Modifica ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.
| Fecha | 10 Junio 2008 |
| Número de Iniciativa | 5911-06 |
| Fecha de registro | 10 Junio 2008 |
| Etapa | Primer trámite constitucional (Senado) Primer informe de comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización |
| Materia | GASTO ELECTORAL |
| Autor de la iniciativa | Navarro Brain, Alejandro |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Senado,Moción |
PROYECTO DE LEY QUE APLICA INHABILIDADES DE ASUMIR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR A QUIENES VULNEREN LA LEY DE GASTO ELECTORAL
I. FAIR PLAY Y FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA:
Fair play o juego limpio es un concepto ya explorado en la reflexión política. Desde Uruguay, Oscar Botinelli nos señala que: “Los sistemas políticos pueden operar de distinta manera en cuanto a la relación entre sus componentes, particularmente la existente entre el gobierno y la oposición. Un breve paneo de países con regímenes democrático-liberales permite observar desde fuertes polarizaciones hasta situaciones de alta consensualidad, regímenes de clara e inequívoca distinción de roles entre gobierno y oposición y otros donde los papeles tienden a confundirse, y algunos que aunque la función de gobierno y la de oposición sean nítidas, presentan diferencias en el grado de tolerancia o intolerancia entre unos y otros, en el grado de limpieza o brusquedad del juego”1.
Uno de los rasgos del fair play es la paridad en el gasto electoral. Arrasar con recursos una candidatura ajena es casi como abusar de una posición monopólica, barrer con el más débil, y finalmente, sólo quienes cuentan con más dinero y apoyo podrán representar al pueblo.
El financiamiento de la actividad política es una cuestión difícil de abordar entre nosotros. La tradicional parquedad de la regulación constitucional y legal de los partidos políticos había puesto en un área más bien nebulosa la forma en que los partidos obtienen el financiamiento que les permite el desarrollo de sus actividades y, especialmente, la forma en que se financian los abultados gastos que deben soportar en los períodos de campaña electoral.
Incluso más, la norma constitucional del artículo 19 N° 15, en su única referencia al financiamiento de la política, entraña un mandato al control del gasto electoral de fuentes de origen extranjero. La única manera de configurar tal mandato es a través de un sistema de control y transparencia de todo el gasto electoral, que ya se implementó en la Ley de Gasto Electoral.
Es indudable, sin embargo, que la actividad política en Chile encuentra los recursos económicos necesarios en el mundo privado, lo que supone la existencia de complejas relaciones entre la política y el dinero que, como hemos dicho, es decisión de mi gobierno regular.
Debemos, entonces, preguntarnos cuáles son las relaciones entre el dinero y la política que es conveniente permitir y regular y cuáles, por el contrario, deben ser prohibidas y sancionadas por el ordenamiento jurídico.
La respuesta no es fácil. Como señala Jorge Claissac Schnacke:
“La forma en que se materialice la relación entre el dinero y la política no es una cuestión intrascendente, que pueda ser entregada exclusivamente a la libertad del mercado o a la conciencia de los ciudadanos. Por el contrario, la constatación de que el financiamiento de la actividad política se ha consolidado como la principal fuente de corrupción de los sistemas políticos obliga a re-gular la injerencia del dinero en la generación del poder político, de manera de evitar el avance de figuras típicas de extorsión o soborno que degradan en forma definitiva la democracia y la legitimidad de sus instituciones. Es indispensable, en consecuencia, procurar las condiciones que permitan mantener relaciones aceptables entre la riqueza privada y el poder público, porque de ella depende la forma en que se desenvolverá la actividad política y la manera en que se resguardará la integridad del sistema político.
La libertad política justifica, sin lugar a dudas, el derecho de los ciudadanos a contri-buir al financiamiento de aquellas opciones políticas o ideológicas que sean de su preferencia, derecho que debe ser protegido y fomentado por la institucionalidad democrática. Pero esa misma libertad impone la obligación de regular la forma en que este derecho se ejerce, de manera que no se transforme en una fuerza externa al proceso de confrontación política, que de-termine la formación de la opinión política en forma indebida.
