Modifica la ley N° 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, para exigir publicación de los estados financieros y contables actualizados de las personas jurídicas que regula.
| Fecha | 24 Junio 2015 |
| Número de Iniciativa | 10151-06 |
| Fecha de registro | 24 Junio 2015 |
| Etapa | Archivado |
| Autor de la iniciativa | Barros Montero, Ramón, Hasbún Selume, Gustavo, Hoffmann Opazo, María José, Kast Rist, José Antonio, Macaya Danús, Javier, Melero Abaroa, Patricio, Molina Oliva, Andrea, Nogueira Fernández, Claudia, Urrutia Bonilla, Ignacio, Ward Edwards, Felipe |
| Materia | ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORPORACIONES NO LUCRATIVAS, GESTIÓN PÚBLICA, PERSONAS JURÍDICAS |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Moción |
Modifica la ley N° 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, para exigir publicación de los estados financieros y contables actualizados de las personas jurídicas que regula.
Boletín N°10151-06
I.- IDEAS GENERALES.
Los sucesivos casos acerca de irregularidades existentes en el mundo político y empresarial han suscitado en la ciudadanía una profunda desconfianza en el mundo político. Esta desconfianza, si bien es cierto, existía en la sociedad, no es menos cierto que el estallido de éstos escándalos erosionó de un modo importante la relación entre el mundo político y el ciudadano. Junto con lo anterior la existencia de “dudosos” contratos entre las entidades estatales como CODELCO y diversas corporaciones o fundaciones con o sin fines de lucro vinculadas al oficialismo, ha despertado en nuestro país un razonable descontento, razón por la cual se requieren marcos regulatorios nuevos que de alguna manera transparenten las relaciones entre el poder político y el mundo privado.
El paquete de medidas, plasmadas en proyectos de ley que S.E. la Presidenta de la República ha anunciado, constituye (esperamos) el comienzo de un nuevo trato, con la finalidad ulterior de otorgarle a la política esa estatura de autoridad y legitimidad social siempre necesaria en un país democrático.
Con todo, hay un punto que a nuestro parecer es menester detenerse, y este es el caso de las diversas corporaciones o fundaciones quienes sin lugar a dudas, también han quedado en tela de juicio, situación que evidentemente no es beneficiosa para el correcto desenvolvimiento y credibilidad de estas entidades en los círculos sociales y financieros. En efecto, este clima de desconfianza también ha alcanzado a éstas, cuestionándose si el financiamiento recibido por algún centro de estudios u ONG pudiera haber sido canalizado para el financiamiento irregular de alguna campaña política.
En materia de fiscalizaciones de Corporaciones y Fundaciones la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública de 2011 reformó el antiguo sistema de concesión y fiscalización por parte del Ministerio de Justicia que regía a estas entidades y en su reemplazo se erigió un sistema registral, el...
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