Modifica la ley N°18.918, Orgánica constitucional del Congreso Nacional, y el reglamento de la Cámara de Diputados, en materia del deber de asistencia de los parlamentarios a sesiones de Sala y comisiones
| Fecha | 29 Enero 2020 |
| Número de Iniciativa | 13243-07 |
| Fecha de registro | 29 Enero 2020 |
| Autor de la iniciativa | Celis Montt, Andrés |
| Cámara Legislativa de Origen | Moción,Cámara de Diputados |
| Etapa | Primer trámite constitucional (C.Diputados) Primer informe de comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
Modifica la ley N°18.918, Orgánica constitucional del Congreso Nacional, y el reglamento de la Cámara de Diputados, en materia del deber de asistencia de los parlamentarios a sesiones de Sala y comisiones
Boletín N° 13243-07
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
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El día 18 de octubre de 2019, estalló en Chile un conflicto social de proporciones extraordinarias y desconocidas. El detonante de éste, fue el alza en el pasaje de metro de Santiago. Así, a 12 años del lanzamiento del Transantiago, creado con la promesa de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin subsidios estatales, no ha logrado cumplir su cometido. A lo largo de estos años, han existido una serie de reestructuraciones, reasignación de recorridos, medidas de contingencia e inyecciones millonarias de inversión, que no han logrado responder de manera eficiente al gran flujo de personas que viaja diariamente dentro de la ciudad de Santiago. Pese a todos estos problemas, un reciente estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago, establece que su precio es caro. Así, de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.
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El alza en el precio del metro, con los problemas estructurales de éste, generó la molestia de miles de ciudadanos y un descontento generalizado que -tal como se dijo- dio paso a una profunda crisis social, que se ha mantenido hasta el día de hoy.
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Sin embargo, el incremento en el precio del metro fue sólo la punta del iceberg, pues los petitorios sociales son de distinto orden, no sólo referidos al transporte y por cierto, no solamente radicados en Santiago. En todo Chile, se alzaron voces para pedir cambios radicales en cuanto a las políticas públicas de redistribución de la riqueza, a la desigualdad e injusticia económica y social. También, en el ámbito laboral, educacional y previsional; entre otros.
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Pues bien, la crisis social que hemos conocido estas últimas semanas y que se detonó por los factores ya referidos ha dado paso a diversas manifestaciones, algunas de las cuales han sido pacíficas y otras han adquirido ribetes muy violentos que han alterado gravemente el orden público.
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En efecto, el orden público ha sido trastocado a tal nivel que el Presidente de la República debió invocar el Estado de Excepción Constitucional y se decretaron toques de queda en diversas regiones del país, prolongándose éstas por varios días, cuestión que hace más de 30 años no se había conocido.
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Estamos ante un conflicto inesperado, pues de acuerdo al Estudio denominado “La Protesta Social en América Latina”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2012, en términos cuantitativos, Latinoamérica se confirma como una región con una conflictividad intensa. Entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, el conflictograma detectó 2.318 conflictos, con un promedio de 193 por mes, y 4.724 episodios conflictivos… En términos generales, los países que registran el número más alto de conflictos (superior a los 200) son Bolivia, Perú y Argentina. Los países menos conflictivos de la región son Costa Rica, Chile y El Salvador (con un promedio de 59 conflictos).1
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En este contexto, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera E. ha adoptado de forma urgente una agenda social, tendiente a paliar las necesidades que chilenas y chilenos reclaman de manera imperiosa. Hoy Chile cambió y se convirtió en uno de los países que registra el mayor conflicto social de América en el último tiempo.
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En este contexto, y habiendo transcurrido casi un mes del estallido social, las manifestaciones se han desarrollado en todo el país sin tregua, algunas sin desmanes, pero otras, tal como se ha señalado, han implicado saqueos, incendios, daños a la propiedad pública y privada, etc. Por ello, es que el Gobierno ha debido adoptar medidas urgentes tendientes a reestablecer el orden público y la paz social. Sin perjuicio de adoptar una agenda social acorde a los requerimientos sociales.
La Cámara de Diputados no puede estar ajena a esta realidad. En este sentido, no sólo es indispensable un trabajo riguroso y responsable en el marco del trabajo legislativo inherente a nuestra función parlamentaria, sino que además se requiere tomar medidas en distintas materias de manera tal de propender a la igualdad y, en definitiva, superar la...
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