La historia se ha encargado de demostrar-nos la directa vinculación que existe entre el dinero y la corrupción política. Desde los primeros tiempos de la democracia, el rico ha estado en condiciones de "comprar" la conciencia del pobre, antes en forma directa y desvergonzada, o en forma más o menos sutil en la actualidad. Porque, en definitiva, aquellas formas de cohecho consistentes en el pago de cierta cantidad de dinero una vez emitido el sufragio, han sido reemplazadas por otras en que lo que se paga aparece disfrazado de asistencialidad, tal como ocurre con el pago de cuentas de ser-vicios básicos o el regalo de especies de la más variada índole, entre otras.
Entonces, resulta claro que, mientras mayores sean los recursos disponibles, más altas son las posibilidades de un candidato de obtener el favor del electorado, muchas veces independientemente de la adscripción ideológica de los ciudadanos y ciertamente del propio candidato. Por lo mismo, mientras mayor sea el gasto electoral total, mayores serán las posibilidades de exponer a la corrupción al sistema político en su conjunto.
El sistema político se resiente gravemente si el sufragio no puede expresarse en forma libre. Pero de mayor gravedad todavía es la relación indebida que se presenta entre el poseedor de la riqueza y los representantes políticos surgidos del sufragio popular. Ningún sistema político democrático podrá mantenerse en el tiempo si carece de legitimidad al fundarse en perversas relaciones de soborno o extorsión, pues ninguna contribución es completamente gratuita. Por el contrario, incluso aquellas más desinteresadas donaciones persiguen la obtención de alguna ventaja personal, al menos moral.
Por ello, es dable sostener que mientras más cuantiosa sea la contribución, mayor será el beneficio que el "inversionista" aspire a obtener y, por lo tanto, más urgente establecer precisas regulaciones”2.
II. EL GASTO ELECTORAL EN EL MUNDO.
Creemos que el lector de este proyecto de ley comprenderá fácilmente las dificultades para medir el gasto electoral en Chile, ligado principalmente a razones de falta de transparencia.
No obstante, proyecciones conservadoras han estimado que el gasto total de las campañas parlamentarias de 1993 alcanzó a unos $15.700 millones de pesos (unos 37,5 millones de dólares de la época). Otras proyecciones han estimado un gasto total para todas las elecciones parlamentarias de 1997 en unos $ 39.000 millones (aproximadamente 84 millones de dólares)3.
Sin duda alguna, las cifras señaladas son demostrativas de un exagerado nivel de gasto electoral, proporcionalmente mayor al que se registra en Estados Unidos o Japón, dos países que presentan los más altos niveles de gastos del mundo.
Se ha calculado que el total de gasto de todas las campañas que se verificaron en los Estados Unidos, desde 1952, ha sido progresiva-mente mayor. En 1952 alcanzó a la suma de US$ 250 millones; para 1976, dicha cifra se elevó moderadamente, alcanzando en esos 24 años unos US$ 600 millones. De ahí en adelante, el aumento del gasto ha sido exorbitante, alcanzando la suma de US$ 1200 millones en 1980 –el doble de la elección anterior-, US$ 2700 millones en 1988 y US$ 3100 millones en 1992. Diversas estimaciones han situado el total de gastos de la campaña de 2000 en una cifra cercana a los US$ 3500 millones4.
Japón ha seguido un derrotero similar. Distintas proyecciones han situado el gasto promedio de las últimas elecciones parlamentarias, tanto de la Dieta como del Senado, en al-rededor de US$ 3000 millones, cada una.
En Gran Bretaña, país que puede estimarse de un moderado nivel de gastos de campaña, se ha estimado que los partidos mayoritarios, con-servadores y laboristas, desembolsaron unos US$ 57,3 millones en la campaña del año 1997. Estimaciones mayores han situado el gasto total en unos US$ 90,3 millones5.
Las conclusiones de estos datos son inquietantes “Los datos anteriores están mostrando una realidad indesmentible. Aun considerando las proyecciones más conservadoras, el nivel de gasto de nuestras elecciones parlamentarias representa un porcentaje mayor de nuestra economía que el gasto de los Estados Unidos (56,5% más sobre el Producto Interno Bruto), y cercano al de Japón, que nos parece muy...
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