Modifica la ley N°19.175 orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y la ley N°18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de eliminar las inhabilidades que indica para postular a los cargos de elección popular regulados en ellas - Proyectos de Ley - Iniciativas legislativas - VLEX 914509018

Modifica la ley N°19.175 orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y la ley N°18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de eliminar las inhabilidades que indica para postular a los cargos de elección popular regulados en ellas

Fecha19 Junio 2019
Número de Iniciativa12728-07
Fecha de registro19 Junio 2019
Autor de la iniciativaAuth Stewart, Pepe, Carvajal Ambiado, Loreto, Kort Garriga, Issa Farid, Macaya Danús, Javier, Monsalve Benavides, Manuel, Núñez Urrutia, Paulina, Silber Romo, Gabriel, Undurraga Gazitúa, Francisco
MateriaCARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, INHABILIDADES
Cámara Legislativa de OrigenMoción,Cámara de Diputados
EtapaPrimer trámite constitucional (C.Diputados) Primer informe de comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Tipo de proyectoProyecto de ley

Modifica la ley N°19.175 orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, con el objeto de eliminar las inhabilidades que indica para postular a los cargos de elección popular regulados en ellas


Boletín N° 12728-07


El Estado chileno en la última década ha dado pasos trascendentes en materia de perfeccionamiento al sistema electoral, con la Ley de Primarias, en materia de participación de las mujeres en la política al establecer cuotas mínimas de género a los partidos y pactos que participen de elecciones plurinominales, en el establecimiento de mejoras sustantivas a las normas que regulan la probidad, en la promoción de la transparencia en el ejercicio de la función pública y, por último, nuestro sistema electoral dio el paso más trascendente al establecer el principio de proporcionalidad en la elección de los integrantes del Congreso de la República, reduciendo con ello la enorme desigualdad de representación derivada de la configuración de los distritos en 1989 y del sistema Binominal que subrepresentaba la diversidad social y política chilena.


En esta década que termina se generaron las mayorías necesarias para recoger la voluntad mayoritaria de la población, introduciendo cambios al sistema electoral en su conjunto, incluido su financiamiento, para así tener una democracia más robusta, más representativa, transparente y menos permeable a la corrupción.

Éste fue el resultado de prolongados debates políticos y legislativos, en algunos casos de más de 20 años, como el cambio al Binominal, procesos en que el Congreso Nacional promovió de manera sistemática el perfeccionamiento de nuestras instituciones políticas.


Sin embargo, la realidad que nos demuestran todos los estudios es que a pesar de todos los esfuerzos realizados y mejoras introducidas en el sistema, la sociedad chilena se encuentra igualmente insatisfecha con el estado actual de la democracia, con el funcionamiento de sus partidos políticos, con el comportamiento de sus autoridades locales y especialmente con el desempeño del Congreso Nacional, que es una de las instituciones peor evaluadas por la gran mayoría de los chilenos.


Por esa razón, el aumento del padrón electoral generado a través de la Ley 20.568 de 2012, que estableció un sistema de incorporación obligatoria al padrón y la reforma constitucional previa que estableció el voto voluntario, no ha significado una mayor participación ni motivación de la ciudadanía a participar de los procesos electorales.




Ello nos demuestra que existe una importante brecha entre los ciudadanos y sus instituciones representativas, entre los chilenos y la política, por lo que se requiere que busquemos caminos que permitan a la institucionalidad democrática motivar en mayor medida la participación de los ciudadanos en los procesos electorales. Las normas que hemos aprobado en la última década, centradas en fortalecer la institucionalidad política, como la nueva normativa de campaña y de financiamiento, junto a las duras sanciones que aprobamos para quienes vulneren estas normas, no han sido suficientes para detener ni mucho menos revertir la tendencia sostenida de pérdida de prestigio y legitimidad ciudadana de la democracia representativa en Chile, que se expresa con fuerza en la baja participación electoral.


Por esa razón pensamos que junto con seguir introduciendo mejoras al sistema institucional, para fortalecer la democracia, debemos perfeccionar las normas y principios que motiven la participación de los ciudadanos en el proceso democrático. Una cuestión que consideramos fundamental en este ámbito es generar normas que permitan una mayor competitividad en el proceso eleccionario, derribando inhabilidades y trabas actualmente existentes para que diversos actores relevantes puedan presentarse como candidatos.


La baja participación y poca motivación de los electores, requiere que los distintos partidos y movimientos políticos puedan llevar a cada elección a su mejor plantilla de candidatos posibles, aquellos que tienen mayor respaldo ciudadano, además obviamente, de los independientes que cumplan los requisitos para participar.


Una mayor competencia...

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