación es importante porque
permite avanzar hacia una legislación fortalecida en materia de transparencia, así,
los órganos encargados de la fiscalización serán dotados de las herramientas
necesarias para efectuar de forma eficaz su labor, a fin de, controlar los fondos
estatales asignados a entidades privadas, de la misma forma en que se procede con
el sector público.
Existe amplio consenso en la necesidad de avanzar en la modernización de los
estándares de probidad y transparencia de la gestión pública, sin embargo, al
momento de ejecutar políticas públicas, interactúan organizaciones privadas que
están fuera de la competencia de la Ley 20.285, aún cuando estas reciben
financiamiento del Estado. Lo anterior ha permitido la ocurrencia de situaciones
irregulares, ya que, al ejecutar estas políticas por organizaciones privadas que no
cuentan con los deberes de publicidad y transparencia, los controles resultan
escasos y ex post, es decir, posterior a la ocurrencia de hechos irregulares o que
podrían ser constitutivos de delitos. Actualmente existen denuncias en fiscalía que el
Ministerio Público se encuentra investigando, por tanto, es primordial que la
03-07-2023
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